Finalmente, el proyecto de los 1.000 días se debatirá el 29 de diciembre junto con el de la legalización del aborto

El plenario de las comisiones de Salud, que encabeza el senador jujeño Mario Fiad, y la de Presupuesto y Hacienda, liderada por el cordobés Carlos Caserio, emitió esta tarde el dictamen para que el proyecto de la Ley de los 1.000 días que impulsa el Poder Ejecutivo pueda ser tratado en la Cámara alta el 29 de diciembre. Ese mismo día se debatirá en el Senado de la Nación, también en forma virtual, la iniciativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Tal como ocurriera en la Cámara de Diputados, este proyecto tiene un consenso casi unánime para que se convierta en ley antes de fines de año. En la Cámara baja habían votado a favor 196 legisladores, sin distinción de partidos políticos. Apunta a la protección integral de la mujer embarazada y también de los primeros tres años de vida de los niños.

Por eso esta mañana, luego de la exposición de dos funcionarios nacionales que detallaron los principales aspectos que abarca este proyecto, los senadores acordaron un dictamen mayoritario.

La senadora María Belén Tapia (UCR, Santa Cruz) abrió el plenario con una aclaración. Mostró su enojo porque la Comisión que ella preside, Población y Desarrollo, resultó marginada del plenario porque se lo negaron desde la presidencia de la Cámara.

Luego llegó el turno de los expositores. Abrió la defensa del proyecto Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, y más tarde, en representación del Ministerio de Salud, habló la doctora Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez.

“No es un invento argentino sino que esta experiencia ya se aplica en muchos países del mundo. Tampoco es antojadizo que se tomen los 1.000 días, que son los fundamentales en el desarrollo de cualquier niño”, remarcó Bauer. “La inversión será de 5.089 millones de pesos por año, según lo que se ya se ha conversado con la ANSES”, agregó.

Lerner, ante la consulta de varios legisladores, aclaró que “no estamos pidiendo un presupuesto autónomo sino que se intentará articular varios de los programas que están funcionando. En muchas ocasiones será una reasignación de recursos”.

La articulación con municipios y provincias resultó un tema repetido entre los senadores que intervinieron. También se plantearon incógnitas sobre la operatividad porque se superpondría con algunos programas sobre niñez que ya están vigentes y el manejo del presupuesto que insumirá. Durante 2 horas y 20 minutos los funcionarios estuvieron exponiendo y contestando dudas.

El proyecto de ley que esta mañana se acordó tratar sobre tablas en la Cámara alta se llama en realidad “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” y es conocido también como el plan de los 1.000 días, porque según anunciara el presidente Alberto Fernández el 17 de noviembre, apunta a “bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia, protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida”.

Según se desprende del texto del proyecto, se establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Extiende, al mismo tiempo, la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

El Programa también prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.

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