
Alberto Fernández esperará hasta que se concrete su principal ambición política, es decir, la firma de un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda externa, para impulsar el tratamiento en el Congreso de dos de las iniciativas judiciales que desvelan al Gobierno: la ampliación de la Corte Suprema y la aprobación del demorado pliego de Daniel Rafecas para liderar la Procuración en lugar de Ricardo Casal. En el Gobierno consideran muy difícil reunir los votos necesarios -una mayoría de dos tercios- para avanzar con esas iniciativas, y evitan determinar una fecha concreta. Se tratarían en conjunto, mientras que se evalúa avanzar con los cambios en el Consejo de la Magistratura en Extraordinarias.
“No está avanzado y no hay nada concreto”, dijo esta semana un alto funcionario de la Casa Rosada respecto del proyecto para ampliar la Corte Suprema que tiene planeado presentar el Poder Ejecutivo. Tampoco está definido el nombre que propondrá el Gobierno para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, la magistrada que dejó el cargo en octubre. Desde entonces el Máximo Tribunal funciona con sólo cuatro miembros, una situación irregular que recibe periódicos cuestionamientos en el oficialismo.
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Mientras tanto, sigue firme nombre del juez Daniel Rafecas, el candidato de Alberto Fernández para ocupar el cargo que hoy ostenta de manera interina Eduardo Casal al frente de la Procuración General de la Nación. El pliego está frenado en el Senado a instancias de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que resiste la figura de Rafecas en medio de una fuerte polémica donde también intervino la oposición dando el aval.
Ambos temas se tratarán en conjunto, adelantaron, pero en una fecha aún no definida. En el Gobierno lo postergarán, al menos, hasta después de que se haya cerrado la negociación con el FMI por el programa de Facilidades Extendidas, que le permitirá al oficialismo, al menos, patear hasta 2024 los plazos de pago de la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por el ex presidente Mauricio Macri. Un logro en ese sentido, que necesita acuerdo con la oposición, posicionaría en un lugar de mayor liderazgo al Presidente, estiman.
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“La prioridad es el tema del fondo y lo judicial va por un camino distinto”, sostuvieron en la Casa Rosada, y descartaron que un acuerdo con la oposición por la deuda pueda ayudar a logran avances en el tema judicial. Aunque algunas voces creen que Alberto Fernández podría volver a ocupar un rol de líder conciliador para resolver los temas pendientes en relación a la Justicia, otras miradas lamentan lo “complicado” del mecanismo de dos tercios y no son optimistas: se trata de una mayoría que el oficialismo no tiene. “Son todas aprobaciones que requieren dos tercios de las voluntades en el Senado. Es un número muy difícil siempre, por eso tenemos que ser cuidadosos con los tiempos”, dijeron en la Casa Rosada. “Es muy difícil de concretar cuando el sistema político está partido en mil pedazos”, se quejó una alta fuente gubernamental.

Respecto de la candidata para suceder a Highton de Nolasco, que dejó el cargo a comienzos de octubre del año pasado, hay una larga lista de nombres en el escritorio del Presidente, admitieron las fuentes, pero los detalles se mantienen bajo estricta reserva. Sólo afirman que se respetará la norma que indica que debe reemplazarla una mujer.
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Las iniciativas judiciales se presentarán en conjunto después de negociaciones previas con la oposición post acuerdo con el FMI. Mientras que la reforma del Consejo de la Magistratura, se indicó, será tratada en una instancia diferente. Aún se estaba dirimiendo cuál será el momento, pero hay apremio frente a la fecha límite del 16 de abril, cuando caduca la composición actual. Lo más probable es que se intente darle tratamiento en sesiones extraordinarias, que serán convocadas la semana próxima -primero habían estipulado que a partir del 20 de enero, pero anteayer hubo un cambio de planes y se convocarían a partir del 24-.
El propio Consejo había exigido al Gobierno, a fines de diciembre, que trate “lo antes posible” -es decir, en Extraordinarias- el proyecto que adaptará el organismo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que comandó retomar la conformación original de 20 miembros o dictar una ley con una nueva integración más equilibrada. Hay tiempo hasta el 16 de abril.
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Aquel fallo de la Corte declaró inconstitucional la reforma que había impulsado la aún senadora Cristina Kirchner, quien disminuyó la integración a 13 miembros.
Mientras tanto, hay presiones de parte del kirchnerismo para avanzar con la ampliación de la Corte. Días atrás, el senador nacional del riñón de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, dijo que consideraba “una vergüenza” el funcionamiento actual de esa institución y opinó que el Gobierno debería aspirar a que los integrantes alcancen “los dos dígitos”. El propio Alberto Fernández se sumó a los cuestionamientos, días después, durante una extensa entrevista con radio AM 750. “La Corte tiene un problema de funcionamiento muy serio”, lanzó, aunque evitó especificar la cantidad de miembros a la que apunta alcanzar con la reforma. Sus palabras generaron una oleada de reacciones de parte de la oposición.
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El cálculo más optimista para tratar la candidatura de la nueva integrante de la corte y la posibilidad de nombrar un Procurador apunta recién, cómo mínimo, a los primeros días de abril.
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