El candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Fernando Sánchez, hizo una presentación ante la Oficina Anticorrupción solicitando que se incorpore al proyecto de Ley de Ética pública, que los sindicalistas, presidentes de obras sociales y otros agentes del sector, como sujetos obligados a presentar las declaraciones juradas sobre la evolución de sus patrimonios.
En el marco de la campaña electoral para las elecciones del próximo 14, el dirigente de la Coalición Cívica advirtió que “no podemos seguir teniendo sindicalistas ricos mientras hay cada vez menos empleos, menos empresas y obras sociales vaciadas”.
“Cuánto más oscura es la administración de estos fondos más fácil es que los patrimonios de quienes los administran no se puedan justificar”, alertó el referente del partido que lidera Elisa Carrió y que integra la coalición de Juntos por el Cambio. La carta fue enviada al titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous.
“Los privilegios deben acabarse para todos los que manejen fondos públicos. Quienes no puedan mostrar su patrimonio que no se postulen para estos cargos”, consideró Sánchez. Además, en su cuenta de Twitter, indicó que “el manejo de los recursos de los sindicatos y obras sociales dista mucho de lo que debería ser”.
La carta
En la presentación enviada a la OA, Fernando Sánchez advirtió que “los sindicatos y las obras sociales son personas jurídicas de carácter público no estatal, en tanto cumplen un rol destacado en la sociedad que les da un estatus particular establecido principalmente en las leyes que sirven de marco jurídico (...) estas entidades en ciertas ocasiones administran fondos públicos. El ejemplo más relevante lo encontramos en el dinero público que es transferido por la Superintendencia de Servicios de Salud en razón de la Administración de Programas Especiales creada para solventar los tratamientos vinculados a enfermedades de alto impacto económico que, si bien se integra con un porcentaje de los aportes de los trabajadores, cuenta también con fondos del Presupuesto Nacional”.
“Vemos como, tanto la normativa nacional como a nivel comparado, establece para este tipo de entidades cierto tipo de obligaciones vinculadas con la transparencia y la rendición de cuentas de sus administraciones. Es así que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a estos sujetos a informar acerca de la administración de fondos públicos que reciben. Por su parte, la Ley 19/2013 de España incorpora a las organizaciones sindicales y empresariales como sujetos alcanzados por las obligaciones de publicidad activa”, resaltó el candidato de la lista que encabeza María Eugenia Vidal.
Y completó: “Con los alcances allí establecidos consideramos necesario incorporar a la autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales, de las obras sociales y de entidades empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa), como sujetos obligados a la presentación de la declaración jurada patrimonial y de intereses, al proyecto de ley que, luego de la participación ciudadana, finalmente se envíe al Congreso de la Nación”.
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