El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de buenos Aires (UBA) sacó un polémico comunicado en el que manifestó de manera oficial su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, tras el pedido a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra ella, en el marco de la causa conocida como Vialidad.
En cuatro breves artículos, las máximas autoridades de la casa de estudios decidieron “repudiar enérgicamente la persecución judicial y mediática por razones políticas” contra la ex mandataria nacional y “rechazar el uso del sistema judicial para la proscripción de líderes de nuestra región”.
Además, en el documento que difundieron en las redes sociales formales de la institución, se precisó que la Facultad adhiere “a las iniciativas en este sentido” y convocó “a la comunidad a manifestarse”.
En el comunicado, se precisó que esta declaración se aprobó tras el avance del “juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 por la llamada mediáticamente ‘Causa Vialidad’ que tiene entre sus principales acusados a quien fuera dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros ex funcionarios públicos”.
En los considerandos, el Consejo Directivo de la Facultad señaló que “la denuncia original realizada por Javier Iguacel de sobreprecios en obras de vialidad” durante las gestiones de la ex jefa de Estado, por la cual comenzó esta investigación, “no ha sido corroborada por ninguno de los peritos involucrados”.
Asimismo, resaltó que “las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso de la Nación Argentina” y que se “han hecho públicos encuentros privados entre jueces, fiscales y dirigentes de la oposición”.
En esta línea, las autoridades remarcaron que, “a pesar de la falta de pruebas e irregularidades en el juicio, la fiscalía pidió como pena” para la titular del Senado “doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos”.
“Dicha inhabilitación pretende interrumpir de forma ilegítima el proceso de ampliación de derechos y empoderamiento popular, iniciado durante la presidencia de Néstor Kirchner y profundizado durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo.
En otro tramo de los considerandos, las autoridades de la sede de la UBA cuestionaron que se le haya “impedido a la vicepresidenta ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa” e hicieron referencia al concepto de “lawfare”, que calificaron como una “táctica de guerra jurídica” en la que “una alianza canallesca entre los poderes judicial, mediático y político impulsan juicios a partir de falsas denuncias”
Para el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, estos supuestos mecanismos “se han hecho cada vez más frecuentes contra líderes populares latinoamericanos, socavando las bases del sistema democrático”.
“En otros países de América Latina, como Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay, ya hemos atestiguado el funcionamiento de este tipo de persecuciones cuyo objetivo no es otro que preservar el status quo, donde son las derechas conservadoras las que dirimen el poder dejando por fuera a los sectores populares y sus necesidades”, cerró el documento, antes de pasar a la resolución con sus cuatro artículos.
El lunes pasado, en su alegato final, el fiscal Diego Luciani solicitó que la vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras acusarla de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Cristina Kirchner, por su parte, realizó un descargo de una hora y media este martes 23 de agosto, a través de sus redes sociales, en el que cuestionó el criterio de los fiscales para instruir las acusaciones en su contra y apuntó contra miembros de la oposición.
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