El gobierno porteño quiere que la Anses también le quite las AUH a quienes no envían sus hijos a clases

El gobierno porteño notificó a la Anses respecto a los cambios que llevarán adelante para otorgar planes sociales a las familias y convocó a una mesa para consensuar políticas que “garanticen el derecho a la educación”. Tal como se adelantó ayer, la asistencia a la escuela pasará a ser un requisito indispensable para que los padres mantengan los subsidios que paga la Ciudad.

La ministra de Educación le envió una carta a Fernanda Raverta, titular de la Anses. Allí le informó del cambio en la definición de alumno regular. Antes bastaba con estar matriculado en la escuela. A partir de ahora los chicos deberán asistir al menos al 85% de las clases de cada bimestre para no perder la constancia.

“La escuela y el vínculo de los/as estudiantes entre sí, y con sus docentes cumplen un rol fundamental para la efectivización del derecho a la educación y para garantizar una mirada integral de los procesos de enseñanza y aprendizaje, propiciando los contextos más favorables para la educación y su bienestar integral, permitiéndoles desarrollar sus máximas potencialidades y contribuyendo a su desarrollo individual y social”, escribió Acuña en la carta.

“La enseñanza y el aprendizaje son un proceso donde las actividades que se despliegan requieren de instancias secuenciadas y periódicas que permitan abordar los contenidos de forma integrada y siempre en relación con los saberes previos y posteriores. En ese sentido, la asistencia de los/as estudiantes es fundamental para el abordaje de los contenidos secuenciados, siendo el ausentismo un obstáculo al proceso de aprendizaje que representan barreras en la trayectoria educativa”, agregó en la misma línea.

La medida ya entró en vigencia a partir de agosto para los niveles inicial, primario y secundario e impactará en el programa social Ciudadanía Porteña que perciben las familias para 23.600 chicos. Como contraprestación, el plan exige que los padres aseguren la escolaridad de los hijos. Ahora, si pierden la constancia de alumno regular, ya sea por estar debajo del 85% del presentismo por bimestre o por haber faltado 25 veces de forma injustificada a lo largo del año, perderán también el ingreso.

Ciudadanía Porteña entrega 5 mil pesos por chico o 7 mil en casa de tratarse de un hogar indigente. En promedio, según las cifras oficiales, cada hogar recibe 15.700 pesos. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat harán una revisión de presentismo por bimestre con la idea de certificar la escolaridad. Con más de 85% de faltas, perderán el componente que le corresponde por chico. En caso de sostenerse la irregularidad por 6 meses, perderán el monto total del subsidio.

La medida surgió debido a las altas tasas de ausentismo que encontraron en las escuelas. Con el nuevo sistema de gestión, detectaron que en los jardines y primarias públicas el 30% de los alumnos faltó al menos una vez por semana en el primer cuatrimestre. Más aún, el 16% se ausentó 7 días o más por mes. Según el gobierno porteño, pretenden “generar incentivos” para el presentismo y no castigar a las familias.

“La carta apunta a que se dispongan a pedirnos información. A generar una mesa de trabajo para que ellos puedan aprovechar que nosotros ahora disponemos de esta base de datos”, explicaron en la cartera educativa, en referencia al sistema de carga automática que desarrollaron. El directivo de una escuela ahora toma lista y se refleja simultáneamente en forma digital.

La resolución solo impacta, en principio, en las ayudas sociales que paga la Ciudad de Buenos Aires. La Asignación Universal por Hijo (AUH), que dependen de Nación y es la más extendida, no se ve afectada, aunque los funcionarios porteños ayer adelantaron que compartirán la base de datos con la Anses para lograr que la nueva definición de alumno regular también llegue a esa asignación.

“En dicho sentido resulta necesario redefinir los aspectos técnicos para el intercambio de información de acuerdo a estos nuevos criterios y que con la misma periodicidad establecida desde este Ministerio, es decir bimestralmente, en el marco de su competencia efectúe los controles sobre el cumplimiento de la contraprestación educativa de quienes resulten beneficiarios de aquellos programas a su cargo que así lo requieran”, le escribió Acuña a Raverta.

“A tal fin, se los convoca a conformar una mesa técnica a efectos de establecer los canales para avanzar en lineamientos de trabajo conjunto”, cerró.

En línea con la iniciativa presentada hoy, la ex Ministra de Desarrollo Social durante el gobierno de Macri, Carolina Stanley, impulsó oportunamente la exigencia del requisito de terminalidad del secundario, tanto para beneficiarios como hijos de beneficiarios de planes sociales. Medida que el gobierno de Alberto Fernández dejó sin efecto al momento de asumir.

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