Alberto Fernández declaró como testigo en la causa Vicentin y podría complicar la situación de los empresarios

El presidente Alberto Fernández declaró este miércoles como testigo en las investigaciones por el posible delito de estafa y administración fraudulenta que lleva adelante la Justicia santafesina contra la agroexportadora Vicentín, cuyo multimillonario default y las idas y vueltas respecto de una nacionalización de la empresa todavía repercuten en el sector privado.

El Presidente de la Nación declaró por escrito en la causa que se lleva a cabo en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Santa Fe e investiga el default de la empresa que hoy se encuentra en concurso de acreedores. Algunos entienden que hubo un vaciamiento que dejó a 1.700 acreedores entre productores, bancos extranjeros y el Banco Nación.

Las preguntas se las hizo llegar el fiscal Miguel Moreno, a instancias de Gustavo Feldman, abogado de varios acreedores privados. El representante del Ministerio Público buscó saber si en el encuentro que tuvo Fernández y parte de su gabinete con Nardelli y otros miembros de Vicentín el empresario había señalado que las compañías que tomaron las deudas y que forman parte del entramado de sociedades eran sellos de goma que tenían como única misión la toma de créditos.

La respuesta de Fernández no fue exactamente lo que buscaba Feldman pero podría complicar la situación de los empresarios.

La primera respuesta de Fernández apunta a que tuvo “una sola reunión” con las autoridades de Vicentín y que ese encuentro fue “el 11 de junio de 2020″ en donde estuvieron presentes “Vilma Ibarra, Omar Perotti, Matías Kulfas, Luis Basterra, Julio Vitobelo, Rodrigo Luchinsky, Sergio Nardelli, Alberto Macua, Gabriel Fissore” y el Presidente.

De esta manera el Presidente desmintió versiones que indicaban que Fernández y Nardelli se habían reunido a solas.

Pero el punto principal de las respuestas –en un escrito que ocupa una carilla y media– es el que se refiere a las conversaciones que se mantuvieron en ese encuentro y al rol del conglomerado de empresas.

“Los representantes de la empresa hablaron sobre la situación financiera de Vicentín SAIC e informaron que la deuda era de aproximadamente 1.350 millones de dólares estadounidenses. Ellos buscaban un mecanismo de asociación con el Estado, propuesta que no tuvo una respuesta favorable. En la reunión también se hizo mención a la cantidad de empresas del grupo y al entrecruzamiento de las mismas, a lo que ellos llamaron “expansión del grupo”; también se hizo mención a la gran cantidad de créditos tomados, en particular con entidades financieras públicas que se encontraban -y todavía se encuentran- impagos y con graves perjuicios para el Estado. Luego de un breve intercambio dijeron que mantendrían los reclamos judiciales ante el dictado del Decreto 522/2020″ (DNU en el que se establecía la intervención).

La siguiente respuesta es la que estaban esperando los acreedores. Luego de repetir que no había participado de ningún otro encuentro, Fernández dijo que no recordaba si en la reunión si dijo exactamente la frase “esos son sellos que creamos para contraer deudas”. “Sí recuerdo que el señor Nardelli dijo que varias de esas empresas eran estructuras creadas para obtener créditos”, planteó.

Luego, en el escrito que envió el fiscal, se repetía la pregunta señalando la expresión de los sellos, a lo que Fernández respondió que no recordaba exactamente el uso de esa frase.

Según publicó Rosario3, para el abogado Feldman la respuesta del Presidente viene a sostener la línea de trabajo de los denunciantes de que el default de Vicentín, el más grande en la historia del mercado de granos, no fue por razones económicas sino que tiene un trasfondo delictivo.

Según informes de funcionarios del Gobierno nacional, la deuda de Vicentín llega a los $99,345 millones, o USD 1.400 millones en total. Los datos, surgidos de un informe oficial basado en el concurso de acreedores y en información que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presentó ante consultas de senadores, sin embargo, no dicen nada respecto del patrimonio de la empresa ni a si su capacidad de pago está afectada por una situación de insolvencia o de iliquidez.

Según detalló el funcionario en el escrito de su último informe de acreedores, al 10 de febrero de 2020 la empresa debía $99.345.263.086,50 a 2.638 acreedores distintos. Dentro de ello, detalla que el Banco Nación, principal acreedor individual, tiene acreencias por $18.182.297.617. La deuda total informada por Vicentín está compuesta por acreedores bancarios locales, extranjeros y también por acreencias comerciales predominantemente locales.

La declaración completa:

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