Luego de la cadena nacional de Alberto Fernández para poner en la agenda pública el viaje a Lago Escondido que realizaron un grupo de jueces, fiscales, empresarios de medios, el ministro de Seguridad porteño y hombres vinculados a la inteligencia argentina, el Gobierno formalizó el pedido del Presidente y presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra cuatro magistrados que participaron del vuelo. La presentación la hizo el representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarroz, y alcanza a Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Gabriel Cayssials.
Según el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la acusación es por mal desempeño y advierte que “como jueces federales debieron extremar prudencia”. Además, plantea que el objetivo es “determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”.
“Las circunstancias no pudieron ser desconocidas por los magistrados aquí denunciados que, como jueces federales, deberían haber extremado su deber de prudencia para mantener la equidistancia, la objetividad y, en consecuencia, un estándar de imparcialidad aceptable a la luz del derecho positivo como así aquel que emana de los tratados y convenciones internacionales que versan sobre el deber de imparcialidad de los magistrados, lo que les hubiera permitido mantenerse a resguardo de toda sospecha con relación a su intervención y/o actuación en las causas a su cargo”, describe el texto de la denuncia.
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Uno de los involucrados que quedó expuesto es el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que es quien habría sufrido el hackeo desde donde trascendieron las conversaciones de Telegram en las que los participantes del viaje coordinan una estrategia en común si la situación tomaba estado público. Sucede que el funcionario de Larreta apuntó directamente contra José Glinski, titular de la PSA, y escribió a uno de sus interlocutores: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.
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Más temprano este miércoles, el gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Martín Soria, presentó otra denuncia, en este caso penal, en la fiscalía federal de Bariloche contra los mismos jueces, pero también incluyendo al resto de la comitiva. Allí, a los seis funcionarios se los acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. En cambio, a los otros cuatro se le imputa el ofrecimiento de dádivas por el vuelo privado y el alojamiento en la estancia del magnate británico Joe Lewis.
La medida surge a partir de la filtración del supuesto vuelo que realizaron todos ellos a Lago Escondido, publicado días atrás por el diario Página 12, lo que fue cuestionado por la vicepresidenta Cristina Kirchner el martes último, en la defensa que hizo luego de ser condenada en la causa Vialidad.
Incluso el presidente Alberto Fernández se refirió al tema a través de una cadena nacional en la que anticipó que había instruido al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente este viaje.
“Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas”, sostuvo el jefe de Estado en su mensaje.
En esa oportunidad, el mandatario también anunció que iba a “instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”.
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