El ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de la Corte Internacional de Derechos Humanos, donde representa a la Argentina, Raúl Zaffaroni, firmó una solicitada para pedir la liberación de Alex Saab, testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue detenido el 12 de junio del año pasado.
Saab fue capturado cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición estadounidense a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
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La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó su extradición a Estados Unidos y los fiscales federales norteamericanos estiman que la extradición se hará efectiva antes de mayo.
Saab es solicitado por la Corte del Distrito Sur de Miami por el blanqueo de 350 millones de dólares. Sin embargo, las autoridades norteamericanas consideran al colombiano una pieza vital para obtener información relevante sobre la estructural criminal de la dictadura venezolana.
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En ese contexto, el documento firmado por Zaffaroni lleva el nombre de “Manifiesto a favor del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos” y sostiene que el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) libró una fallo en el que ordena a alas autoridades de Cabo Verde la inmediata puesta en libertad de Saab.
También ordena “cerrar el proceso de extradición iniciado por Estados Unidos y proceder a su reparación económica”. Los firmantes solicitan “a la República de Cabo Verde que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos” ya que “el respeto a las cortes internacionales de tutela, garantía y protección de derechos es fundamental para garantizar una comunidad internacional respetuosa con el individuo”.
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Además de Zaffaroni, el manifiesto fue firmado por el Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, Fabián Salvioli; el juez español Baltazar Garzón; el ex ministro de Derechos Humanos de Brasil Paulo Vanuchi; el presidente del Instituto Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos de Costa Rica, Víctor Rodríguez Rescia y el ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España Hernán Hormazabal Malarée, entre otros dirigentes.
“El principio “pacta sunt servanda” y la buena fe internacional son de obligado cumplimiento para la República de Cabo Verde, máxime cuando están en juego derechos humanos, espacio de especial protección para el ordenamiento jurídico internacional”, sostienen los firmantes en el documento que publicaron.
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La firma de Zaffaroni en el manifiesto, debido al rol que ocupa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en representación de la Argentina, podría traerle problemas al gobierno de Alberto Fernández en la relación que está construyendo con la nueva administración de Joe Biden. Su firma avala a Saab y su accionar.
Es tal la influencia que tiene el empresario colombiano en el régimen venezolano, que ni Estados Unidos ni Colombia saben hasta dónde llegan la totalidad de las millonarias negociaciones que maneja en nombre de la dictadura de Maduro. Por eso, la información que tiene en su poder es altamente relevante y sensible. Maduro y su entorno lo saben. De ahí los incesantes esfuerzos para lograr la libertad de Saab.
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El régimen venezolano ha gastado hasta el momento unos 170 millones de dólares en la defensa del testaferro de Maduro, según indicó el gobierno de Guaidó. Desde su detención el pasado mes de junio, Caracas contrató al menos ocho bufetes de abogados en varios países como Estados Unidos, Reino Unido, y el del polémico ex juez español Baltasar Garzón.
El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas a los desfavorecidos del régimen de Maduro, conocido como CLAP.
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