El decreto por la vacuna Pfizer: el Gobierno apostó a una partida política menor y paga doble costo frente a la sociedad

El oficialismo había rechazado tratar el tema en Diputados. Pero el problema es mayor. Asomó con dramatismo una situación poco difundida: la de los menores con enfermedades graves que esperan esa vacuna. Y la solución por DNU expuso a la vez el increíble tiempo perdido

Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, al anunciar ayer el DNU sobre las vacunas
Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, al anunciar ayer el DNU sobre las vacunas

Vilma Ibarra intentó disimular lo indisimulable, es decir, el juego menor del Gobierno para avanzar con un DNU en lugar de cerrar un acuerdo en el Congreso para habilitar las compras o donaciones de la vacuna Pfizer y, por extensión, de Moderna y Janssen. La funcionaria trabajó el texto que expresa la decisión presidencial y reconoce, de manera implícita, que resultaba insostenible la posición del Gobierno, alimentada por explicaciones variadas y hasta insólitas, durante meses. Y eso, el paso de tanto tiempo, resultó corrosivo. Frente a ese cuadro, la funcionaria eligió la peor salida: dijo que se apeló a un decreto porque el trámite legislativo demandaría mucho tiempo. Raro, después de más de medio año que ahora se expone desperdiciado.

“Los contagios no siguen los tiempos parlamentarios”, dijo Vilma Ibarra. Es probable que esa declaración no caiga bien incluso en los bloques oficialistas y autoridades de las Cámaras. Pero además, según se encargaban de enfatizar anoche en medios legislativos, acelerar los tiempos es antes que nada una decisión política. Con acuerdo entre las fuerzas mayoritarias, una ley podría ser sancionada en un puñado de días y sin correr.

Finalmente, lo que se decidió por decreto fue modificar la Ley de Vacunas, con un texto que incluye otras consideraciones y unas pocas medidas entre las que sobresale, naturalmente, suprimir el concepto de “negligencia”, tal como reclamaba Pfizer en línea con los cuidados de indemnidad. Antes de que quedara en claro ese punto como eje del desacuerdo con el laboratorio, desde el oficialismo se habían dejado correr todo tipo de explicaciones, algunas disparatadas, que a su vez abonaron las prevenciones y algunas acusaciones de la oposición.

Pero sobre todo, aparte de las idas y vueltas con los dichos del Presidente, del ex ministro Ginés González García y de algunos legisladores, entre otros, el punto terminó siendo la cantidad de meses transcurridos y la cerrazón que impidió firmar un contrato en el que la Argentina arrancaba en una situación de privilegio.

Carmen Polledo, diputada de Juntos por el Cambio, al reclamar sin éxito en el recinto una reforma a la ley de Vacunas
Carmen Polledo, diputada de Juntos por el Cambio, al reclamar sin éxito en el recinto una reforma a la ley de Vacunas

El capítulo previo al DNU había sido escrito veinticuatro horas antes en Diputados. Fue la expresión pública de una fuerte jugada opositora empujada por Juntos por el Cambio, con apoyo de legisladores referenciados en Roberto Lavagna y el aporte de izquierda y de representantes de fuerzas provinciales que gobiernan en Misiones y Río Negro. Plantearon tratar fuera de temario un proyecto para suprimir el término “negligencia”. Sin los votos del oficialismo, era imposible aprobarlo. Y el oficialismo votó en contra sin fisuras.

La oposición había terminado de transformar en bandera propia el reclamo de una reforma de la ley que permitiera la llegada de vacunas Pfizer. Y para el oficialismo resultaba inaceptable a esta altura tratar en el recinto la propuesta de JxC y otros legisladores. En sentido contrario, Santiago Cafiero, Vizzotti y también varios diputados se habían tomado el tiempo para intentar descalificar las demandas de la otra vereda.

Esa es la parte visible. Con todo, hubo antes y de manera reservada algunas ofertas de la oposición al oficialismo para avanzar con algún texto de ley que permitiera revertir la situación. Al menos desde oficinas de legisladores de peso, empezando por Mario Negri y Cristian Ritondo, partieron señales para allanar el camino legislativo.

La Ley de Vacunas fue aprobada en el Congreso en octubre y sancionada en noviembre. Pasó algún tiempo hasta que ganó notoriedad el empantanamiento en la negociación con Pfizer. Pero al menos desde marzo, hubo reclamos de la oposición y también contactos desde el interbloque de JxC para resolver la cuestión en el Congreso.

Por supuesto, pesó ahora la imagen del Frente de Todos rechazando el jueves en Diputados la posibilidad de votar un a salida. No es el único factor. En la lectura de Olivos, se anotan los mensajes llegados desde Estados Unidos. Todo en el terreno estrictamente político.

De todos modos, tal vez los datos de mayor gravitación sean otros. En esa lista, el desgaste que suponen las dificultades que arrastra el plan de vacunación, ya en los primeros metros del invierno y con los temores a la tercera ola y a la variante Delta. Pero seguramente más aún, el dramatismo que agregó el dato de los miles de menores con enfermedades graves que no pueden ser vacunados si no es con la Pfizer.

Los cálculos políticos y la pulseada con ese laboratorio -y de hecho, la puerta cerrada también a Moderna y Johnson & Johnson- aparecían así como elementos increíbles, además de insostenibles, frente a los meses consumidos desde la sanción de la ley ahora reformada por decreto.

El DNU expresa de manera implícita la aceptación de la falta de margen para mantenerse en una posición cerrada, propia de microclimas, Habrá que ver cómo sigue la historia en el Congreso y su impacto en la interna oficialista. Por lo pronto, la reacción de ayer pareció limitada a una apuesta menor contra la oposición, aunque el contexto más amplio seguramente fue registrado. El costo parece doble. Sería político, porque el Gobierno termina jugando en un terreno que prefería no pisar. Pero sobre todo es social, precisamente por el efecto del tiempo perdido, y medido a escala humana.

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