
Alberto Samid no duda. En sus entrevistas mediáticas, el carnicero advierte que el “el contrabando es uno de los principales problemas de la Argentina” y una de las causas de la falta de dólares en el país. Mientras el Gobierno intenta disciplinar a los “formadores de precios” y contener la escalada inflacionaria en los alimentos, las cifras oficiales dejaron al descubierto una pequeña parte del circuito ilegal de comercialización agropecuaria. Durante 2020, las fuerzas de seguridad federales secuestraron 3.691.208 kilos de cereales -en su mayoría maíz y soja-, lo que arroja un suba del 55,4% con respecto al año anterior.
Los datos fueron elaborados por la Dirección Nacional de Estadística Criminal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Infobae tuvo acceso exclusivo a esa información.
En términos cuantitativos hubo un incremento sensible en este tipo de operativos: se efectuaron 139 incautaciones en contraste con los 57 producidos durante 2019. El crecimiento interanual fue de 143,86 por ciento. En cambio, si el volumen se mide en valores monetarios, el salto representa un crecimiento del 938% en relación al último dato interanual disponible.
“Fue un aumento muy importante de incautaciones teniendo en cuenta que hubo pandemia, inclusive durante el período de aislamiento obligatorio, donde hubo menos movimiento de camiones. Lo que resta ahora es avanzar en las líneas de investigación, un mapeo del material incautado y ver la trazabilidad en las causas judiciales impulsadas”, indicó el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba.
Según el relevamiento oficial, los secuestros fueron realizados en el marco de operativos de rutina en la ruta y en los controles fronterizos. En el Ministerio de Seguridad creen que la cantidad de mercadería incautada está subestimada y no representa la dimensión real que tendría el mercado negro de la comercialización de granos. En metálico, el valor de los cereales detectados se calcula en $217.504.643,70, cuando en 2019 la cifra rondaba $20.949.451. Lo estimado parece pequeño, si se considera el volumen de un negocio dinámico que cotiza en dólares.
La información revela a primera vista las fronteras más calientes del movimiento del contrabando de granos. La provincia que encabeza el tráfico irregular de mercaderías es Salta, con 41% de las incautaciones (57), y es la más representativa de este delito comercial. Le siguen Corrientes con el 23,74% (33), Misiones, 17,99% (25); Córdoba 9,35% (13) y Jujuy 3,36% (5).
La primera señal de alerta se disparó a mediados del año pasado. En julio, a medida que reiniciaba la actividad económica en el marco de la flexibilización del aislamiento por el coronavirus, las fuerzas federales registraron un mayor contrabando de granos y cereales. El período agosto-diciembre fue el de mayor tránsito y cantidad de incautaciones.
“Cuando empezamos a ver esta modalidad, hubo una determinación de la ministra de Seguridad Sabina Frederic de pedirle a las fuerzas, sobre todo a Prefectura y Gendarmería, para que sostengan el trabajo con intensidad en materia de incautaciones. Habían también advertencias de algunas autoridades provinciales, que vieron cómo se estaba llevando adelante este tipo de transporte ilegal”, amplió Villalba.
La modalidad es repetida. Durante el fin de semana, Gendarmería Nacional decomisó 136 toneladas de soja y 62 de maíz que eran transportadas ilegalmente en Salta por la RN 34. El cargamento venía en seis camiones con acoplado que tenían como destino la ciudad de Salvador Mazza, una de las localidades donde está puesta la mirada de las autoridades no solo por contrabando sino por su historial de antecedentes de narcotráfico. Los vehículos no contaban con la documentación necesaria para trasladar los productos, y se realizaron los procedimientos de rigor. En Tartagal, provincia de Corrientes, hubo dos operativos similares, con 400 toneladas involucradas de cereales a granel en un control sobre la ruta nacional 12.
En general, no hay mercadería registrada confundida junto con las cargas faltantes de documentación. Los traslados suelen darse en el marco de transportes ilegales.
“Tenemos líneas de investigación en relación a los propietarios de camiones y el tipo de comercialización involucrada. Hay cabos sueltos que atar, porque algunas incautaciones se producen en el noroeste, otras en el litoral y algunas en la zona mediterránea, y ver si esta mercadería sale a un país limítrofe y vuelve a ingresar evitando controles. Impositivamente tiene una afectación, son miles y miles de kilos de producto que no circulan en negro”, precisó Villalba.
Las detenciones fueron pocas. Según el conteo de la cartera de Seguridad, las fuerzas federales apresaron a 109 personas. Septiembre fue el pico, con 33. De existir una red, aún no se encontró a sus organizadores.

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