La Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo que obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios y becas en las universidades públicas. El tribunal determinó que el Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada luego de más de dos años de reclamos sociales y litigios judiciales. La decisión afecta de manera directa a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país, quienes demandaron recursos para salarios y becas.
El conflicto comenzó ante la ausencia de presupuesto específico para las universidades. La ley surgió porque el Ejecutivo funcionaba con un presupuesto prorrogado, lo que generó un vacío sobre los fondos universitarios. Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayó en Infobae en Vivo que el reclamo social resultó “válido y justo”.
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El fallo judicial determinó que salarios y becas tienen carácter alimentario, lo que exige su actualización inmediata. La Corte Suprema desestimó los argumentos del Gobierno y ratificó el fallo de cámara, así como la resolución de primera instancia, que ya había ordenado la recomposición.
Recorrido social y político del reclamo universitario
Cagnacci destacó el consenso social que acompañó el reclamo. “Lo que hubo es un reclamo que se tomó como válido, se tomó como justo por parte de la sociedad”, afirmó. Las movilizaciones a lo largo del país demostraron, según el dirigente, que el apoyo trascendió ideologías y partidos políticos.
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El secretario general remarcó que el sistema universitario unió a autoridades, docentes, no docentes y estudiantes en una causa común. “Están todos los colores políticos, y sin embargo, en cuanto a un reclamo real, todos salimos juntos”, explicó. Señaló además que el Gobierno intentó transformar el reclamo en una disputa partidaria, pero la sociedad mantuvo su apoyo.
Durante los dos años de conflicto, el Gobierno intentó desacreditar el reclamo con argumentos sobre supuestas irregularidades. Cagnacci indicó que “no llevaron nada a la justicia”, lo que, según su visión, evidenció la falta de sustento de esas acusaciones.
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Auditorías y argumentos del Gobierno
El debate público incluyó cuestionamientos sobre auditorías universitarias. Funcionarios reclamaron la posibilidad de auditar los fondos. Sin embargo, según Cagnacci, las universidades realizan auditorías internas y externas de forma habitual.
La Auditoría General de la Nación (AGN) no avanzó en las auditorías externas por falta de representantes designados por la Cámara de Diputados. “El Gobierno trababa la posibilidad de generar esas auditorías”, afirmó Cagnacci. Añadió que “en cualquier instancia que tiene que ver con el dinero público tiene que ser auditada por todos y todas”.
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Obligaciones presupuestarias y costo fiscal
La ley de financiamiento universitario implicó la reasignación de partidas presupuestarias, no la creación de fondos nuevos. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley en 0,23% del Producto Bruto Interno en el momento de su sanción. Cagnacci explicó que el Congreso votó la ley para subsanar la falta de presupuesto que persistió por dos años.
El reclamo no se trató de una demanda partidaria, sino de una exigencia para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. “No era un reclamo contra el gobierno, sino un reclamo justo que tenía que ver con un proceso de no tener presupuesto”, afirmó el dirigente gremial.
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El cumplimiento del fallo requiere que el jefe de gabinete reasigne los fondos necesarios para salarios y becas. “La Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, enfatizó Cagnacci.
Consecuencias del desfinanciamiento en las universidades públicas
El desfinanciamiento impactó de manera directa en el sistema universitario. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades perdieron 10 mil cargos docentes en dos años y medio. “No es solo se recupera con plata”, señaló Cagnacci. La pérdida de recursos humanos afecta la calidad educativa y la capacidad de formación.
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El sector no docente, especialmente los hospitales universitarios, sufrió la salida de profesionales por el retraso salarial. Un médico residente en el Hospital de Clínicas percibía un millón doscientos mil pesos de bolsillo antes del último aumento. Cagnacci planteó la dificultad de sostener carreras profesionales en ese contexto.
El congelamiento de becas estudiantiles agravó la situación. La beca Progresar, la de mayor cobertura, permanece en treinta y cinco mil pesos, equivalentes a veintiocho mil pesos de bolsillo. “¿Qué familia puede solventar a un estudiante con ese monto?”, cuestionó Cagnacci. Remarcó que la actualización ordenada por la Corte incluye la recomposición total de esas becas.
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Actualizaciones salariales y próximas medidas
El 10 de junio, las partes firmaron un acta paritaria que dispuso un aumento salarial del 24,3%, aunque Cagnacci aclaró que aún resta recomponer cerca del 30% en términos salariales. El acuerdo paritario y el fallo judicial son procesos independientes. La actualización de becas, según el dirigente, sigue pendiente.
Al mismo tiempo advirtió que el Gobierno puede utilizar parte del aumento paritario para cumplir con la obligación judicial, pero la recomposición debe alcanzar los valores de diciembre de 2023. La situación de las becas, especialmente la Progresar, exige una actualización completa.
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El secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA consideró que la calidad de la democracia se mide por el cumplimiento de las decisiones judiciales. “Acá la Corte Suprema le ha dicho: queda en pie el fallo de Cámara. No hay ningún argumento jurídico para que pueda no hacerlo”, reiteró. La expectativa recae en la ejecución efectiva de la decisión de la Corte Suprema y en la recuperación del sistema universitario tras el fallo.
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