El interbloque del Frente de Todos debutará estar tarde cuando minutos antes de las 14 suene el timbre para que los senadores y senadoras ingresen al recinto de la Cámara alta para debatir el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional. O, como lo denominaron los legisladores de Juntos por el Cambio, la ley de blanqueo “Daniel Muñoz”, en referencia al ex secretario de Néstor Kirchner quien amasó una fortuna superior a los 30 millones de dólares.
La iniciativa, que fue presentada por José Mayans, Oscar Parrilli y Anabel Fernández Sagasti, propone crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, el equivalente al 20% de esos activos fugados sin declarar si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
Otro punto importante, que fue bien recibido por la mayoría de los expositores tanto del oficialismo como de la oposición que pasaron por el plenario de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, es que crea la figura del “colaborador”, algo que ya existe en la justicia penal.
La figura del “colaborador” refiere a personas físicas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados. También se promueve la reforma de la ley de Entidades Financieras en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal. Para el colaborador se establece en 500.000 dólares el monto mínimo para denunciar y la recompensa queda fijada en 30% en dólares y no está sujeto a Ganancias. Además, y previendo que puede haber denuncias falsas con la intención de perjudicar, en el texto quedó establecido que aquel que brinde información falsa con la intención de difamar estaría cometiendo un delito.
Para poder resguardar la identidad del “colaborador” se copió el modelo de los EEUU, en donde la información que se entregue tiene que ser “veraz, confiable, contundente y sincera”. Con el fin de resguardar la identidad, se va a crear un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia, que ya tiene experiencias y programas al respecto, para que se denuncie ahi y no en la AFIP con el fin de resguardar el anonimato. Si el dato es certero y se recauda, la recompensa se gira al Ministerio de Justicia y el escribano general del Gobierno, manteniendo el anonimato del colaborador, será quien le paga.
Otro ítem clave es el que se refiere a al rol de los bancos, muchas veces señalados como un eslabón más de la cadena de fuga de divisas. El texto que se discutirá esta tarde en el recinto establece que “los bancos son los agentes recaudadores”. Asimismo, si son bancos que están en otras jurisdicciones que no colaboran, se le permitirá que la AFIP “le pueda pedir al Banco Central para que actúe sobre la filial local de esos bancos y se le apliquen las sanciones que prevé la ley, incluso hasta la revocación del permiso para operar”.
Asimismo, queda establecido que el proyecto de ley releva del deber de confidencialidad “a los bancos, pero no a los contadores y escribanos, ya que estas personas no pueden ser colaboradores”.
Los impulsores del proyecto estiman que se puede llegar a recaudar más de 20 mil millones de dólares, y no es menor que los montos deban ser abonados en dólares ya que se busca que retornen al país para el pago de los 44 mil millones de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018. La duración de esta ley, de aprobarse, sería hasta recaudar la misma cifra que se le adeuda al FMI.
El texto sostiene que ese fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de control, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
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