La Corte decidió guardar silencio pero no descarta una ofensiva del Gobierno para recortar su poder institucional

La Corte Suprema no aplicará la Ley del Talión para contestar las amenazas y los agravios que escribió Cristina Fernández de Kirchner en su largo tuit posteado al cumplir 364 días como Vicepresidente de la Nación. No habrá diente por diente, ni ojo por ojo, aunque los cinco jueces del alto tribunal ya asumieron que CFK gatilló la primera acción de acoso y derribo para evitar que sus causas de corrupción pública concluyan en sentencias firmes e inapelables.

Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti se encontraron vía remota para analizar el texto de CFK y definir una estrategia institucional. Ocurrió el jueves, la reunión se extendió por una hora, y la primera conclusión se respaldó en ciertos antecedentes históricos: Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se enfrentaron con la Corte, y nada modificó su agenda institucional.

Desde esta perspectiva, los cinco jueces del alto tribunal no descartan un embate del Gobierno que puede ejecutarse con tácticas diferentes. El juicio político, un recorte de sus atribuciones legales o la posibilidad de crear un tribunal ad hoc que transforme a la Corte en un sínodo doctrinario para resolver sólo la constitucionalidad de las causas que lleguen al cuarto piso del Palacio de Justicia.

La ofensiva del Gobierno no tiene guión unificado. Alberto Fernández, que litigó en Tribunales y es profesor de derecho penal, considera que ciertos recursos procesales utilizados por la Corte han quedado superados por el tiempo. “Se manejan con una discrecionalidad pasmosa”, opinó ayer el jefe de Estado en referencia a los magistrados del alto tribunal.

Alberto Fernández refiere a una supuesta falta de legitimidad de la Corte para soslayar la revisión de sentencias de larga data que ya hicieron justicia sobre la comisión de delitos complejos. Y en este contexto, el Presidente hace referencia implícita al fallo que la Corte confirmó sobre la responsabilidad penal de Amado Boudou a través del articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La mirada crítica del Presidente está en las antípodas de la estrategia de defensa propia que desplegó CFK en su tuit del 9 de diciembre. La Vicepresidente no busca remozar las normas procesales que se aplican en el Poder Judicial. Al contrario, su crítica sobreadjetivada a la Corte puede caracterizarse como un abrupto ejemplo de preconstitución de prueba política.

Ya no se trata de plantar una evidencia, o planificar una acción para anular una prueba irrefutable. CFK refiere al lawfare porque sabe que la Corte tratará sus expedientes vinculados a la corrupción pública y la sentencia final se acercará a la verdad irreductible.

Solo es una cuestión de tiempo. Cuando las causas Hotesur, Los Sauces, Obra Pública o Cuadernos estén a disposición de la Corte, y ya no haya recurso que anteponer, las sentencias definitivas hilvanarán una secuencia condenatoria a prueba de largos tuits que denuncian el presunto lawfare del Poder Judicial.

Será un combate infinito sujeto a las reglas de la política y la administración de justicia. El Gobierno probó que puede eyectar a dos jueces que habían dictado sentencia contra CFK -Bruglia y Bertuzzi- y no dudará en defender a la Vicepresidente si los plazos procesales empiezan a ahogar su especulaciones personales.

Y al otro lado del tablero, como ratificaron en el Zoom del jueves pasado, Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti dictarán sus propias sentencias sin perder el diálogo con la Casa Rosada y su gabinete. Los magistrados creen que es necesario conversar con Alberto Fernández y sus ministros, pero añaden que eso no debe ser leído como una concesión al Frente de Todos y a las necesidades de CFK.

Cristina Fernández de Kirchner pretende la rendición incondicional de la Corte Suprema. Un deseo que está fuera de su alcance político y de su poder institucional.

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