Un juez federal reclamó que la causa de la “Gestapo” se investigue en Comodoro Py

La resolución se veía venir en los pasillos de los tribunales federales, pero se firmó en la tarde de este viernes. El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de una causa que investiga si existió espionaje ilegal desde la AFI macrista a distintos políticos, periodistas, sindicalistas y jueces, solicitó a su par de La Plata, Ernesto Kreplak, que le mande la investigación conocida periodísticamente como la “Gestapo-gate”. Es el expediente que analiza lo sucedido en una reunión en la sede del Banco Provincia de la Capital Federal en junio de 2017 en donde se habló de una “Gestapo” sindical y de avanzar con denuncias contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, que poco después sería detenido.

Según la resolución a la que accedió Infobae, el juez sostuvo que su investigación abarca los hechos ocurridos en la sede del Banco Provincia, en la Capital Federal -competencia territorial de Comodoro Py-, y que varios de los ex agentes de la AFI imputados en La Plata ya están imputados en la megacausa del espionaje. Subrayó además que entre las víctimas que habrían sido espiadas en la cárcel también estaba el “Pata Medina”, eje de la denuncia que tramita en la capital provincial.

“Los procesos no pueden ser escindidos e imponen la necesidad de que un único juez concentre en una misma causa la investigación de todos los hechos, analice sus distintas pero estrechas aristas fácticas y probatorias y, desde esta perspectiva, realice su encuadre jurídico acorde con la gravedad y mayor amplitud de los sucesos ventilados en el marco de la causa nro. 14149/2020, por la que ya han sido cautelados algunos de los sujetos allí imputados”, se sostuvo.

El fiscal Franco Picardi se había opuesto a que el caso aterrizara en Comodoro Py 2002, cuando se le pidió opinión por la inhibitoria solicitada por el ex responsable de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián Di Stefano. Por eso se descuenta que tanto el Ministerio Público como la querella del “Pata” Medina apelarán esta decisión. Además, desde La Plata, defenderán la potestad de seguir al frente de la investigación: hasta ahora habían rechazado los pedidos para remitir el tema a los tribunales porteños.

Pero con las futuras apelaciones de la decisión tomada por Martínez De Giorgi, el caso será revisado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Eduardo Farah. Con la disidencia de Farah, Llorens y Bertuzzi habían firmado en diciembre pasado el fallo que sostuvo que la AFI macrista no constituyó una “asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país”. Para el tribunal, sólo se pudieron corroborar seguimientos y vigilancias por parte de algunos agentes que integraban un grupo de WhatsApp denominado “SuperMarioBross”. Aunque el fallo no utiliza el término, la hipótesis es que esos agentes sí actuaban como “cuentapropistas” para futuras extorsiones.

El 22 de febrero pasado, Martínez De Giorgi decidió ordenar casi medio centenar de medidas de prueba, que incluían oficios, informes y testimoniales. Entre esos puntos, el juez pedía a la interventora de la AFI Cristina Caamaño que le mandara el video de la “Gestapo”. Caamaño dijo haber encontrado ese video en una computadora vieja de la AFI y decidió denunciarlo en la justicia federal de La Plata. El hallazgo fue denunciado una semana después del fallo sobre la no asociación ilícita de la AFI, que indignó públicamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Desde el comienzo se puso en duda la competencia de La Plata para investigar esa denuncia teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Y porque ya estaba el antecedente de criterio de la Cámara Federal de Casación Penal que determinó que la causa por espionaje ilegal que nació en Lomas de Zamora debía pasar a Comodoro Py porque precisamente las órdenes para hacer espionaje ilegal habrían salido de las oficinas de la AFI, a metros de la Casa Rosada. Esa es la investigación que ahora conduce Martínez De Giorgi.

El fallo señaló que “las reglas de conexidad establecen que un único juez podrá entender en diversos procesos cuando éstos se encuentren vinculados debido a las personas o los hechos materia de investigación, a fin de asegurar un único juzgamiento y evitar soluciones contradictorias. Es decir, que la acumulación de dos o más procesos se produce cuando éstos comparten elementos comunes, sea por la identidad de sus intervinientes o por el objeto sobre los cuales versan. Y tal como lo reconoce el Ministerio Público Fiscal en su dictamen, existen puntos de contacto entre ambos expedientes, tales como las calificaciones legales provisorias -infracciones a la Ley 25.520-, que Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra (ex agentes de la AFI) se encuentran imputados y que Juan Pablo Medina aparece como víctima en ambos”.

A criterio Martínez De Giorgi, “la lectura de las actuaciones revela que en el expediente 18.933/2021 (de La Plata) se investigan conductas que habrían tenido lugar en el año 2017, por parte de tres agentes de la AFI, entre otros sujetos, dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a Juan Pablo Medina, allegados y a la UOCRA Seccional La Plata. Como hipótesis delictiva, se incluyó el desarrollo de tareas de inteligencia ilegal, llevadas a cabo por integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia sobre él y parte de su entorno. Pero además de ello, se observa que muchas diligencias probatorias tuvieron lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia, Casa Rosada y sede del Banco Provincia ubicada en CABA). A ello se suma que se determinó que la reunión del 15/6/17, que motivara la denuncia que dio origen a la causa 18933/21, se llevó a cabo en esta urbe (sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en calle San Martín n° 137 de CABA)”.

¿En qué momento de la causa de la Gestapo llega este pedido? El juez Kreplak había procesado el 28 de abril último a varios ex funcionarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia: el entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, que dijo la palabra Gestapo, el intendente de La Plata, Julio Garro, al ex secretario de Justicia Adrián Grassi, al senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, y a los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra. Los acusó de de realizar tareas de inteligencia prohibidas, previstas en el artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia, y del delito de prevaricato. La fiscal de La Plata, en tanto, había hablado de “asociación ilícita”.

La investigación comenzaba a apuntar hacia otros investigados, entre ellos la ex gobernadora María Eugenia Vidal, a quien el juez ya investigaba los llamados y sus computadoras; y también a la ex conducción de la AFI. “Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, había escrito Kreplak. Sus procesamientos, que no alcanzaron a los empresarios que participaron de la reunión, ya fueron apelados.

Si el caso llegase a Comodoro Py, la revisión quedará en manos de la Cámara Federal porteña. Un dato: sería la tercer causa del mundo del espionaje macrista que creció en jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y que terminó en el edificio de Retiro. Ya sucedió con la investigación de Lomas de Zamora y luego con la causa D’Alessio, que derivó en el pase de los expedientes anexados sobre el espionaje desde las bases AMBA y los seguimientos a las víctimas del ARA San Juan. En esa última causa está procesado el ex presidente Mauricio Macri. Las decisiones tomadas en Dolores también están bajo la lupa en el segundo piso de Comodoro Py.

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