El Gobierno pone el foco en las restricciones para demorar el ingreso de la variante Delta y mejorar el control de los contagios en las provincias

En el gobierno nacional existe una preocupación cada vez más marcada sobre el posible impacto de la variante Delta del COVID-19 durante el invierno. Es el gran temor que hoy sobrevuela la Casa Rosada y que podría generar dos problemas de difícil resolución para el oficialismo: la saturación del sistema sanitario y la necesidad de aplicar un confinamiento en la antesala de las elecciones.

Con las últimas medidas que quedaron impresas en el DNU del sábado, Alberto Fernández buscó generar una red de contención para evitar que la nueva cepa se filtre con facilidad por las fronteras y origine la circulación comunitaria del virus en los meses más fríos del año. El Presidente redujo el cupo de ingreso al país de 2000 a 600 personas por día. Un mínimo.

Las autoridades sanitarias advierten que la variante Delta cambió el escenario epidemiológico en el corto plazo y que, en consecuencia, también debe cambiar la estrategia. Deben ajustar los controles y coordinar los esfuerzos con las provincias para no retroceder y mantener indemne el camino hacia la nueva normalidad.

En los últimos días en el Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti empezaron a estudiar dos cambios de estrategia: acelerar la aplicación de las segundas dosis en los mayores de 60 años para aumentar su inmunización en el corto plazo y combinar vacunas de diferentes marcas para no estar atados a la llegada de las segundas dosis. Sobre todo en el caso de la Sputnik V.

En ese sentido, están evaluando la posibilidad de utilizar las vacunas de Cansino como segundas dosis de Sptunik V. Es un proceso que está en evaluación y un tema que probablemente sea tratado este miércoles en la reunión del Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNai) que encabezará Vizzotti. Por el momento no hay definiciones.

El Gobierno apuesta a ralentizar el ingreso de la variante Delta, ganar tiempo para aplicar más vacunas y darle margen a los gobiernos provinciales para que reorganicen los controles a quienes, luego de regresar al país desde el exterior, deben cumplir con el aislamiento en su domicilio.

Los pasajeros que regresan al país deben hacerse un PCR antes de subirse al vuelo que los trae a la Argentina, un test de antígeno una vez que llegan al Aeropuerto de Ezeiza y un nuevo PCR siete días después. En esa ventana de tiempo la responsabilidad individual es determinante.

Una persona puede dar negativo en los dos primeros testeos pero incubar la enfermedad en los días posteriores y tener síntomas. Por eso es clave el cumplimiento del aislamiento. Si la gente no cumple con el confinamiento en sus domicilios, la posibilidad de propagar la nueva cepa aumentará.

Desde que se publicó el último decreto las autoridades provinciales pueden disponer dónde deben cumplir el aislamiento las personas que regresan al país. Cada gobernador decide cómo aplicar y controlar las cuarentenas, pero lo esencial son los controles para que el cumplimiento sea efectivo.

La provincia de Buenos Aires dispuso que los primeros cuatro días tendrán que aislarse en un hotel y pagar el costo del alojamiento. Luego cumplir el final del confinamiento en sus domicilios. El gobierno porteño, si el test es negativo, los deja cumplir con el aislamiento en sus casas, y si es positivo deben quedarse 10 días en un hotel que será abonado por la gestión de Rodríguez Larreta.

En Santa Fe se les hace un monitoreo diario a las personas que deben cumplir la cuarentena en sus casas y, según el registro que llevan, el 90% cumple con el aislamiento. En Córdoba tienen una estrategia complementaria con la Ciudad de Buenos Aires ya que los pasajeros que dan positivo de COVID-19 se quedan en un hotel porteño y si dan negativo viajan a la provincia, donde las autoridades sanitarias le hacen un seguimiento. Ejemplos de estrategias diferentes.

Desde el Gobierno le pidieron a las provincias reforzar los controles, casa por casa, para que la gente cumpla con la cuarentena, y que reorganicen el sistema de monitoreo para que sean lo más efectivos posibles. Que tengan una trazabilidad de los infectados. Quiénes son, cuándo llegaron, dónde viven. En ese sentido, colabora que haya menos cantidad de pasajeros arribando al país diariamente. El control puede ser más focalizado.

Por el momento en la Casa Rosada sostienen que la restricción llegará hasta el 9 de julio, día en que se vence la Decisión Administrativa. Sin embargo, el Gobierno avanza con un plan de acción más vinculado a reducir las posibilidades de ingresos desde del exterior que a mantener una apertura similar a la que había hasta el último viernes. No sería extraño que la medida se extienda.

La Argentina tiene el 35% de su población vacunada con una sola dosis. En el Gobierno tienen en claro que, pese a los esfuerzos por darle volumen al operativo de vacunación y superar la barrera de los 8 millones de dosis aplicada por mes, con el nivel de vacunación que hay no alcanza para enfrentar a la nueva cepa.

Distinta es la situación en lugares como Estados Unidos o Gran Bretaña, donde la variante Delta ingresó, pero el daño es menor porque la mayoría de la población está inmunizada, lo que genera que el virus tenga menos margen para circulación y haya menos cantidad de contagiados.

El primero en dar un paso distinto frente a ese cuadro fue el gobierno porteño. El ministro de Salud local, Fernández Quirós, aseguró que con una sola dosis no alcanza para evitar el contagio. Como medida inmediata la gestión de Rodríguez Larreta decidió darle prioridad al cierre de los esquemas de vacunación de todos los que ya tienen la primera dosis.

En paralelo, el Gobierno afronta un espinoso camino durante el invierno debido a la proximidad de las elecciones. Si la variante Delta ingresa al país, el Presidente estará obligado a tomar medidas restrictivas para evitar que la circulación genere una ola de contagios tan grande que vuelva a poner en jaque al sistema sanitario.

Ese potencial escenario no sería el mejor de cara a los comicios. Tal es así que el Gobierno comenzó a enviar mensajes a la sociedad relacionados a un clima de pospandemia. Mensajes que buscan cambiar el humor de millones de personas que están agotadas de las restricciones y agobiadas por una pandemia que ya lleva un año y medio.

Para el Gobierno lograr que la variante Delta no atraviese las fronteras es una necesidad sanitaria y también electoral. Es una cadena. Si el virus ingresa, todos los gobiernos provinciales y el nacional deben tomar medidas sanitarias, lo que les genera un costo político frente a sus sociedades.

Todos tienen sobrados motivos para reforzar los controles y hacer cumplir las reglas hasta en los pueblos más chicos del interior del país. No es la primera vez que Fernández y sus ministros le piden a los gobernadores que colaboren con los controles de las medidas.

En la Casa Rosada asumen que, en reiteradas oportunidades, los mandatarios miran para otro lado o no son capaces de ejercer un control estricto. Falencias de gestión que, tarde o temprano, terminan obligando al gobierno nacional a asistir sanitariamente a las provincias. La señal de alerta ya fue dada. Los gobernadores deben hacer cumplir las reglas y organizar los controles. De ellos también depende que Argentina no tenga una tercera ola de COVID-19.

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