El Gobierno frente a la decisión de la Corte: el enojo potencia el riesgo de una escalada en medio de la crisis

El per saltum a favor de tres jueces desplazados por el oficialismo causó sorpresa y de inmediato malhumor en el Gobierno. Esa fue la primera reacción frente a una decisión de la Corte Suprema que hace apenas diez días consideraban de mínima improbable en el circuito de Olivos. Las respuestas iniciales estuvieron restringidas a figuras más ligadas a Cristina Fernández de Kirchner que a Alberto Fernández, mientras se hacía circular cierta expectativa sobre la resolución de fondo, tal vez en dos semanas. El enojo, de todos modos, asomaba persistente por su doble mensaje: el freno a la ofensiva oficialista, al menos inicial, y el sustento de la decisión, unánime aunque sin disimular internas en el primer escalón de la Justicia.

Precisamente, esa reacción de cuerpo pareció fruto del propio y mal evaluado juego del Gobierno. La fuerte presión colaboró mucho a desarmar el reflejo repetido de dilatar lo más posible una definición y generó espacio para la cita extraordinaria decidida por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, de difícil o mala relación con otros integrantes del tribunal. Conocedores del terreno judicial creen que las jugadas públicas y reservadas desde el poder político habrían provocado el “milagro” de una respuesta que no aparecía en la evaluación de la Casa Rosada aunque latía en la desconfianza del kirchnerismo duro.

La decisión de la Corte genera un cambio sustancial en esta pulseada, con expresión abierta en el reclamo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli, todos con participación en el trámite de causas por corrupción. Ese cambio es en rigor un desafío para el Gobierno, porque lo que hasta ahora fueron cuestionables declaraciones y presiones sobre la Justicia –y no sólo por este caso- puede transformarse en una verdadera batalla abierta con riesgo de conflicto institucional y con efectos nocivos en casi todos los planos, incluida la economía.

Habrá que ver en las próximas horas si el propio Presidente y la primera línea oficialista aceleran o frenan la pelea, tal vez por cálculo, a la espera de la decisión de fondo. O si escalan, porque evalúan que el desenlace será la reposición de los jueces o porque creen que puede cambiar el curso de los acontecimientos. En cualquier alternativa, el resultado sería aún más grave que el registrado hasta ahora en términos de impacto.

El problema repetido en estos casos consiste en analizar de manera aislada el problema. En medios oficialistas, se considera que el tema judicial sólo afecta a una franja social si no reducida al menos no mayoritaria. Puede ser una subestimación, cierto desdén descalificador sobre sectores de clase media, pero a la vez es una mirada reduccionista. Ocurre que una batalla abierta con la Corte se sumaría a otros factores como la reforma del fuero federal y la “Comisión Beraldi” y podría ampliar las referencias ya crecientes al papel de los medios, como ingrediente de una repuesta categoría destituyente. Ecos del pasado, pero no sólo eso.

Una trepada de ese tipo sólo agregaría incertidumbre a la economía en general, y no sólo a los mercados, en el contexto de la crisis económica y social profundizada por la cuarentena. Es llamativo porque el Gobierno registra a su modo ese agotamiento, con el agregado de cifras de contagios y muertes significativas, y con varias provincias en ascenso cuando podría estar estabilizándose la situación en la Capital y en Buenos Aires. Esos números exponen el mal manejo de restricciones pasada la primera etapa de aislamiento. Y el recuento de víctimas en la Provincia provoca un descrédito que trasciende al coronavirus.

Pero aún negando el peso del contexto, el Gobierno se enfrenta a un período de dos o tres semanas, según trasciende desde Tribunales, antes de que la Corte resuelva la cuestión de fondo sobre los planteos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Hay quienes dicen creer en un fallo que al final le daría la razón al trámite motorizado por CFK y coronado por un decreto presidencial. Más escépticas, otras opiniones consideran que la admisión del per saltum proyecta el fracaso de la movida que arrancó en el Consejo de la Magistratura, siguió en el Senado y terminó en el Boletín Oficial.

En esa línea, aunque en otra vereda, fuentes de la oposición destacan que la decisión de la Corte expresa un reconocimiento de la gravedad institucional del caso y consideran que su efecto suspensivo es un dato central. Agregan, por supuesto, los antecedentes de la propia Corte, la ahora famosa acordada 7 de 2018 que avaló el traslado de jueces.

El Gobierno defendió su decisión sosteniendo que fueron irregulares los pases de magistrados durante la presidencia de Mauricio Macri. No fue un hecho original de esa gestión. Pero además, la movida oficialista superó largamente la línea argumental y apuntó directamente a la Corte en conjunto.

Hubo de todo, hasta pasos desconcertantes, en medio de una disputa en la que también intervino la oposición y que tuvo estribaciones por afuera de la política tradicional: un par de concentraciones frente a Tribunales, consignas en los “banderazos”, y hasta algún escrache, práctica repudiable que no termina de ser desterrada.

Alberto Fernández apuntó directamente a Rosenkrantz, con frases insinuantes sobre alguna operación política, e incomodó a Elena Highton, de buen vínculo con el Gobierno, con una advertencia sobre las políticas de género en el ámbito de la Justicia. Nadie quedó afuera. Desde fuentes oficialistas se descalificó a Juan Carlos Maqueda, por su relación con el peronismo cordobés; se volvió a disparar con frases sobre deslealtades contra Horacio Rosatti y reaparecieron viejos recelos con Ricardo Lorenzetti.

En la decisión de ayer, la Corte expuso algo más que cuestiones de criterio. Pero emitió un único mensaje. Rosenkrantz fue con voto propio y los otros cuatro integrantes del tribunal lo hicieron en conjunto. Todos aceptaron el per saltum. La inquietud de los días previos anticiparía ahora días más densos.

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