
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner acaban de protagonizar una puesta en escena después de tres meses de tensiones, cargados de reproches públicos y descalificaciones peores en privado. La historia no queda saldada con el acto de ayer por el centenario de YPF. El Presidente volvió a hablar de unidad, como reclamo de apoyo. La vicepresidente lo precedió en el discurso también amigable en las formas, pero con consejo sobre el uso de la lapicera para mostrarse en un escalón superior. El dato más llamativo de esta difícil coexistencia -cruzada por fisuras- había sido expresado un día antes con la ofensiva del Gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia: un gesto peligroso y al mismo tiempo inútil, sólo explicable para contener la interna.
El acto en Tecnópolis tuvo todos los condimentos de una entrega de compromiso. La platea mostró a ministros del círculo de Olivos y dirigentes y funcionarios del kirchnerismo. No se lo vio a Máximo Kirchner. No llegó Sergio Massa, de actividad en el GBA. Aún así quedaron en claro al menos dos cosas: la primera, que la celebración por el aniversario de YPF fue relegado a un segundo plano frente a la política doméstica, y la segunda, que los mensajes aún cuidando las formas reiteraron la distancia entre el Presidente y CFK.
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El punto central del discurso de Alberto Fernández fue el llamado a la unidad, se entiende, como demanda de respaldo de gestión. La debilidad que genera la fisura interna alimenta en sus declaraciones el fantasma de una posible vuelta del macrismo. Ayer, reclamó esfuerzos compartidos. Tuvo a su cargo el cierre del acto, pero cuidó especialmente no aparecer respondiendo a la ex presidente. Por el contrario, actuó algunas referencias amables y en sentido contario.
De ese modo, el discurso presidencial reforzó la idea del condicionamiento y del deterioro que produce la disputa frente a la profundidad de la crisis económica y social. CFK expuso otro foco: la repetida reivindicación de sus dos gestiones de gobierno -apenas admitió no haber controlado la inflación- y unas esperables líneas para mostrarse como pieza central del tablero oficialista. La vicepresidente le pidió al Presidente que use la lapicera: un reclamo o consejo que invierte la lógica institucional, algo llamativo pero no nuevo.
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El Presidente acaba de expresar algo más que palabras en la línea de tratar de contener a CFK. Avanzó en el intento de presionar sobre la Corte con un proyecto de reforma para ampliar y tal vez modificar criterios sobre el funcionamiento de la máxima instancia judicial. Busca confluir en una sola iniciativa con gobernadores del PJ y aliados, pero el dato político más significativo es la coordinación con los operadores de la ex presidente.
El jueves último, luego de una convocatoria trabajada desde el Gobierno, Alberto Fernández se reunió con gobernadores para tratar el tema. Algunos poco convencidos de la oportunidad y las chances de tal iniciativa, tal vez más como gesto hacia la administración porteña, con la esperanza de una poda de subsidios que termine en mayor asistencia a las provincias. No participaron representantes de los distritos gobernados por la oposición -además de la Ciudad, Mendoza, Jujuy y Corrientes- y tampoco el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti.
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Las ausencias, algunos comentarios en reserva, el cierre en las filas de Juntos por el Cambio y críticas como las de Roberto Lavagna perfilan malas perspectivas para el proyecto, especialmente en Diputados. La experiencia previa con temas judiciales refuerza ese pronóstico.
Todavía no se conoce la letra precisa del proyecto que unifican en el oficialismo, aunque algunos de los trascendidos anticipan posibles objeciones constitucionales, rechazo político y escaso o nulo sentido práctico. La idea es ampliar a 25 el número de miembros de la Corte, para colocar un representante por provincia y uno por el Gobierno nacional. Una propuesta “federal y con paridad de género”, dicen.
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Por lo pronto, señala una fuente política con recorrido judicial, resulta una “locura” pretender una Corte con representación de provincias como si se tratara del Poder Legislativo, pero aún más cerrado que el Senado, donde se expresa al menos el criterio de mayoría y minoría por el sistema electoral. Si prosperara una iniciativa, serían representantes de los jefes provinciales.
Resulta extraño el título sobre la “paridad de género”, porque se trataría de un solo juez por provincia. Salvo que se imagine un proceso de sorteo entre distritos que deberían elegir jueces o juezas. No parece la cuestión de fondo.
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El espíritu de esta movida, resulta claro, es otro. Se trataría de licuar el peso de los actuales integrantes de la Corte. Eso es lo que se admitía o advertía, según el caso, en medios políticos al analizar el intento de ampliar el número de integrantes del tribunal. Pero el trascendido de estas horas va más lejos: habría que despejar el terreno para que se instalen los delegados de las 24 provincias.
Por supuesto, la compleja realidad de la Cámara de Diputados y el caso de la vacante dejada por Elena Highton ilustran la evaluación que considera impracticable la movida, aunque podría actuar como presión sobre la Justicia en general.
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En principio, parece sin chances el trámite legislativo. Los distintos espacios de la oposición o con juego propio fuera de las dos bancadas de mayor peso ya dieron señales de rechazo a este tipo de iniciativas en el frente judicial. Ocurrió con la reforma para cambiar las reglas de juego en el sistema de fiscales. Pero aún en el caso de que el proyecto fuera sancionado, nadie se explica cómo haría luego el oficialismo para consagrar los pliegos de los jueces, un proceso que requiere mayorías que no puede asegurar.
El ejemplo señalado en estas horas es la vacante dejada en la Corte por Elena Highton. Pasaron más de siete meses desde que presentó su renuncia y seis desde que fue aceptada. Nada se movió en el Congreso. Dicho de otra forma: haría falta un amplio acuerdo político.
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No sería eso lo que preocupa a Olivos. Por el contrario, el discurso apunta a confrontar duramente con la oposición, con la esperanza de contener la propia interna. En esa línea, se anota la negociación doméstica para motorizar el proyecto apuntado a la Corte. Las tratativas incluyeron a Juan Martín Mena en papel destacado, según se dejo trascender. El viceministro de justicia es una pieza destacada en el esquema de CFK. Y más allá de las chances reales del proyecto, fue un dato político significativo en la interna. Es lo que asoma como motor de todo.
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