Alberto Fernández ahora da batalla por la bandera educativa y sólo la Justicia queda afuera de su juego pendular

Con una sola frase, Alberto Fernández resumió la pérdida del año pasado en materia educativa y la magnitud de la tarea que viene. “Tenemos el desafío de hacer dos años en uno”, dijo. El nivel del desafío expone de hecho la real profundidad del desastre en medio de la pandemia y el interrogante sobre la posibilidad cierta de recuperación absoluta. No asoma, en cambio, autocrítica alguna sobre la mala administración de las restricciones en el 2020, que en este terreno mostraron más cerrazón que en cualquier otro. Las declaraciones del Presidente, junto a la formalización de la vuelta a clases presenciales con los cuidados del caso, expresan también la batalla por una bandera que íntimamente consideraban en manos opositoras.

De qué lado queda una bandera puede hablar de habilidades de otros y al mismo tiempo de errores o mala política propia. Pero en este caso, especialmente sensible, desnuda una mirada políticamente enfermiza, más allá del lente oficialista u opositor. Del mismo modo, la bandera de la vacuna sería considerada en poder del oficialismo. Al punto tal que la estrategia frente al ciclo lectivo apostaba a la vacuna contra el coronavirus no sólo por cuestiones sanitarias. El objetivo de máxima: mostrar que la vuelta a clases era sólo posible gracias a una política “exitosa” con una vacunación masiva. Varios jefes sindicales alimentaron esa línea.

La realidad por ahora es otra. La ciudad de Buenos Aires se apresta a volver a las aulas. En términos prácticos y ratificados ayer por el Consejo Federal de Educación, con una presencialidad cuidada, es decir, con protocolos precisos y privilegiando la educación no sólo como transmisión formal de contenidos sino también como experiencia social. Esto tal vez sea el costo más difícil de revertir aún en caso de un 2021 sólido. Los contratiempos en los planes de vacunación ponen de relieve otro elemento: al menos el inicio de este ciclo no se producirá en condiciones sanitarias radicalmente diferentes a las del último cuatrimestre del año pasado, quizás el lapso más lamentablemente perdido.

En su declaración de ayer, el Presidente se mostró lejos del malestar que le generaba la difusión de cifras sobre las consecuencias de la suspensión de todo tipo de estrategia presencial. Un verdadero desastre, en general y sobre todo en algunas franjas sociales, según la calificación de expertos. Dijo que era consciente de que “no todos los chicos recibieron los contenidos que debieron haber recibido” en el 2020. Estudios que circularon en ámbitos educativos mostraban la gravedad del cuadro: casi la mitad de los hogares registraron problemas de conectividad, algo que se cruzaba con una cifra igualmente alta de falta de PC disponibles centralmente para uso educativo.

En parte, ese fue un punto destacado de la discusión y la batalla con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, cuando se planteó atender la situación extrema de alumnos que habían ido perdiendo todo vínculo con el sistema educativo, no sólo por razones técnicas para mantener las clases virtuales.

Ahora, aún con algunos mensajes cruzados sobre responsabilidades -desde voluntad política hasta cuestiones de infraestructura-, se presentó una decisión general de volver aún con limitaciones a la presencialidad. Y el Presidente buscó mostrarse al frente del giro.

Por supuesto, la política exhibe diversos movimientos “pendulares”, algunos atribuidos a razones tácticas y otros al permanente del juego de poder con Cristina Fernández de Kirchner. El último capítulo fue la amenaza inicial con la suba de retenciones a la producción agropecuaria y la posterior cita del Presidente con las organizaciones de la Mesa de Enlace para desestimar esa alternativa, al menos por ahora.

Esa señal fue en simultáneo con la reunión del Gobierno y buena parte del empresariado, un día después de una cita similar con los jefes sindicales, atadas las dos a la preocupación creciente por la escalada inflacionaria. El punto central es la búsqueda de algún tipo de compromiso para contener precios y salarios alrededor de la pauta del Presupuesto 2021, de 29%. El gesto, con una cumbre pendiente y con resultados a medir, evitó expresamente cualquier mención a medidas rígidas contra los formadores de precios.

Son los márgenes que transita cada tanto el Presidente. Pero la flexibilidad de Olivos se ve restringida en el caso de la Justicia. Por supuesto, nada es lineal pero sí bastante clara resulta la orientación. Los mensajes internos son advertibles. En líneas generales, Alberto Fernández dio señales de remitir al Congreso y a la propia Justicia una salida para desarmar las causas por corrupción que involucran a la ex presidente y a destacados ex funcionarios. Una manera de poner el peso de medidas prácticas –leyes- en la mesa de todo el oficialismo y no del Ejecutivo. Pero con un dato fuerte: más que las instancias federales, la mira está puesta en la Corte y la carga del Presidente sobre el máximo escalón de la Justicia es alarmante.

Las declaraciones presidenciales constituyen hechos de enorme gravedad institucional, disimulada por otras cuestiones de alto impacto -la economía, el coronavirus y la combinación de los dos problemas en la agravada crisis- y también por cierta naturalización política. Hace menos de una semana, Alberto Fernández calificó a la Corte como “un tribunal muy poco calificado socialmente”. Y declaró “cierta impotencia” porque se trata de otro poder. ¿Volvió a remitir al Congreso?

Precisamente desde el Congreso llegó otra señal doble del kirchnerismo, para la decodificación política interna y para el debate sobre sus consecuencias jurídicas. La Comisión Bicameral encargada del monitoreo y la implementación de las modificaciones al Código Procesal Penal resolvió avanzar con media docena de artículos. Desde el punto de vista práctico, amplían y precisan el rubro sobre revisión de sentencias -criterio con más de un siglo de existencia- y estiran al infinito -de acuerdo con la experiencia local- el camino para que una condena quede firme y puedan concretarse las prisiones. Los más críticos consideran que es un avance sobre la Corte.

La cronología indica que antes y después de esa movida, aunque tal vez sin sorpresa en el circuito del poder, la Corte produjo decisiones en ese terreno. Había dejado firme la condena que pesa sobre Amado Boudou por la causa Ciccone, en diciembre, y esta semana confirmó por unanimidad una de las condenas que enfrenta Milagro Sala.

Dos datos. El primero: ocho de las nueve firmas de esa resolución de la Bicameral fueron de legisladores kirchneristas (la otra, de un peronista corodobés). Y la siguiente: apenas salida del Congreso fue puesta en vigencia por el Ejecutivo a través del Boletín Oficial. Esto, más allá de sus efectos prácticos, mostró el juego de las señales internas y también el mensaje a la Justicia. Nada indica que el tema esté cerrado.

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