El Gobierno acelera la reforma judicial y su ofensiva contra los jueces pese a la protesta masiva en todo el país

Alberto Fernández avanzará en su ofensiva para aprobar la reforma judicial en el Congreso, pese al masivo Banderazo que ayer fue protagonista en las principales ciudades del país. El Presidente soslayó el impacto político de la movilización y ratificó su decisión de licuar el poder de Comodoro Py, empujar cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema y desplazar a camaristas federales que investigaron a Cristina Fernández de Kirchner por su presunta participación en casos de corrupción pública.

Desde esta perspectiva, la comisión de expertos presidenciales comenzó hoy a deliberar para debatir las facultades legales de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Procuración General, tres instituciones clave del Poder Judicial. La comisión es liderada de hecho por Alberto Beraldi, abogado defensor de CFK, amigo personal de Alberto Fernández, y un experto conocedor del derecho penal.

La composición actual de la Corte Suprema cuestiona en silencio la ofensiva de Olivos sobre el Poder Judicial, y la intención última de la Vicepresidente es ampliar su número para evitar una derrota procesal cuando sus expedientes terminen en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Asimismo, la Procuración General está en manos de Eduardo Casal, un funcionario de larguísima carrera que resiste los embates del kirchnerismo por su posición profesional respecto a las causas que investigan a Cristina Fernández y a ciertos empresarios que multiplicaron su fortuna cuando ocupaba Balcarce 50.

Los consejeros presidenciales no descartan la posibilidad de acortar los mandatos del Procurador, en tanto que los diputados oficialistas ya avanzan contra Casal por presunto mal desempeño en sus funciones. Una típica pinza política para desgastar a un funcionario que se mantiene equidistante entre el Gobierno y Juntos por el Cambio.

Mientras la Comisión Beraldi termina su primera jornada oficial de trabajo, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado recibirá a 16 expositores para tratar la Reforma Judicial que presentó Alberto Fernández en la Casa Rosada. Entre los 16 expositores estarán el ex juez Carlos Rozansky, el constitucionalista Eduardo Barcesat y el fiscal federal Javier De Luca, tres referentes del Gobierno que defenderán la iniciativa de Reforma Judicial.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia deliberarán desde las 15 y a continuación no se descarta que emitan un dictamen a favor de la Reforma Judicial, pese a los cuestionamientos de Juntos por el Cambio. Si así sucediera, la semana próxima llegaría al recinto para forzar su media sanción y enviarla a la Cámara de Diputados, adonde se aguarda un complejo debate político.

Por último, para ratificar que el kirchnerismo no frena su marcha sobre el Poder Judicial, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado tratarán hoy un proyecto de Resolución para desconocer el amparo que protege a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La bancada justicialista considera que Bruglia y Bertuzzi están violando la Constitución Nacional al ocupar sus cargos en la Cámara Federal, y sostiene que el amparo es sólo un artilugio jurídico sin sostén normativo.

La Corte Suprema ha considerado que los traslados horizontales por fuero (como sucedió con Bruglia y Bertuzzi) se ajustan a derecho, y no deben revisados por la Cámara de Senadores. Sucede que ambos camaristas federales confirmaron el procesamiento con prisión preventiva de CFK en un caso de corrupción pública, y el kirchnerismo no perdona esa decisión asumida con las evidencias que constan en el expediente penal.

Si no hay cambios en la agenda oficialista, el plenario de comisiones del Senado aprobará por mayoría un dictamen avalando una Resolución que desconoce la eficacia del amparo dictado a favor de Bruglia y Bertuzzi. Esa iniciativa oficialista será tratada cuanto antes en el recinto de sesiones, y significará un previsible choque de poderes entre la Cámara de Senadores y la Justicia Federal.

Un nuevo conflicto político para Alberto Fernández, a pocos meses de iniciar su gobierno de coalición.