Del “tomate un paracetamol” a “esto iba a pasar”: las mentiras de la “Rímolo chaqueña”, la falsa médica imputada por homicidio

Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, no pasó por una Facultad de Medicina ni tenía título habilitante. Su formación llegaba al secundario completo. Sin embargo, desde agosto de 2024 hasta abril de 2026, se hizo pasar por médica en el hospital Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, Chaco. Con una matrícula profesional que no le pertenecía, la mujer atendía personas que llegaban a la guardia con cuadros graves. La investigación que lidera el fiscal Marcelo Soto calcula que por sus manos pasaron más de 1.200 pacientes.

Hoy, Ojeda está detenida —después de haber estado prófuga— e imputada por usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual por la muerte de Lorenzo Blanco, un paciente de 63 años que llegó a la guardia con molestias en el pecho y calambres en el brazo izquierdo. Según contó su hijo, la falsa médica le indicó paracetamol y reposo. Horas después, el hombre murió.

En las denuncias que se acumulan en el expediente, y a las que pudo acceder Infobae, aparecen escenas similares: pacientes con dolores físicos, heridas infectadas o cuadros graves que, de acuerdo con sus familiares, fueron minimizados. “Es normal, ya se te va a pasar”, “Tomate un paracetamol” y “Esto iba a pasar” son algunas de las frases que se le atribuyen a Ojeda. Los medios locales la llaman “la Rímolo chaqueña”.

La causa podría ampliarse. El abogado Daniel Acosta, que representa a tres grupos familiares con víctimas fatales y a la familia de Franco Escobar, un joven de 26 años que permanece internado en grave estado en el hospital Perrando tras la amputación de una pierna, advirtió que podrían aparecer nuevos casos. “Son tantas las personas que atendió que es muy probable que aparezcan otras víctimas. Será un caso histórico”, le dijo a Infobae.

El modus operandi

El caso estalló a fines de abril, cuando Ojeda fue denunciada por el exdirector de la Región Sanitaria II, Orlando Di Nubila, por ejercer sin matrícula. La presentación no surgió de una sospecha externa: según se reconstruyó, las primeras dudas aparecieron dentro del propio sistema de salud. En el hospital de Quitilipi, algunos trabajadores comenzaron a advertir irregularidades en la supuesta médica.

Según relató Di Nubila, sus propios compañeros empezaron a notar que a Ojeda “le faltaba mucha capacitación”. Una de las situaciones que terminó de exponer esas falencias ocurrió durante la Copa Indunor, donde hubo incidentes en la cancha: allí, dijo, fueron las enfermeras quienes debieron hacerse cargo de las suturas.

Para entonces, Ojeda ya había pasado por más de un establecimiento sanitario. Además del hospital Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, la investigación también puso bajo la lupa su desempeño en el hospital de Presidencia de la Plaza, donde habría realizado guardias bajo la misma identidad profesional. Funcionaba, en los hechos, como una suerte de “médica golondrina”: no hacía consultorio ni seguimiento de pacientes, sino que se movía entre guardias.

Para Daniel Acosta, abogado de varias familias denunciantes, la clave estaba en que Ojeda trabajaba en las guardias, donde no había continuidad en la atención. “Ahí no se le iba a detectar con precisión que no sabía nada. Hacer consultorio implica seguimiento y recetar estudios. Les curaba ‘la nana’ y les decía: ‘Andá a tu casa, ya vas a sanar’. Total, la bomba le iba a explotar a otro. Era un pasamanos. Hacía curanderismo”, sostuvo en diálogo con Infobae.

La otra pieza del engaño fue la matrícula. Ojeda utilizaba un número profesional que no le pertenecía y que correspondía a un médico en actividad oriundo de la localidad de Juan José Castelli. El uso de esa credencial le permitió atender pacientes, recetar medicación y firmar documentación. De momento, se estima que existirían al menos una decena de certificados de defunción firmados por la acusada.

El impacto institucional fue inmediato. Tras la denuncia, Di Nubila fue apartado de la conducción de la Región Sanitaria II. Para los investigadores, uno de los puntos centrales es determinar cómo accedió a esa matrícula y qué controles fallaron para que pudiera usarla dentro del sistema sanitario.

¿Qué les decía a sus pacientes?

En el caso de Lorenzo Blanco —que hoy sostiene la imputación más grave contra Ojeda— todo se remonta al 21 de diciembre de 2025, cerca de las 3 de la mañana, cuando el hombre de 63 años llegó al hospital con molestias en el pecho y calambres en el brazo izquierdo. Según su hijo Miguel, Ojeda lo miró y, sin hacerle chequeos básicos, le dijo que se tomara un paracetamol y volviera a su casa a hacer reposo. “Ya se te va a pasar”, le habría asegurado.

Horas después, Blanco regresó descompuesto a la guardia. Cuando su hijo logró entrar a verlo, encontró a su padre muerto. En la desesperación, le reclamó a Ojeda que no había hecho nada para salvarlo. La respuesta fue: “Esto iba a pasar”.

A Mario García lo llevaron al hospital el 27 de enero de 2026 después de que se descompensara en su casa. Su hija Paola declaró que el día anterior había ido a visitarlo y que él le contó que le dolía el cuerpo, pero que había ido al hospital “callado nomás” para no preocupar a su esposa. Según le dijo entonces, allí le respondieron que “no era nada” y que se relajara.

Al día siguiente, el cuadro empeoró y su familia lo trasladó en una camioneta hasta la guardia. Una hora después, hizo pasar a Paola y le comunicó que su padre había llegado sin vida. “Murió en la casa”, le dijo.

La familia recién volvió sobre esa escena cuando el caso de Ojeda se hizo público. Paola García, hija de la víctima, contó que vio la foto de la falsa médica en su celular y la reconoció. Después revisó el acta de defunción de su padre: allí figuraba el mismo nombre, “Mabel Ojeda - Clínica Médica”.

La presentación de Griselda Escobar reconstruye otro episodio. Su hermano Franco, de 26 años, llegó al hospital el 3 de abril de 2026 por una herida en la pierna izquierda provocada por un hierro durante un accidente doméstico. Según relató, le hicieron curaciones externas, le indicaron antiinflamatorios y le dijeron que volviera cada seis horas.

Durante el fin de semana, Franco volvió una y otra vez por el dolor. Le pedía a Ojeda que hiciera algo más o que lo derivara, pero la respuesta habría sido que era normal, que “ya se le iba a pasar”. El lunes siguiente, otra médica lo vio y le dijo a la madre: “¿Por qué dejaron pasar tanto tiempo? La situación de su hijo es muy grave”. Franco fue derivado, entró varias veces a quirófano y terminó con la pierna izquierda amputada. Hoy permanece internado en el hospital Perrando en estado crítico.

El último de los casos incorporado al expediente es el de Germán Luque. El hombre comenzó a sentirse mal el 5 de enero de 2026: estaba débil, tenía molestias en el pecho y un leve entumecimiento en el brazo. Primero fue atendido en la salita de El Palmar y luego trasladado a Quitilipi. Allí, de acuerdo con el relato de su hijo y su esposa, les dijeron que no estaba para internación y que podía tratarse de “un golpe de calor”.

Al día siguiente, Luque volvió al hospital para realizarse estudios y se descompensó en la guardia. En ese momento, Ojeda habría intentado reanimarlo con las manos, pero —siempre según los denunciantes— “no sabía ni lo que hacía”. Minutos después, salió y les dijo en voz baja: “No había más nada que hacer”. Luego, intentó responsabilizarlos por el desenlace: “Cómo no se dieron cuenta de que ya lo trajeron infartado”.

En las últimas horas, la defensa de Ojeda pidió apartar al fiscal Marcelo Soto de la causa. El planteo fue presentado por sus abogados, Felipe Fontanetto y César López, quienes sostienen que la investigación debe volver a la Fiscalía N°4, donde —según su postura— se inició el expediente.

Ojeda, por su parte, nunca dio su versión ante la Justicia: cuando fue indagada, se abstuvo de declarar. El expediente sigue abierto y todavía debe determinarse qué ocurrió con cada paciente, cómo accedió a una matrícula ajena y qué controles fallaron para que pudiera trabajar durante más de un año en hospitales públicos.