El designado ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Martín Ignacio Soria es abogado. Y en los últimos tiempos tuvo activa militancia en difundir la teoría del “lawfare”, la explicación política del kirchnerismo para minimizar el por qué de varios casos de corrupción, algunos probados judicialmente y otros, incluso, con condena firme.
Antes de que Alberto Fernández comenzara a pensar en reemplazar a su amiga leal, socia y colaboradora durante 35 años, Marcela Losardo, Soria había empezado a hacer denuncias para que se investigue la existencia del “lawfare”. Y en ese marco hizo varias presentaciones judiciales para que se determine si el macrismo cometió delito debido al funcionamiento de lo que el kirchnerismo identifica como “la mesa judicial”. Esa construcción indica que había un grupo de funcionarios de Mauricio Macri que supuestamente coordinaba el manejo de los expedientes en los que los ex funcionarios y algunos empresarios kichneristas fueron procesados o detenidos.
Soria junto a otros diputados del Frente de Todos como Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés presentó en 2020 la denuncia sobre la mesa judicial que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi. En esa denuncia incluyeron los testimonios de jueces y juezas de distintos fueros que varios años después de sucedidos los hechos denunciaron por los medios presiones de dirigentes del macrismo.
“La mesa judicial existió. No lo digo yo, lo dijo Lilita Carrió en dos oportunidades: Vamos a pedir que declare como testigo”, aseguró en alguna ocasión el designado ministro de Justicia e impulsor de la causa judicial.
Soria está enfocado en algunos jueces y fiscales que habitan el edificio de Comodoro Py en el que el diputado oficialista trabajó allá lejos y hace tiempo. Integró la secretaría del juzgado federal 9 cuando estaba a cargo de Juan José Galeano. El joven Soria, que se fue de tribunales cuando se recibió de abogado, integró el área del juzgado que investigó la parte internacional del atentado a la AMIA.
Soria denunció al actual presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos. Lo hizo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura para que se lo enjuicie. Lo acusó por haber ingresado a la Casa Rosada durante el gobierno anterior con el supuesto objetivo de coordinar acciones contra ex funcionarios del kirchnerismo. La prueba aportada a la causa de “la mesa judicial” son los registros oficiales y públicos de esos ingresos.
También junto a los diputados Tailhade, Valdés, Hernán Pérez Araujo, Ayelén Spósito y Susana Graciela Landriscini, Soria denunció al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun. La denuncia se presentó ante el Consejo de la Magistratura en 2020 cuando Irurzun en un fallo acotó la ventana temporal de un peritaje del teléfono de Macri ordenado por la jueza María Servini en la causa en la que se investiga otras supuestas “presiones judiciales” por parte del macrismo.
El diputado designado ministro de Justicia y Derechos Humanos se preguntó en su página de Facebook el pasado 4 de marzo: “¿Creés que el #Lawfare es una cosa de políticos y la Justicia y que poco y nada tiene que ver con vos? “. Y respondió: “Nada más alejado de la realidad. Con simpleza, pero con mucha firmeza y convicción, Cristina explica como el #poder económico se sirve de esa herramienta para desarrollar programas que lo único que generan es concentración de riqueza y pobreza a través de brutales endeudamientos, que son convalidados por un #PoderJudicial funcional a esa estrategia”.
Y elogió y citó parte del discurso de Cristina Kirchner ante la Cámara de Casación para reforzar sus propios argumentos: “No pueden (el Poder Judicial) seguir comportándose como una corporación. No hay posibilidades de una vida democrática sana con funcionarios que constituyen una aristocracia eterna. Nosotros, los políticos, cada dos años vamos a elecciones.Este sistema está podrido y es perverso. Es necesario que todos pongamos el esfuerzo para corregirlo, para transformarlo. No podemos seguir siendo un país que cada 10 o 20 años lo endeudan brutalmente y después ustedes lo sobreseen. Todos los cargos que ocupé fueron votados por la gente en elecciones democráticas. Somos un poder profundamente democrático. ¿Ustedes pueden decir lo mismo?”.
Las denuncias con nombre y apellido, su batallar contra el “lawfare” y “la mesa judicial” y su apoyo a los dichos de la vicepresidenta contra el Poder Judicial son las cartas credenciales con las que Soria llega a su despacho en la calle Sarmiento al 300.
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