Crecen los conflictos entre Nación y CABA: lejos de un acuerdo por los cortes de calle, la coparticipación y el aumento de impuestos

El gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires mantienen una agenda de discusiones públicas donde la política empezó a jugar detrás de la gestión. A nadie se le escapa, en ninguna de las dos administraciones, que los comicios del 2023 y las pretensiones de los actores son un eslabón más de la cadena de discusiones.

Este miércoles, a las 13, en el ministerio del Interior, las autoridades de ambos gobiernos volverán a reunirse para discutir el porcentaje de coparticipación que la Nación le quitó a la Ciudad de Buenos Aires en el 2020 y que el gobierno porteño pide que se le restablezca para sostener el pago de la Policía.

En esta oportunidad, y después de un puñado de reuniones en las que se pusieron de acuerdo en la modalidad del traspaso de los fondos, hoy empezarán a discutir el monto de dinero que debe ser transferido. La parte más difícil de la negociación.

A 20 días de que se venza el plazo impuesto por la Corte Suprema para que lleguen a un acuerdo, intentarán acercar posturas en búsqueda de un pacto. Ese final parece casi una utopía. Si bien en el gobierno porteño creen que es posible acordar, en el ministerio del Interior, que lleva adelante la negociación, lo ven muy difícil. Más cerca de lo imposible que de lo posible.

Las últimas reuniones tuvieron un contexto tenso. Quince días atrás, a pocas horas de que comenzará el encuentro en Balcarce 50, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro anunció que parte del dinero que fue “recuperado” de la coparticipación a la Ciudad, iba a ser destinado para luchar contra el narcotráfico en Salta, Misiones y Santa Fe.

Una semana después, casi al mismo tiempo en el que más de 10 gobernadores eran recibidos por De Pedro en la Casa Rosada, para explicarles los fondos y obras que iban a perder si la Corte Suprema decidía mantenerle a al gobierno porteño el porcentaje de coparticipación brindado por Mauricio Macri, delegados de ambas administraciones intentaban avanzar en la negociación en una oficina a pocas cuadras.

Los mandatarios apoyaron el reclamo y le mandaron una carta a la Corte Suprema. Creen que el gobierno porteño ha sido beneficiado en detrimento de ellos. En la Ciudad creen que la movida política del oficialismo buscó ponerles las provincias en contra y embarrar la cancha en la negociación.

Según sostienen en la Casa de Gobierno, los funcionarios porteños, encabezados por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel y el ministro de Hacienda, Martín Mura, pidieron hacer la reunión fuera de la Casa Rosada para no cruzarse con los gobernadores y evitar un momento de tensión.

En el gobierno porteño dicen que estaba presente la posibilidad de re agendarla, que la Ciudad planteó hacerla igual y que se coordinó otro lugar. El encuentro se realizó en otra sede del ministerio, ubicada a pocos metros de la Casa Rosada. Pequeños cortocircuitos de una relación degastada.

“Esperamos no tener ninguna sorpresa, como todos los miércoles. Vamos a seguir mostrando nuestra actitud dialoguista con la intención de poder llegar a un acuerdo”, indicaron desde Uspallata. En Nación no ven viable la negociación, aunque se sentarán a tratar de llevarla adelante.

El Gobierno considera que el 3,5% de coparticipación otorgado por Macri es injustificable, que el tiempo que la cobraron se quedaron con dinero que no les correspondía y que no lo van a devolver, y que es muy difícil llegar a un acuerdo porque cada uno tiene un argumento político y técnico distinto sobre el monto que debería cobrar.

El final está abierto. Pero en la antesala, la búsqueda de un acuerdo es muy difícil.

Los cruces por los piquetes en la 9 de Julio

En las últimas horas se abrió otro frente de batalla entre el gobierno nacional y la Ciudad. Esta vez vinculado a los incesantes cortes de calles en el territorio porteño. Rodríguez Larreta pidió que les quiten los planes sociales a quienes cortan calles y desde la Casa Rosada salieron a cruzarlo.

El primero, con un tono moderado, fue el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. “El camino no es amenazar con sacar una asistencia a quien lo necesita”, indicó. Mucho más duro fue el Secretario de Relaciones Parlamentarias y líder del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro.

“Rodríguez Larreta demuestra que es un dirigente del montón que quiere disfrazarse de estadista, y corre con la agenda de los que bailan por votos, mientras nuestro país requiere honestidad intelectual y sensatez sobre sus problemas para solucionarlos de manera integral”, afirmó.

En Balcarce 50 piensan que el Jefe de Gobierno porteño “está buscando protagonizar el rol de duro frente a Javier Miley y Patricia Bullrich”, dos dirigentes que empezaron a mostrarse en clave electoral en forma deliberada. El libertario ya habla de sus planes presidenciales, mientras que la titular del PRO empezó una gira por Estados Unidos.

Creen que ambos lo quieren correr por derecha con sus posturas públicas y que Rodríguez Larreta, ya lanzado a la construcción de su candidatura a Presidente, no quiere perder pisada. Dentro del gobierno porteño los más sensatos aseguran que el posicionamiento más duro del mandatario está vinculado a una decisión de gestión y a responder las inquietudes del votante del PRO.

“Horacio juega fuerte con un tema que genera mucho malestar en el voto duro y blando de Juntos por el Cambio. Afecto directo a nuestros votantes”, reflexionaron en las filas del PRO. En el gobierno porteño aseguran que no volverá a existir un corte de la 9 de Julio por tres días. No lo permitirán. Se cruzó un límite la última semana.

En las filas larretistas asumen que el gobierno nacional les quiere hacer pagar el costo de la represión y el desalojo de manifestantes. Son conscientes de ese costo, pero también les preocupa que las protesta crezcan en número y la situación empiece a desmadrarse en la vía pública.

Hay un punto de encuentro entre la Nación y la Ciudad respecto a la organización de los acampes que realizó el Polo Obrero. “¿Quién paga la logística? Los baños, los colectivos, las carpas, la comida”. Se preguntaron en ambos lados del mostrador. Y la respuesta fue la misma: “Se financia con fondos que las organizaciones le sacan a los que cobran planes”. Una suerte de diezmo.

Las diferencias entre ambos gobiernos también se manifestaron en otro tema importante. El aumento del valor fiscal de las propiedades porteñas subirá más de 500%. Para el Jefe de Gobierno porteño la decisión del Gobierno nacional es ilegítima, discriminatoria y atenta contra la seguridad jurídica. En la Casa Rosada la defienden.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, detalló hace unos pocos días que el revalúo fiscal para los inmuebles porteños alcanzará a más de 230.000 contribuyentes con propiedades que valen por encima de los $30 millones. En el larretismo creen que son todas medidas que buscan esmerilar su gestión.

Rodríguez Larreta está dispuesto a confrontar con el gobierno nacional en temas puntuales que lo afectan. Elige las batallas que quiere dar, porque sabe que, en el fondo, desde la Nación buscan desgastarlo. En definitiva, es uno de los principales competidores del peronismo para los comicios presidenciales .

La relación está llena de idas y vueltas. Diferencias y desconfianzas. El vínculo está degradado y afectado por las proyecciones políticas electorales. En ese contexto se buscan acuerdos. Es una tarea bastante difícil.

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