El Gobierno respalda al embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, que se plegó al reclamo del dictador Nicolás Maduro respecto al avión incautado por la justicia federal a pedido de una corte del Distrito de Columbia (Washington DC). Laborde aseguró que se trata de una represalia política contra Venezuela y así desconoció la vigencia de tratados jurídicos firmados entre la Argentina y Estados Unidos.
Las opiniones de Laborde no sólo afectan las relaciones entre Balcarce 50 y la Casa Blanca -cuando Alberto Fernández se apresta a tener su reunión bilateral con Joseph Biden-, sino que ademas quiebra la línea diplomática fijada por el Presidente y la Cancillería respecto al avión venezolano-iraní incautado en Ezeiza.
El Presidente y su canciller consideran que la investigación del avión de la empresa Emtrasur -sospechado de trasladar una tripulación implicada en presuntos actos terroristas- pertenece al ámbito de la justicia federal y explicitaron que todos los funcionarios del Gobierno debían estar al margen de los hechos para preservar la independencia de los poderes.
Laborde conocía la instrucción de Alberto Fernández y Cafiero. Sin embargo, el embajador argentino decidió privilegiar sus relaciones políticas con Caracas y opinó a favor de Maduro en cuanto al avión venezolano-iraní que se incautó por decisión del juez federal Federico Villena.
“Hay una sensación del pueblo venezolano de injusticia. Queda claro que hay una intención de la Justicia, que muchos la padecen y que es una operación del adversario del ‘campo popular’”, sostuvo Laborde.
Y añadió: “Esto hay que transitarlo con inteligencia porque son muchos los intereses que pretenden que esto sea una pelea que perjudique aún más a Venezuela, que sea una pelea con Argentina, y sobre todo al proceso de la CELAC”.
Laborde estudió a Karl Marx en Moscú, cosechó café en Nicaragua bajo las órdenes de Daniel Ortega y fue designado embajador argentino en Venezuela por pedido de Cristina Kirchner. Su vínculo ideológico es con el Instituto Patria y actúa respaldado por ese núcleo de poder que responde a la Vicepresidenta.
La decisión procesal de incautar el avión de Emtrasur fue iniciada por una presentación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que respondió a una solicitud de la Corte del Distrito de Columbia.
Días más tarde, la fiscal federal Cecilia Incardona se pronunció a favor de la incautación de la nave venezolana-iraní. Y al final de esta zaga judicial, el magistrado Villena decidió incautar respetando acuerdos bilaterales firmados entre Argentina y Estados Unidos.
No hay un sólo hecho político que tiña a la resolución procesal que cuestiona Laborde. La fiscal Incardona y el juez Villena se ajustaron a derecho. El embajador en Caracas cuestiona desde la ideología y sus nexos con el dictador Maduro, una decisión jurisdiccional basada en normas y tratados vigentes.
En la Casa Rosada y la Cancillería se sorprendieron por las opiniones de Laborde, pero no habrá castigo por su desobediencia política a las instrucciones del Presidente y el canciller.
Al contrario: el embajador en Caracas será respaldado por Balcarce 50 y el Ministerio de Relaciones Exteriores para no abrir una nueva interna palaciega con Cristina Kirchner.
Así también sucedió con Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China, que calificó de “provocación” el viaje de Nancy Pelosi -titular de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos- a la isla de Taiwan.
Vaca Narvaja, como Laborde, son designaciones políticas avaladas por CFK.
El piloto del avión incautado -Boeing modelo 747-300M con matrícula YV3531- se llama Gholamreza Ghasemi y también está retenido por la justicia federal. Respecto Ghasemi, el FBI informó al juez Villena y a la fiscal Incardona, lo siguiente: “La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) desea transmitir la siguiente información sobre la asociación de Gholamreza Ghasemi con los grupos terroristas designados, la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y Hezbollah”.
Ese dossier del FBI añade: “Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm. Además de su posición, Ghasemi también es piloto. (...)“Fars Air Qeshm fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas como entidades terroristas”.
El FBI también remitió al juzgado federal de Lomas de Zamora otro informe de tres fojas -case file: BE -6135976- que describe las distintas operaciones ejecutadas por la Fuerza Quds como brazo armado de la Guardia Revolucionaria de Irán. El informe sostiene que “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico.
La Guardia Revolucionaria Iraní, junto a la organización terrorista Hezbollah, ejecutaron los ataques a la embajada de Israel en Buenos Aires y la AMIA. El piloto Gholamreza Ghasemi está sindicado por actuar bajo las órdenes de Teherán, y el avión que reclama Laborde sería una pieza clave de un entramado terrorista montado por Irán para organizar atentados en América Latina.
En ese contexto, el juez Villena ordenó incautar la nave de Emtrasur, tras la petición de la fiscal Incardona. Y es poco probable que cambie de opinión jurídica, a pesar de los reclamos de Maduro y el embajador Laborde.
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