
El Gobierno nacional prorrogó el vencimiento del plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas. Se extendía hasta fines de este mes, pero ahora tendrán tiempo hasta culminar julio.
La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. A través de la Resolución 5/2021, la Oficina Anticorrupción dictó que se prorroga “hasta el día 31 de julio de 2021 el plazo de vencimiento para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes a las obligaciones Anuales 2020″.
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Mediante la Ley 25.188 se estableció el Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales, por medio del cual se impulsó la obligación de presentar la documentación al inicio de la actividad en el cargo o función, que haya una actualización anual, y otra presentación al egresar de la función pública.
A diferencia de otras declaraciones juradas que se entregan ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el caso de la de los funcionarios no rige el secreto fiscal establecido por la legislación impositiva.
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En efecto, por resolución de la AFIP la información incluida en la Declaración Jurada Patrimonial Integral, será la correspondiente al período fiscal finalizado al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de la presentación.
En la última reglamentación se fijó como fecha de vencimiento el día 30 de mayo. Mientas que en lo que respecta a Impuestos a las Ganancias y Bienes Personas, se producirá durante la primera quincena del mes de junio.
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En este contexto, la Oficina Anticorrupción a cargo de Félix Crous consideró que “resulta necesario adecuar la fecha de vencimiento” para brindar a los funcionarios declarantes “un plazo factible para completar la aludida información antes de su vencimiento”.

Y aclara que “la habilitación de los formularios de carga correspondientes a las declaraciones fiscales del ejercicio 2020 resulta condición necesaria para las referidas presentaciones, en el caso de los funcionarios que presenten los formularios de declaración jurada correspondientes al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales”.
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La misma resolución instruye a los responsables de las áreas de personal, administración o recursos humanos que procedan a “divulgar el contenido de la presente” a los funcionarios obligados de su respectiva jurisdicción.
El año pasado, el plazo para que ingresen su declaración jurada anual ante la OA, fue el 30 de septiembre. En el caso del Gobierno nacional, de aquellos miembros que estaban próximos a cumplir un año siendo parte del Poder Ejecutivo, solo seis integrantes del Gabinete de Alberto Fernández declararon bienes por encima de los 10 millones de pesos.
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Hasta mediados de 2020, el ministro de mayor patrimonio era Matías Lammens, con $39,6 millones. El titular de la cartera de Turismo tenía a principios del 2019 un patrimonio de $24 millones. La cifra representa un 65% más de lo que informó en su declaración jurada de alta ante la Oficina Anticorrupción. El segundo integrante del Gabinete con mayor patrimonio era Julio Vitobello, con casi $28 millones, un 42% más que a principios del 2019.
Le seguía en el ranking el ministro de Trabajo Claudio Moroni, con $22,3 millones declarados ante la OA a fines del 2019, un 44% más que a principios de 2020. Luego Daniel Arroyo, con $19 millones, esa cifra representó un 91% más que a principios de 2019, cuando había declarado $10 millones.
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En la declaración anual del año pasado, por encima de los $10 millones también se ubicaban en el ranking el por entonces ministro de Salud, Ginés González García, y el de Cultura, Tristán Bauer.
Mientras que Alberto Fernández informó en su primer año como presidente un patrimonio de $5 millones a fines de 2019, un 71% más que al cierre del año anterior, cuando había informado $3 millones. Cristina Kirchner, por su parte, había informado un patrimonio de $9,7 millones, un 39% mayor que el año anterior.
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