Hasta el 19 de enero, no habrá actividad parlamentaria. Y los asuntos importantes para el kirchnerismo duro, Reforma Judicial y la Ley de la Procuración General, recién comenzarán a negociarse en febrero.
Mientras tanto, la bancada peronista en Diputados privilegiará ciertos temas económicos y alimenticios incluidos en las sesiones extraordinarias, y después buscará consensos con la oposición para lograr que la Reforma Judicial y las modificaciones a la Procuración sean sancionadas antes del comienzo de la campaña electoral.
Se trata de un acto reflejo de voluntarismo político. El Bloque de Juntos por el Cambio rechaza la Reforma Judicial y los cambios introducidos por los senadores oficialistas a la ley de la Procuración, y sin eso votos opositores las intenciones del oficialismo van rumbo al fracaso parlamentario.
Acorde a lo anunciado por Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, las sesiones extraordinarias iniciarían formalmente con el tratamiento de la ley de Biocombustible. Ese proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y dispuso una prórroga del “Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina”.
Se trata de una iniciativa que fija beneficios impositivos para los productores de las 54 plantas de Biodiesel y que por unanimidad en la Cámara Alta se postergarán hasta fines de 2024. Se cree que en Diputados este proyecto será sancionado sin mayores inconvenientes.
El segundo tema a considerar será el proyecto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, apoya para fomentar nuevas construcciones a través de incentivos fiscales. Y el tercer asunto parlamentario al que se dará prioridad es el “Financiamiento del Sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina: inversión en recursos humanos, infraestructura, proyectos y desarrollos”. Se trata de una ley que busca acordar el financiamiento del sector científico-tecnológico.
Mientras esta agenda legislativa se va cumpliendo, Massa y los titulares de todas las bancadas definirán si continúan las sesiones presenciales o hay un retroceso hacia las sesiones virtuales. Todo dependerá del número de contagios y muertos causados por el COVID-19 y su probable segunda ola en la Argentina.
Además de los proyectos de carácter económico, y los vinculados a la Reforma Judicial, Alberto Fernández habilitó otras iniciativas referidas al etiquetado frontal de alimentos para advertir sobre el consumo de los azúcares, y una propuesta de reforma de artículos a ley de Defensa de la Competencia.
También está previsto en la Cámara Baja analizar un proyecto que otorga por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los 44 tripulantes del Submarino ARA San Juan que murieron tras su abrupto hundimiento en el Océano Atlántico Sur.
Por último, los legisladores podrán discutir el proyecto de ley por el cual se aprueba el régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes y el de presupuestos mínimos para la implementación de la Educación Ambiental.
La primera sesión extraordinaria está prevista en Diputados para el 20 de enero. La bancada oficialista apunta a lograr un consenso político con los bloques de opositores que permita aprobar -en el mayor número posible- las iniciativas enviadas por Balcarce 50.
Esa búsqueda de consenso incluye la posibilidad de tratar -antes del 28 de febrero- la Reforma Judicial y las modificaciones introducidas en la ley de la Procuración General. Desde la bancada de Juntos por el Cambio ya replicaron que sólo apoyaran iniciativas que impliquen beneficios para empresas que sufren las consecuencias económicas del COVID-19.
Y nada más.
En un año electoral, la oposición parlamentaria no hará nada que pueda significar un beneficio político para el Gobierno vinculado al Poder Judicial y a las causas que Cristina Kirchner tiene abiertas en Comodoro Py.
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