Empresarios y sindicalistas del sector de la salud comenzaron este miércoles por la tarde una de las paritarias más complejas del año: ambas partes atraviesan una situación crítica en medio de la pandemia. Y en el primer encuentro, una suerte de round exploratorio, ambas partes expusieron sus posturas en medio de un clima de tensión por las profundas diferencias sobre la cuestión salarial y acordaron volver a reunirse el 11 de marzo.
Los representantes de las cámaras empresariales, agrupadas en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), plantearon a los dirigentes gremiales de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) los problemas que tienen a raíz del “retraso en los valores de las prestaciones y los aumentos de costos que sufrió el sector durante 2020, un desfase que representa un retraso de aranceles cercano al 50%”, lo que dejó a muchas empresas “al límite de la subsistencia”, según advirtieron.
Los sindicalistas plantearon que “no permitirán” que el salario pierda ante la inflación y por eso reclamaron actualizar las remuneraciones de la paritaria acordada en 2020 completando los montos que se habían otorgado hasta marzo. Eso representa un incremento salarial de entre el 14% y el 16%, según el convenio. Y amenazaron con medidas de fuerza en caso de no obtener una respuesta favorable a sus demandas.
La paritaria de Sanidad en 2019 llegó al 53,8% de aumento, que se pagó con un 32% durante ese año y un 21,8% en 2020 al aplicarse la cláusula gatillo antes del mes de julio. La negociación salarial de 2020 alcanzó el 21,2% con la incorporación a los sueldos de las sumas no remunerativas que fueron otorgadas. Ahora, el sindicato pide entre el 14% y el 16% para llegar al 36,8% de inflación del año pasado.
Para la FAPS, están ante “una situación inédita, ya que la pandemia afectó fuertemente al sector, con inusuales aumentos de costos, ingresos prácticamente congelados y una abrupta caída de la actividad”. “Si bien el Gobierno instrumentó un plan de ayuda con el programa ATP y luego con el REPRO para las empresas de salud -insistieron-, el desfase entre los costos y los ingresos es cercano al 50% en algunos sectores”.
Los empresarios del sector advirtieron que “en estas condiciones es imposible para el sector prestador afrontar aumentos salariales porque, si no fuera por el ATP y el REPRO, muchas empresas no podrían pagar ni siquiera los sueldos actuales”. “Es imperioso poder actualizar de manera automática los valores que pagan los financiadores para que de esa manera se pueda normalizar la economía del sector y así poder discutir una recomposición salarial acorde”, sostuvieron.
Del primer encuentro paritario participaron representantes de ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Argentina), CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud), CONFECLISA (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos), AISAME (Asociación de Instituciones de Salud Mental de la Argentina) y la FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria).
Por el sector sindical estuvieron el titular de FATSA, Carlos West Ocampo, y el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Seccional Buenos Aires, Héctor Daer, quien también es cotitular de la CGT, además de otros dirigentes de la organización.
Los miembros de la FAPS estuvieron en enero pasado con Alberto Fernández y luego con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a quienes les plantearon la “situación económica desesperante” del sector y acordaron la conformación de mesas sectoriales para analizar posibles soluciones, que hasta ahora no se concretaron.
En febrero pasado, FATSA acordó nuevos aumentos salariales para personal de droguerías y laboratorios: firmó un 11,28% de aumento sobre los salarios vigentes al mes de noviembre de 2020, una suma equivalente a la diferencia entre los porcentajes acordados durante 2020 y la inflación anual.
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