Mientras el equipo de auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) avanza en el estudio de los contratos de compra de vacunas que cerró el Gobierno, en paralelo también comenzó a analizar los gastos que se realizaron en medio de la pandemia durante el 2020. En especial aquellos que representaron buena parte del déficit.
La lupa hoy está puesta en dos programas en particular que fueron los salvavidas durante el 2020: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Estos fueron los dos programas con los que el Gobierno nacional busco sostener a los sectores más golpeados por la pandemia y que significó alrededor del 5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Durante el 2020 el IFE alcanzó a 9 millones de personas los que recibían un suma bimestral de 10.000 pesos mientras que el ATP alcanzó a 230.000 empresas.
Parte de la información que está utilizando la AGN corresponde a los datos de la ANSeS, que es desde donde surgió buena parte de los datos que se utilizaron para pagar las ayudas.
En lo que se refiere al IFE, un trabajo de la Fundación Alem, fundación de la Unión Cívica Radical, señala que durante el 2020 “adquirió una magnitud crítica en términos del presupuesto nacional”, en general, y de los programas sociales en particular, de la cantidad de beneficiarios y, también, de las medidas para paliar la pandemia.
Según los datos de la entidad, durante el 2020 el gasto “sumó casi 1% del PIB, es el programa social con mayor cantidad de beneficiarios y el más importante en términos monetarios, luego del pago de jubilaciones y pensiones”.
Tomando los datos de la ANSeS, el IFE representa 31,6% de la población en un rango que va de los 18 a los 65 años a nivel nacional. Y el impacto depende de la zona en la que se desarrolló.
En las provincias del norte del país en donde se concentra los peores indicadores de pobreza por afuera del Gran Buenos Aires el IFE significó una cobertura que, en algunos casos, llegó a la mitad de la población. Ese fue el caso de Santiago del Estero en donde los destinatarios representan casi 50% de la población objetivo y en Chaco, Formosa, Corrientes y Salta dichas proporciones se sitúan por encima del 40%.
“Esos registros resultan, cuando menos, sorprendentes. En el caso de Santiago del Estero, por ejemplo, accedieron al IFE 279.710 personas que constituyen casi el 50% de todas las personas de entre 18 y 65 años y el 71% de la Población Económicamente Activa (PEA) radicada en esa jurisdicción. O visto de otra manera, el IFE otorgado en Santiago del Estero supera a la cantidad de hogares con jefes/as desocupados y ocupados informales, característica que se repetiría a nivel nacional”, explica el informe.
El dato del trabajo, además del impacto en la población económicamente activa que se quedó sin trabajo formal durante el 2020 es que el movimiento del capital no respeta los criterios que establecía el programa para asignar recursos.
Pero mientras el trabajo de los auditores avanza con datos de la ANSeS, el informe de la fundación Alem explica que “a pesar de la magnitud del programa, el Poder Ejecutivo y los funcionarios que intervienen en el proceso tienen elevados grados de discrecionalidad para definir el monto y cantidad de los pagos, los beneficiarios y las condiciones de exclusión, entre otros aspectos, lo que genera condiciones para una aplicación arbitraria e imparcial”.
El titular de la AGN, Jesús Rodríguez, confirmó a Infobae que está en análisis ya que “forma parte de la labor” de la institución. “Preparamos informes sobre los gastos del Ejecutivo para que el Congreso lo analice y oficie de órgano de control”.
“Si bien es cierto que las características propias de la evolución de la pandemia y de las medidas necesarias que debe implementar el Poder Ejecutivo para su contención, requieren elevados grados de flexibilidad y excepcionalidad, no menos cierto es que estas medidas extraordinarias deben ser acompañadas por un mayor y exhaustivo control”, señaló el funcionario.
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