En medio de la pelea entre el oficialismo y la oposición por los fondos de coparticipación, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que presentó “una denuncia penal” contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, por “los hechos que son de público conocimiento”.
Tal como el mismo mandatario provincial había anticipado más temprano durante una entrevista radial, en la que también dijo que no iba a “hacer caso ni acatar un fallo” del máximo tribunal, los acusó de “tráfico de influencias y violación de los deberes como funcionarios públicos”.
Así lo confirmó a través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter este jueves por la noche, después de una jornada marcada por el almuerzo que el presidente Alberto Fernández tuvo en Chapadmalal con Axel Kicillof y varios intendentes y funcionarios bonaerenses, en el que recibió apoyo al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte.
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“Los hechos son de público conocimiento y están referidos a la difusión de mensajes de texto que corresponderían a una conversación llevada a cabo vía telefónica entre los denunciados, cuyo contenido configura conductas prohibidas a su condición de funcionarios públicos”, comenzó diciendo Quintela.
Para el gobernador riojano, esas conversaciones “evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del Ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y persona de su máxima confianza desde hace años”.
“La connivencia entre ambos quedó al descubierto en los chats publicados, demuestran que las resoluciones judiciales y pronunciamientos del Ministro Horacio Rosatti, a través de Robles, desarrollaron operaciones políticas ejecutadas a través de fallos judiciales arbitrarios”, consideró.
En este sentido, remarcó que “la convivencia entre aquel espacio político y la Corte Suprema de Justicia resulta tan evidente como inadmisible en el marco de un Estado de Derecho en el que el Poder Judicial debe guiarse por los principios rectores que hacen a la independencia e imparcialidad judicial”.
“Todos estos principios fueron franqueados abiertamente por el presidente del Alto Tribunal, Rosatti. Los chats publicados por la prensa dejan al desnudo que han existido maniobras coordinadas en la que se negociaron fallos judiciales para beneficiar a dicha alianza política”, agregó.
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Quintela opinó que “esto demuestra cómo el entramado de corrupción forma parte de un sistema de vinculaciones y favores que trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre lo político y el enriquecimiento personal de las partes”.
“El predominio de CABA y en particular del partido PRO, es una construcción jurídico-partidaria concertada entre operadores políticos y jurídicos que confluyen resoluciones judiciales pactadas por fuera del sistema legal y pretende regir las acciones de Gobierno de los poderes”, cuestionó.
Por este motivo, señaló que, como “gobernador del pueblo de La Rioja y argentino”, siempre va “a estar en defensa de los derechos e ideales” de los ciudadanos del país.
“¡Basta de atropello al pueblo argentino! Debemos buscar la federalización genuina, con participación a todas las provincias que la componen, y que cada uno de estos funcionarios autoproclamados se vaya, para que el pueblo argentino pueda volver a confiar en la justicia”, cerró.
Quintela fue uno de los 11 gobernadores que respaldaron la decisión de Alberto Fernández de impulsar el juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte por mal desempeño, en el marco de la disputa por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires.
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