El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Cámara de Diputados, Sergio Massa, serán los próximos testigos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz, una fecha que todavía no se fijó pero que se estima para agosto.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juicio, les informó a todas las partes que el próximo bloque de testigos del caso serán quienes fueron jefes de Gabinete de Cristina Kirchner. Además de Fernández y Massa declararán Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medida y Jorge Capitanich, actual gobernador de Chaco.
El jefe de Estado, Massa y Capitanich podrán elegir por sus funciones si declaran por escrito u optan por ir al juicio. “La metodología se definirá en los próximos 10 o 15 días y ahí podemos estimar que esas declaraciones serían en la segunda o tercera semana de agosto”, le dijo a este medio una fuente judicial.
Serán los testimonios más trascendentes desde lo político del juicio en un año electoral y a poco de las internas legislativas de septiembre y las generales de noviembre. Además, en tribunales comenzaron los análisis de lo que significa políticamente cualquier decisión que tome Alberto Fernández sobre cómo declarar.
El tribunal oral dividió la declaración de los testigos en bloques. Primero lo hicieron los denunciantes del caso, luego los ex funcionarios de Vialidad Nacional, de Vialidad de Santa Cruz, de la Subsecretaría de Obras Públicas, los que trabajan en los presupuestos de las obras y actualmente lo están haciendo, los de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP), de los que restan media docena.
El presidente del tribunal, Jorge Gorini, les informó hoy a las partes que cuando culminen los testigos de la AFIP será el turno de la declaración de los ex jefes de Gabinete. La lista la integran Fernández, Massa, Abal Medina, Capitanich, Aníbal Fernández -todos los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner y Alberto Fernández de Néstor Kirchner- y Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica y actual procurador del Tesoro de la Nación.
Sus declaraciones fueron pedidas por la defensa de la vicepresidenta, a cargo de Carlos Beraldi, y de otros acusados como Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, para que declaren sobre la reasignación de partidas del presupuesto que iban a las obras del empresario. Esa función correspondía a los jefes de Gabinete y los acusados quieren que declaren que no hubo irregularidades en las reasignaciones. Por su parte, Zannini, como secretario de Legal y Técnica, era quien controlaba la formalidad de esas decisiones.
“Van a tener que citar al Presidente de la República que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008. Será interesante escuchar lo que tiene para decirles”, dijo Cristina Kirchner cuando declaró en indagatoria en el juicio, el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir.
La ex presidenta hizo referencia en esa declaración al rol de los jefes de Gabinete en la reasignación del presupuesto. “Sin embargo acá no está citado ningún jefe de gabinete, y no digo que tengan que estar acá”, sostuvo para criticar lo que considera una causa política en su contra.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzga si hubo irregularidades en las 52 obras públicas que recibió Báez para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Concretamente sobreprecios, obras sin terminar y asignaciones cuando las compañías no tenían antecedentes para hacerlas. Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner, Báez y De Vido están imputados el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.
El presidente Fernández, Massa y Capitanich podrán elegir la forma de su declaración. El artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación establece que cuando son testigos “no estarán obligados a comparecer” al juicio “el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales”, entre otros, y tienen la posibilidad de declarar por escrito. Pero que también “podrán renunciar a este tratamiento especial”.
El Código agrega que “según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, aquellas personas declararán en su residencia oficial, donde aquél se trasladará, o por un informe escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo juramento”.
Fuentes judiciales adelantaron que a partir de la próxima semana el tribunal les enviará un oficio a Fernández, Massa y Capitanich para preguntarles de qué manera van a declarar. Si lo hacen por escrito, el tribunal les pedirá a todas las partes las preguntas para enviarles. Si deciden ir al juico, se fijará si es en la sala de audiencias o por la plataforma Zoom.
El tribunal aplica las dos modalidades. Los jueces están presentes en una sala de audiencias en Comodoro Py y las partes se conectan por la plataforma. Lo mismo los testigos. Algunos declaran desde la sala y otros por Zoom.
Las partes podrían opinar, en el caso de que Fernández, Massa y Capitanich opten por ir al juicio, cuál es el mecanismo que creen mejor. Eso pasó con Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional de Mauricio Macri y quien presentó la denuncia que dio origen a la causa penal. Iguacel iba a declarar por videoconferencia pero las partes le pidieron al tribunal que sea presencial por la importancia que para ellos tenía esa declaración.
Cuando el tribunal obtenga las respuestas de cómo van a declarar, establecerá las fechas en las que lo harán. Primero tiene que culminar el bloque de los testigos de la AFIP. Se estima que el Presidente de la Nación y los ex jefes de Gabinete podrían hacerlo a partir de la segunda o tercera semana de agosto.
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