El kirchnerismo ahora amenaza con el juicio político a todos los integrantes de la Corte

Luego de presentar un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, el kirchnerismo redobló la apuesta y apuntó este lunes contra el resto de los integrantes del tribunal al asegurar que la conformación actual del cuerpo “está agotada”. La ofensiva surge en medio de la polémica por los jueces que investigaron a Cristina Kirchner y fueron desplazados por el gobierno nacional, cuya situación es analizada por el principal órgano del Poder Judicial a través de un per saltum que fue admitido la semana pasada.

“Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”, planteó el diputado nacional Leopoldo Moreau en diálogo con Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

Llamativamente, para cuestionar a los integrantes actuales del tribunal el legislador -integrante del núcleo duro K en la Cámara baja- resaltó la figura del fallecido Carlos Fayt, un juez al que el oficialismo enfrentó y presionó para que renunciara durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

“Yo tenía diferencias enormes con Fayt, pero la verdad que jurídicamente era un tipo impecable. Ni hablar de Argibay y de Zaffaroni. Yo veo que esta Corte está muy por detrás de esos niveles”, introdujo Moreau.

Y enumeró: “Veo una Corte con dos señores que aceptaron ingresar por decreto (en alusión a Rozenkrantz y Rosatti). Elena Highton de Nolasco tiene vencido su mandato y a diferencia de Zaffaroni que renunció y se fue, tiene un fallo a su favor... Lorenzetti ha tenido actitudes disruptivas permanentemente y se sacaba fotos con Moro (juez brasileño que investigó la corrupción en el gobierno). Y Maqueda, sobre quien tengo un gran respeto personal, está en una especie de zona de confort”.

Para entender los alcances de la polémica, hay que retrotraerse a una decisión adoptada por el Senado -que conduce Cristina Kirchner- y avalada por el presidente Alberto Fernández: el desplazamiento de tres magistrados que en mayor o menor medida habían participado en casos de corrupción contra ex funcionarios K. Ante esa jugada, los tres jueces afectados (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli) presentaron diversos recursos judiciales. Uno de ellos, el per saltum, un instrumento que permite saltar instancias e ir directamente a litigar a la Corte Suprema.

La ofensiva del kirchnerismo contra el máximo tribunal se inició el 25 de septiembre, cuando se esperaba una resolución de los ministros sobre el per saltum que finalmente fue habilitado el martes 29. La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra Rosenkrantz.

En el texto del proyecto de resolución 5039-D-2020, el oficialismo pide investigar a Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó la diputada en sus redes sociales.

Rápidamente, la Casa Rosada trató de despegarse de la jugada. Habló de una iniciativa de carácter individual de Siley. Sin embargo, la irrupción mediática de este lunes de Moreau ratifica que no se trató de un plan airado, sino de un movimiento en bloque de diputados que responden a Cristina Kirchner contra los cinco integrantes del tribunal.

Según explicó Moreau, el juicio político a Rosenkrantz surge porque no se expide sobre un caso vinculado a la familia Blaquier. “Sus familiares más íntimos forman parte de la Fundación y se debería haber excusado, no solo no lo hizo, sino que lo tiene congelado”, argumentó.

A la par, cree que existe una suerte de judicialización permanente de todos los actos de gobierno con el objetivo de no permitir que el Poder Ejecutivo ejecute la agenda prometida en las elecciones del año pasado a los ciudadanos. Esa estrategia -de acuerdo a la visión de Moreau- pone sobre discusión el rol de la Corte que muchas veces “neutraliza las facultades y la legitimidad que le ha dado el resultado” de los comicios al Frente de Todos.

“Todas las discusiones sobre el funcionamiento de las instituciones hay que darlas, haya o no un escenario de dificultad económica. Muchas veces esas dificultades económicas están vinculadas al desempeño de las instituciones. Si vos ganás las elecciones y la Corte te va a frenar tus políticas a pesar de que están legitimadas con el voto popular... No es la primera vez que le quieren dar un lugar institucional de esta naturaleza a la Corte”, analizó.

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