Conflicto en puerta: las empresas de colectivos aseguran que los fondos que les envía el Gobierno no alcanzan para pagar el aumento

El conflicto por el salario de los colectiveros parece no tener solución y recientemente las empresas del sector le advirtieron al Gobierno que el subsidio que reciben por parte del Estado no es suficiente como para poder hacer frente al último aumento prometido por las autoridades nacionales, por lo que anticiparon que no van a pagar el incremento, lo que podría desencadenar una protesta gremial.

La situación se genera apenas unos días después del paro frustrado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estaba previsto para el martes pasado y fue suspendido a último momento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras un acuerdo entre el sindicato y los Ministerios de Trabajo y de Transporte.

Sobre el cierre de una extensa reunión de la que participaron todas las partes, las carteras aprobaron la suba salarial retroactiva que reclamaba la UTA y un bono por única vez de 32 mil pesos, además de viáticos diarios para todos los trabajadores del área.

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Según lo negociado, el Gobierno se haría cargo de un porcentaje de ese aumento, pero el resto debía ser afrontado por las empresas, que se retiraron del lugar sin firmar el acta y rechazando el arreglo, al argumentar que no tenían margen financiero para cumplirlo.

Por el lado de las compañías, al encuentro habían asistido representantes de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (A.A.E.T.A.) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A.).

Estas mismas entidades enviaron este jueves una carta a los Ministerios de Transporte y de Trabajo, en la que ratificaron la imposibilidad de asumir la parte del aumento que les corresponde, y aseguraron que el acuerdo alcanzado con la UTA es “ilegítimo y nulo” porque se firmó “en pleno desarrollo de una negociación paritaria” y “por sobre la voluntad de las partes legitimadas para la negociación colectiva”.

“Consentir este procedimiento para concluir con la negociación paritaria, la desvirtúa y coloca a una de las partes de la negociación colectiva, la empleadora, como un elemento meramente decorativo, no solo de ésta, sino de las futuras negociaciones, lo que resultaría intolerable”, consideraron las empresas.

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En este sentido, las compañías remarcaron que “desconocen validez alguna a la norma cuestionada y ya referida, haciéndole saber a la autoridad que, más allá de los recursos administrativos que interpondrán y las acciones judiciales que iniciarán, no reconocerán los salarios que se han intentado imponer al sector de modo arbitrario”.

De esta manera, según confirmaron a Infobae fuentes del sector, aunque el Gobierno les gire en los próximos días los subsidios que prometieron, no van a pagar los aumentos que se acordaron unilaterlamente las autoridades nacionales con el gremio.

“Disponer los nuevos salarios, sin el reconocimiento de la totalidad de los costos no salariales indispensables para llevar a cabo la prestación del servicio público, coloca a las empresas en una peor situación a la paupérrima en que ya se encontraban previamente a esta ilegítima medida”, argumentaron.

Por su parte, los Ministerios ratificaron la validez del incremento y aseguraron que el mismo deberá hacerse efectivo y que si las cámaras no cumplen con esto o realizan algún tipo de medida de fuerza, se verán expuestas a posibles sanciones.

Además, señalaron que el pago de los subsidios es responsabilidad de cada provincia y que, justamente por eta razón, en muchos lugares del país el paro anunciado por la UTA el martes pasado tampoco se cumplió, ya que los Poderes Ejecutivos locales llegaron antes a una solución.

En este sentido, fuentes de ambas carteras señalaron que sigue vigente la norma que establece la posibilidad de suspenderle la licencia a las empresas de colectivo que realicen paros y darle, de forma temporal, el recorrido de las líneas afectadas a otras compañías para garantizar la continuidad del servicio.

Sin embargo, esta sanción solo puede aplicarse en caso de que sea la patronal la que lleve adelante el cese de actividades, aunque si el aumento salarial no se paga, podría ser el propio sindicato el que convoque a un paro.

Por lo pronto, el Gobierno volvió a citar a todas las cámaras del sector que operan en el AMBA a una nueva reunió que se realizará la próxima semana, en la que buscará nuevamente destrabar el conflicto, aunque por lo pronto no hay acercamiento entre las posiciones de las partes involucradas.

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