Ataque a Cristina Kirchner: tras ver el contenido del teléfono de Brenda Uliarte, la Justicia dispuso de nuevo el secreto de sumario

A doce días del intento de homicidio contra la Vicepresidenta, la investigación suma pruebas contra los detenidos. La jueza Capuchetti decidió cercar la información y se esperan nuevas medidas. Expectativa por los procesamientos y las diligencias que se puedan ordenar en las próximas horas

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Comodoro Py, eje de la investigación por el ataque a Cristina Kirchner (Foto: Luciano Gonzalez)
Comodoro Py, eje de la investigación por el ataque a Cristina Kirchner (Foto: Luciano Gonzalez)

“Tenemos que generar hechos, no protestas”. “Basta de quedarse puteando. Tenemos que pasar a la acción. Pongamos molotov en la Casa Rosada”. Esos dos mensajes fueron encontrado en el celular de Brenda Uliarte, la joven que colaboró con su novio en el plan para matar a Cristina Kirchner. “El contenido del teléfono de ella es contundente”, confirmó a Infobae una fuente de la investigación. En ese marco, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó reimplantar el secreto de sumario en el expediente, cuando estaban por definirse los procesamientos de la joven y de Fernando Sabag Montiel, el agresor que gatilló contra la Vicepresidenta.

Por qué la jueza Capuchetti dictó ahora el secreto de sumario es un gran interrogante. Este tipo de resoluciones se toman cuando se están por dictar medidas de importancia para la investigación que no pueden filtrarse. El domingo 4 de septiembre, cuatro días después del ataque, dispuso el secreto. Esa noche, Uliarte quedó detenida en la estación ferroviaria de Palermo. Días más tarde, cuando se conocieron las fotos de Montiel con el arma del atentado, la magistrada había levantado el secreto de sumario.

Para las próximas horas se esperaba una definición sobre la situación procesal de Uliarte y Sabag Montiel, tal como lo adelantó el domingo Infobae. Sin embargo, se especulaba con que esa decisión pudiera demorarse si es que se resuelve volver a ampliar la indagatoria de los acusados para exhibirle la nueva prueba. La decisión está en manos de la jueza si quiere usar esa nueva prueba, precisaron las fuentes consultadas.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación (Maximiliano Luna)
La jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación (Maximiliano Luna)

Lo cierto es que el contenido del celular Xioami Note 9 arrojó pruebas de enorme interés para la investigación. “Contundente”, fue la descripción de lo que se halló ahí. Por ejemplo, Brenda aparecía en grupos de Telegram radicalizados y violentos, cuyos nombres no fueron difundidos.

Las fuentes confirmaron el mensaje en donde llama a “pasar a la acción”. No es un detalle menor que Brenda habría estado en una de las marchas que se hicieron frente a la Casa Rosada el 18 de agosto pasado. El principal indicio de que estuvo allí fue un posteo de la propia joven en Instagram, que luego fue borrado de las redes sociales. No obstante, expertos informáticos lograron recuperar la información y la pusieron a disposición de los investigadores.

Si algo causa alarma a los investigadores a la luz de esta causa es el submundo que se mueve en los grupos de Telegram en donde los “haters” (odiadores) se mueven radicalizados como si el Código Penal no existiera. “Más allá de este caso, lo estamos viendo con mucha preocupación”, confió a este medio uno de los funcionarios que está trabajando en la causa.

En su “carpeta segura”, Brenda tenía guardada el registro de sus llamados, claves a la hora de reconstruir cómo fue la previa y las horas posteriores al intento de homicidio por el cual está presa junto a Fernando Sabag Montiel, revelaron a Infobae fuentes del caso.

El dato es importante porque allí no solo habrían quedado guardados los llamados que recibió por línea -que son los que pueden reportar las telefónicas- sino también las llamadas de WhatsApp. Tal como contó este medio hace unos días, por estas horas el grupo de “los copitos” eligió hablarse con Brenda por cuentas truchas de Facebook que luego desactivaron. También se dieron de baja cuentas que el grupo manejaba en Instagram.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estuvo desde la madrugada posterior al ataque prestando colaboración en la causa con todo lo que rodea a las comunicaciones.

Brenda Uliarte
Brenda Uliarte

Todo eso forma parte de la investigación que intenta desentrañar qué hubo detrás del ataque contra Cristina Kirchner, ocurrido en la noche del jueves 1 de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay, cuando los simpatizantes de la Vicepresidenta se congregaban en el barrio de La Recoleta para apoyar a la dirigente desde que el 23 de agosto el fiscal Diego Luciani había pedido su condena a doce años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado por las obras concedidas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Durante el viernes, la jueza Capuchetti estuvo en las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en Ezeiza, repasando las pruebas que se fueron sumando a la causa y que siguen comprometiendo a Sabag Montiel y su novia. “Se le mostró todo el material”, afirman ante Infobae fuentes con acceso a la investigación. Ahí, por ejemplo, apareció el video que se encontró en la tarjeta de memoria externa del celular de Sabag Montiel en donde se ven sus manos tatuadas manipulando el arma Bersa calibre 32 con la que después apuntaría a la cabeza de la vicepresidenta.

Cuando ya había comenzado a sonar el reloj en tiempo de descuento para dictar los procesamientos con procesamientos, la jueza Capuchetti resolvió ahora dictar el secreto de sumario. Las partes fueron notificadas esta mañana.

Justo a esa hora, Leonardo Uliarte, el padre de Brenda, había llegado al quinto piso de los tribunales federales para volver a entrevistarse con el defensor Gustavo Kollman y pedirle que haga todo lo posible para que su hija pase a estar detenida pero en su casa. Insiste en que la joven no se está dando cuenta del escenario penal que afronta.

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