La Cámara de Diputados retomó hoy la actividad tras varias semanas de parálisis debido a la falta de acuerdos políticos y a las demoras para constituir las comisiones permanentes que deben dictaminar los proyectos de ley.
Esta tarde, a las 15, se conformó la comisión de Legislación General y los diputados del oficialismo y la oposición comenzaron a buscar una solución de consenso para avanzar con una nueva Ley de Alquileres.
Tal como adelantó Infobae, el cuerpo legislativo estará liderado por la oficialista Cecilia Moreau como presidenta y Carla Carrizo (Evolución) como vice. El oficialismo tendrá 16 representantes y contará con la mayoría simple. Juntos por el Cambio se quedó con 14 lugares y 1 será para el Interbloque Federal.
Durante esta primera reunión se resolvieron cuestiones administrativas, como los días y horarios de reunión (martes a 17 horas), y las autoridades pidieron a todos los bloques que confeccionen una lista con entidades y organizaciones de los sectores involucrados para que puedan exponer sus puntos de vista. En ese sentido, remarcaron la importancia de darle voz a los inquilinos y propietarios del interior del país.
Estas reuniones “informativas”, donde se escuchará a inquilinos y representantes del sector inmobiliario, se llevarán adelante durante las próximas dos semanas y, según el cronograma acordado, los diputados debatirán el martes 26 y el miércoles 27 para intentar llegar a un dictamen unificado. Si para esa fecha se logra sacar uno o varios dictámenes, el o los proyectos podrían tratarse en el recinto durante la primera semana de mayo.
Hace dos semanas, Juntos por el Cambio había pedido una sesión especial para hoy para derogar la cuestionada ley. Pero dado que no contaba con los números para aprobar ninguna iniciativa “sobre tablas”, el objetivo político era simplemente presionar al oficialismo y forzar una respuesta.
Finalmente, el titular de la Cámara, Sergio Massa, y los líderes parlamentarios de la oposición llegaron a un acuerdo para comenzar el debate y buscar alguna alternativa con amplio consenso para reformar o derogar la ley.
Alcanzar un dictamen unificado será una tarea muy ardua. Si bien todos coinciden en que la Ley de Alquileres aprobada durante 2019 y sancionada en 2020 tuvo un efecto negativo sobre los precios y la oferta de propiedades, diputados oficialistas y opositores presentaron más de una docena de proyectos diferentes.
Dentro del oficialismo, por ejemplo, el diputado José Luis Gioja propuso una iniciativa que incluye topes en los precios y un impuesto a las viviendas vacías. En cambio, Gisela Marziotta, confeccionó un proyecto propio que congela los aumentos hasta que se cree un nuevo índice de actualización y la creación de una Cámara Nacional de Alquileres. Por su parte, Sergio Massa había anunciado que buscaba avanzar con la conformación de una comisión especial que suspenda por 90 días los dos artículos de la ley vigente que resultaron más problemáticos: la duración de los contratos por tres años y la actualización anual por el índice ICL que combina inflación y evolución de los salarios.
Desde Juntos por el Cambio consideran que la derogación completa de la ley es la mejor alternativa y adelantaron que de ninguna forma apoyarán impuestos contra las viviendas “ociosas” como quiere Gioja.
Por ejemplo, el diputado santafecino Federico Angelini presentó ayer un proyecto que deroga la norma y restituye la ley preexistente hasta que se discuta una nueva normativa. También propone incentivos impositivos para los propietarios. Su compañero de interbloque Alberto Asseff reclama que la acción de desalojo se lleve a cabo por juicio sumarísimo.
En principio, desde el oficialismo no ven con buenos ojos la derogación total y buscarán consenso para modificar los artículos más cuestionados. Pero aclaran que el principal objetivo será defender los intereses de los inquilinos. Por otro lado, aclaran que una ley no solucionará “mágicamente” el contexto económico del país que influye de manera determinante en el mercado inmobiliario.
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