
Este lunes, el fiscal Diego Luciani finalizó con su alegato en el marco de la causa Vialidad y pidió 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. En consecuencia, la vicepresidenta respondió hoy con fuertes acusaciones tanto al poder judicial como a la oposición. Asimismo, ambas presentaciones generaron distintas repercusiones en el ámbito político. Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional difundió un comunicado, en el que repudió “las expresiones perjudiciales para el sistema republicano que realizaron altos funcionarios públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo y Legislativo”.
“Usar calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso no hace más que debilitar las instituciones democráticas. Esas expresiones tienden a descalificar la legitimidad de la tarea que lleva adelante el Poder Judicial y los Ministerios Públicos y generan desconfianza en la ciudadanía”, se afirmó en el escrito, que llevó la firma del secretario general, Marcelo Peluzzi, y del presidente, Marcelo Gallo Tagle.
“La causa ‘vialidad’ se encuentra en pleno trámite, transitando las etapas en las que las partes ejercen sus derechos. Consideramos desmedido el ataque a jueces y a fiscales. Seguiremos convocando a la concordia, defendiendo siempre la independencia de poderes y promoviendo el correcto funcionamiento de la Justicia y de la democracia”, concluyeron.
En la misma dirección, ayer, luego de que Alberto Fernández considerara vía Twitter que Cristina Kirchner es víctima de “una persecución judicial y mediática”, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación (AFFUN) había manifestado “honda preocupación” por la publicación del Presidente e, incluso, pidieron prudencia.
“La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación manifiesta su honda preocupación por las declaraciones públicas efectuadas por el señor Presidente de la Nación”, comenzó el comunicado que se conoció este lunes por la tarde, firmado por el presidente de AFFUN, Carlos Rívolo, y la secretaria general, Susana Pernas.
Y continuó: “Entiende esta Asociación que esos cuestionamientos, vertidos a través de redes sociales y provenientes de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo, no siendo por lo tanto parte de un proceso, no pueden dejar de ser interpretados como una injerencia en el sistema de justicia y en el desempeño del Ministerio Público, a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones”.
Luego, desde AFFUN recordaron que en el juicio todavía resta que “se pronuncie la totalidad de las defensas”, donde argumentarán sus razones “en el ejercicio del derecho de defensa y el estado de inocencia que aún perdura entre los imputados”, y remarcaron que es ese el “lugar indicado por la ley para que tal hecho se produzca”. Ante esto, desde la Asociación concluyeron: “Solicitamos la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos al no respetarse la división de poderes”.
Esa fue la respuesta de los fiscales al tuit del Presidente, que apenas finalizó la exposición de Luciani publicó: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Kirchner”.
A su vez, el posteo del Presidente fue la introducción a un comunicado oficial de Presidencia, que rezaba: “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”.
Además, en uno de sus párrafos, desde Presidencia afirmaron que “ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado” y señalaron que “toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
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