La Cámara Federal porteña dijo que la causa de la “Gestapo sindical” debe pasar a Comodoro Py

La Cámara Federal porteña sostuvo este martes que debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 el caso conocido como la “Gestapo-gate”, el expediente que analiza lo sucedido en una reunión en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal en junio de 2017 en donde se habló de una “Gestapo” sindical y de avanzar con denuncias contra Juan Pablo “Pata” Medina, que poco después sería detenido.

Para el tribunal, debe tramitar en conjunto con la causa que nació en Lomas de Zamora sobre el llamado “espionaje macrista”. Es que varios de los ex agentes de la AFI imputados en La Plata ya están investigados en la megacausa del espionaje. Y entre las víctimas que habrían sido espiadas en la cárcel también estaba el “Pata Medina”, eje de la denuncia que tramita en la capital provincial.

Desde el comienzo de la causa se puso en duda la competencia de La Plata para investigar esa denuncia teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Y porque ya estaba el antecedente de criterio de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que la causa por espionaje ilegal que nació en Lomas de Zamora debía pasar a Comodoro Py porque precisamente las órdenes para hacer espionaje ilegal habrían salido de las oficinas de la AFI, a metros de la Casa Rosada.

Con esta decisión, el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que había pedido la causa de La Plata, puede volver a pedirla. La oposición de alguno de los querelles o la fiscalía, a través de una apelación, podría llevar el caso a que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que dirima la cuestión. Precisamente, la Sala IV de ese tribunal había sido la que anuló un fallo anterior de forma unipersonal e instó a los jueces Mariano Llorens, Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi a que dictaran un nuevo pronunciamiento sobre la competencia. Hoy esos jueces dijeron que el caso le corresponde a Comodoro Py. El caso llegará entonces a Comodoro Py cuando se deben revisar los procesamientos dictados por Kreplak contra ex funcionarios de María Eugenia Vidal y directivos de la AFI macrista.

“La mesa judicial bonaerense”

La causa conocida como Gestapo o mesa judicial bonaerense tramitó hasta ahora en el juzgado federal de La Plata, en manos del juez Ernesto Kreplak. A fin del año pasado, la entonces titular de la AFI Cristina Caamaño denunció el caso en en esa jurisdicción. En ese momento se explicó que Caamaño había encontrado copias de un video en donde se hablaba de esa reunión en una computadora vieja.

El hallazgo del video fue después del fallo que había dictado la Sala I de la Cámara Federal diciendo que la AFI macrista no había sido una asociación ilícita que espió a políticos propios y opositores, gremialistas, periodistas y dirigentes sociales. Y afirmó que sólo debía responsabilizarse por violar la ley de inteligencia a un grupo de agentes que compartían sus seguimientos en el “SuperMarioBross”. Aunque el fallo no utiliza el término, la hipótesis es que esos agentes sí actuaban como “cuentapropistas” para futuras extorsiones.

Lo cierto es que la denuncia llevada ante Kreplak derivó en que a fines de abril se firmaran los procesamientos del ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los ex directivos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (ex jefe de Gabinete de la subdirección de la AFI). Y en ese fallo pidió profundizar investigación a las “autoridades nacionales” que dieron órdenes y a las judiciales por el armado de casos.

Esos procesamientos no están firmes. La defensas apelaron y debía ser analizado por la Cámara Federal de La Plata. Pero, al mismo tiempo, el juez Martínez De Giorgi planteó que el caso debía pasar a Comodoro Py. Según dijo, “los procesos no pueden ser escindidos e imponen la necesidad de que un único juez concentre en una misma causa la investigación de todos los hechos, analice sus distintas pero estrechas aristas fácticas y probatorias y, desde esta perspectiva, realice su encuadre jurídico acorde con la gravedad y mayor amplitud de los sucesos ventilados en el marco de la causa nro. 14149/2020, por la que ya han sido cautelados algunos de los sujetos allí imputados”.

La causa del espionaje macrista

La causa 14149/2020 nació en Lomas de Zamora, en medio de la pandemia, en el juzgado federal de Federico Villena y luego pasó a manos de su colega Juan Pablo Augé. La denuncia se inició por la declaración de un narcotraficante apodado “Verdura” y derivó en el hallazgo de un teléfono de Leandro Araque, ya secuestrado judicialmente, en donde estaban las pruebas de las actividades que hacía el grupo “SuperMarioBross”. Augé procesó por asociación ilícita a los jefes de la AFI macrista, sus espías, policías y penitenciarios.

Pero cuando se cumplió la orden de Casación de que el caso se mudara a Comodoro Py, los jueces Bertuzzi y Llorens, con la oposición de Farah, entendieron que “si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal” abocada “a influir en la situación política, social y económica del país”.

Lo que decidió ese fallo fue el procesamiento de Silvia Majdalani por incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que bajo su órbita operaba Alan Ruiz, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI y referente del grupo de chat donde se instrumentaban los seguimientos. Ese grupo sí quedó involucrado los seguimientos y tareas que se reportaron. Allí se confirmaron procesamientos para Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge “Turco” Saez, junto a Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano, pero no por asociación ilícita sino por violar la ley de inteligencia.

El fallo de la Cámara Federal fue criticado por la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus redes sociales. No obstante, el espionaje en su contra en su casa y el Instituto Patria, que se analizó en otro expediente, y que derivó en los procesamientos de los ex jefe de la AFI está firme.

El “Pata” Medina

Esta causa que estuvo en manos de Augé es la que busca incorporar el capítulo sobre la mesa judicial macrista, en donde se presentó como víctima el sindicalista de la UOCRA platense “Pata” Medina. Precisamente, a la luz de la causa de la Gestapo, la defensa del sindicalista Juan Manuel “Pata” Medina pidió el cierre de la causa en su contra, ya elevada juicio oral por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión a empresarios de la construcción. El caso fue llevado por el juez federal de Quilmes Luis Armella. La semana pasada, el juez federal Alejandro Esmoris, del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, decidió hacer lugar al planteo y sobreseer a Medina y otros siete familiares suyos. En sus palabras, la causa contra Medina “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando” en el caso Gestapo.

La decisión de la Cámara Federal

Lo que debía resolver entonces hoy la Sala II de la Cámara Federal es si el caso de la Gestapo debía llegar a Comodoro Py. Eso ya había sido planteado en La Plata y había sido rechazado. En su momento, el juez Farah, en forma unipersonal, entendió que el tema de la competencia debía ser resuelto por en La Plata. La Sala IV de Casación anuló esa decisión e instó a todo el cuerpo a tomar de nuevo una resolución por la complejidad del expediente.

En ese contexto, el juez Farah opinó que existen “distintos puntos de conexidad” entre las dos causas. “Un primer dato es que allí se procesó Diego Dalmau Pereyra y a Sebastián De Stéfano por el delito del art. 43 ter de la ley 25.520 y que se incluyeron hechos que damnificaron a Juan P. Medina. Entre estos, existe un nexo evidente: la judicialización -a través de actividades supuestamente ilegales de integrantes de servicios de inteligencia, entre otros- de su caso condujo a su detención (causa 18933/21) y durante su alojamiento en la unidad penitenciaria se obtuvo información que fue utilizada por agentes de esa sede y de la AFI en forma contraria a la ley 25520. En segundo lugar –y en especial-, existen circunstancias que permiten hablar (por vía de hipótesis) de un análogo patrón común o lógica en los acontecimientos, con relación a aquellos detectados en la causa FLP 14149/20″, afirmó.

Según Farah, en ambos casos se imputaron o investigan a personas en común; uno de los damnificados es el mismo; se habla de “la existencia de planeamientos previos con notorios patrones análogos e iguales eventuales involucrados, tanto a título activo como pasivo”, existe superposición parcial de períodos temporales y territorios afectados por la comisión de los hechos; y tanto aquí como allí se encomendó dirigir la pesquisa en deslindar esas posibles responsabilidades en niveles superiores. “La conexidad es, frente a ello, notoria”, dijo. Por su parte, en un voto en conjunto, Llorens y Bertuzzi opinaron que “lucen acertadas” las razones por las cuales Martínez de Giorgi pidió sumar el expediente Gestapo.

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