Coparticipación: no hubo acuerdo entre Nación y Ciudad y se suspendió la instancia de mediación ante la Corte Suprema

Las dos partes firmaron un acta luego de una nueva reunión ante el Máximo Tribunal. “Se reanudan los plazos procesales (del juicio)”, dice ese documento. Sin embargo, se ratificó que sigue el diálogo abierto.

Los representantes de la Ciudad de Buenos Aires (Foto de achivo)
Los representantes de la Ciudad de Buenos Aires (Foto de achivo)

No hubo acuerdo ni sorpresas. La audiencia entre los representantes del gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos convocada por la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto por los fondos de la coparticipación federal terminó sin avances y de esta manera el juicio seguirá su curso. Las dos partes firmaron un acta de una carilla en la que se ratifica la voluntad de diálogo pero se reanudan los plazos procesales, que estaban suspendidos para tratar de llegar a un acuerdo, pudo saber Infobae de fuentes oficiales.

De parte de la Ciudad asistieron el procurador porteño Gabriel Astarloa; el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, que reemplazó al ministro de Hacienda Martín Mura, uno de los tres funcionarios de la Ciudad internados por Covid.

Nación envió a tres abogados del Ministerio de Economía: Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson, los mismos que participaron de las audiencias anteriores.

Los representantes de la Ciudad dejaron asentada en el acta que no hubo avances en las negociaciones por lo que “se reanudan los plazos procesales”, aunque aclararon que continúan abiertos el diálogo. En tanto, los emisarios de Nación también dejaron constancia que “mantienen su vocación de diálogo”, aunque a esta altura parece casi una formalidad.

La disputa surgió luego de la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad, tras el conflicto que tuvo el Gobierno de Axel Kicillof con la policía bonaerense. A esa medida, le siguió la sanción de una ley en el Congreso nacional que podó $65 mil millones al presupuesto porteño. El oficialismo argumentó que era un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad.

El Gobierno de la Ciudad presentó un amparo para que esa decisión sea declarada inconstitucional. La Corte Suprema citó a ambas administraciones a una serie de audiencias de conciliación que no lograron avanzar. En el medio hubo varias reuniones entre los equipos técnicos donde tampoco se llegó a buen puerto, dijo una fuente de la Ciudad.

Semanas atrás el ministro de Economía Martín Guzmán y el de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, recibieron a Horacio Rodríguez Larreta para discutir el tema en privado. Pero tampoco hubo avances en la negociación.

El recorte de fondos para la Ciudad implicó la pérdida de 40 mil millones de pesos en los últimos siete meses, según estimaciones de la administración porteña. El Ejecutivo porteño paralizó todas las obras públicas y tuvo que implementar un fuerte recorte de gastos y aumento en los ingresos para financiar a las fuerzas de seguridad, que insumen 95.000 millones de pesos.

Sin embargo, por la decisión de Nación, el monto transferido es de 24.500 millones de pesos, por lo que la diferencia debe ser cubierta por la Ciudad. Para la administración porteña, ese monto no es suficiente para que Rodríguez Larreta afronte los gastos que implica mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad.

Además de las cuestiones constitucionales, entre los puntos que Ciudad entiende prioritario discutir se encuentran el monto necesario para financiar el servicio de Seguridad transferido, el mecanismo de actualización de dicho monto -que debe ser representativo y transparente-, y el mecanismo de transferencia de los recursos, el cual debe ser automático y por fuera del Presupuesto nacional, indicó CABA mediante un comunicado. Sobre todas estas cuestiones debería alcanzarse un acuerdo razonable que no es el que está previsto en la Ley 27.606 que la Ciudad ha cuestionado por ser inconstitucional.

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