Por pedido del Gobierno, se volvió a postergar un juicio por usurpación de tierras en Villa Mascardi contra un grupo mapuche

Tras una solicitud enviada desde la Secretaría de Derechos Humanos, el Juzgado Federal de Bariloche suspendió por 90 días el trámite del juicio y los plazos procesales contra integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu

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Viviendas que construyeron los mapuches en los predios usurpados en Villa Mascardi
Viviendas que construyeron los mapuches en los predios usurpados en Villa Mascardi

Tras un pedido elevado por el Gobierno Nacional, el Juzgado Federal de Bariloche volvió a postergar un juicio por usurpación de tierras en Villa Mascardi contra un grupo que se identifica como mapuche.

Según la resolución a la que tuvo acceso El Cordillerano, la justicia suspendió por 90 días el trámite del juicio y los plazos procesales contra integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu luego de los escritos presentados por las defensas y por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Horacio Pietragalla.

La nueva postergación por tres meses fue decidida por el juez federal de General Roca, Hugo Greca, quien tiene a cargo la causa de la usurpación de los predios de Parques Nacionales en Villa Mascardi en 2017.

En octubre pasado un grupo de mujeres integrantes de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que ocupó alrededor de 30 hectáreas en Villa Mascardi, fueron detenidas mientras que los hombres involucrados continúan prófugos.

En el dictamen de este jueves se planteó que se encontró “atendibles y razonables los motivos invocados por las defensas”.

En este marco, el Juzgado resolvió posponer “el inicio del debate oral y público fijado en el marco de esta causa FGR 26511/2017/TO1 por el plazo de noventa (90) días a partir del día de la fecha, suspendiéndose en ese término y en razón de lo solicitado por las defensas de las imputadas el curso de la acción penal”.

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En la misma resolución, la Justicia determinó que el próximo 27 de febrero a las 10, el magistrado a cargo visitará “el lugar actual de alojamiento de las mujeres detenidas” involucradas en esta causa y “requirió la colaboración necesaria a la Unidad Regional V de la Patagonia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para la custodia de los funcionarios que intervengan de la misma”.

Horacio Pietragalla y Alberto Fernández (Foto: Télam)
Horacio Pietragalla y Alberto Fernández (Foto: Télam)

Tras el pedido del Gobierno -que avaló la Justicia- este viernes Pietragalla se reunirá en Bariloche con representantes de comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén, en el marco de la Mesa de Dialogo convocada por el presidente Alberto Fernández, el pasado 14 de diciembre en la Casa Rosada.

Según informó la Secretaría de Derechos Humanos, “participarán también el vocero del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo; el grupo de veedores pertenecientes a organismos de DDHH; representantes del INAI, del Ministerio de Mujeres y de Seguridad, y Parques Nacionales; junto con autoridades provinciales, municipales y universitarias”.

“Más tarde, el secretario también mantendrá una reunión con los integrantes de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, tal como se acordó en la última reunión realizada en enero en la Ciudad de Buenos Aires, para trabajar de forma conjunta”, precisó el Gobierno.

En tanto, a través de sus redes sociales, Pietragalla manifestó que se reunirá mañana con representantes de comunidades mapuches y vecinos de Villa Mascardi “en busca de una resolución pacífica del conflicto”.

A horas del encuentro, la junta vecinal de Villa Mascardi publicó un comunicado en el que indicaron: “Esperamos que las autoridades estén a la altura de las circunstancias que la realidad exige y actúen con total apego a la Constitución Nacional y a las demás leyes vigentes que deben regir en cualquier Estado de derecho”.

De esta forma los vecinos de la zona le advirtieron al Gobierno Nacional que debe tener en cuenta “el respeto a la propiedad pública y privada”, así como “el sometimiento del Estado a las leyes vigentes y a los causes institucionales y procedimientos correspondientes”.

Además de plantear que haya reparaciones e indemnizaciones a las víctimas de los robos, usurpaciones e incendios, exigieron que en los procesos judiciales en trámite no debe haber “interferencia del poder político”.

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