Rodolfo Tailhade presentó un escrito ante la Justicia y le respondió al Gobierno tras la denuncia por espionaje ilegal

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó este martes un descargo formal ante la Justicia Federal tras la denuncia de espionaje ilegal que hizo el Ministerio de Seguridad en su contra a raíz de sus declaraciones en la Cámara de Diputados sobre algunas actividades que habría realizado Bettina Julieta Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante el informe de gestión que brindó el ministro coordinador el miércoles pasado en el Congreso de la Nación, Tailhade denunció que la mujer de Adorni utilizó desde el inicio de la gestión un vehículo oficial y tres equipos de custodia de la Policía Federal. Según sus dichos, estos fueron utilizados para actividades de estricta índole personal, como llevar a los hijos al colegio o concurrir a un bar del barrio de Palermo.

“Su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio, o para ir, reiteradas veces, a la ‘Ferneteria’, un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las cuatro de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a llevarla a su casa”, dijo el diputado de Unión por la Patria, quien se desempeñó como director de Contrainteligencia de la AFI durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

En la denuncia, presentada por la directora de acciones jurídicas de la cartera de Seguridad, Mariana Venesio, y por el subsecretario legal, Diego Goldman, el Gobierno señala que “es motivo de preocupación que un miembro del Congreso exponga públicamente, en el recinto y ante la ciudadanía, los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

Y agregaron: “Resulta especialmente delicado que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y la logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del Jefe de Gabinete y su familia”.

En su descargo, al que accedió Infobae, el diputado kirchnerista calificó la denuncia como “un mamarracho” y un “verdadero bochorno institucional” que tiene por objetivo “desviar la atención de la opinión pública cuando se encuentra sumergido en crisis políticas o económicas”.

En esa línea, rechazó in totum la denuncia y el encuadre penal de los hechos al subrayar que la información provino de sitios y situaciones públicas -incluyendo establecimientos comerciales, un colegio y un bar en el barrio de Palermo- y que su intervención se alimentó además de mensajes y observaciones de vecinos y ciudadanos.

“Al tratarse de lugares públicos, la presencia de una mujer en un auto oficial, con dos guardaespaldas visibles, no pasa desapercibida. Y si se trata de la esposa de un funcionario público conocido por todos, repudiado por un sector importante de la sociedad que no comparte las políticas de su gobierno y particularmente el estilo arrogante y soberbio de Adorni, no es muy difícil conjeturar que mucha gente está interesada en que personas públicas como yo, dado mi alto perfil, conozcan estas cuestiones”, explicó.

Por otro lado, señaló que la denuncia entra en contradicción con la garantía constitucional consagrada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dispone que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”.

“Eso no es ‘inteligencia’ en sentido legal: es control público, y se nutre de información de fuentes abiertas y observaciones directas de ciudadanos que circulan por la calle Serrano, en Palermo, a las que cualquier habitante de la Nación puede acceder sin necesidad de técnica clandestina alguna”, planteó.

Además, el diputado Tailhade pidió a la fiscalía un conjunto de medidas probatorias orientadas a determinar si la esposa de Adorni recibió custodia oficial de la Policía Federal y si se destinaron vehículos y agentes públicos para fines particulares o recreativos desde el 10 de diciembre de 2023. Solicitó informes oficiales sobre la cantidad de agentes asignados, la justificación administrativa y el protocolo aplicable, además del acceso a libros de novedades y partes de servicio.

También requirió la evaluación de grabaciones de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la calle Serrano y zonas adyacentes del barrio de Palermo, entre las 22:00 y las 05:00, así como imágenes del local gastronómico “La Fernetería”. Según explicó, el objetivo sería documentar la utilización de la custodia policial y la concurrencia de la funcionaria a los establecimientos señalados.