La comisión de asesores de Alberto Fernández se reunió y analizó las facultades de la Procuración que conduce Casal

La comisión de juristas convocados por el presidente Alberto Fernández se reunió este sábado, virtualmente, y empezó por el análisis de cómo debería funcionar el Ministerio Público. Uno de los puntos bajo observación es si el cargo de Procurador General debe ser temporario. Desde hace unas semanas, el kirchnerismo reclama el juicio político para el actual responsable, Eduardo Casal. También deben analizar cómo es la forma de designación del procurador. Hoy el oficialismo no consigue los votos para poder nombrar en ese puesto al juez Daniel Rafecas. En la comisión, el tema de la Corte Suprema de Justicia quedará para lo último.

Los once académicos y jueces convocados al comité de expertos llevaron adelante hoy su última reunión preliminar. Empezarán a funcionar oficialmente a partir del próximo martes. Tal como adelantó Infobae, la idea era “afinar el lápiz” sobre quiénes serán los invitados a exponer en el marco de esta serie de reuniones que se extenderán hasta mediados de noviembre. Sin embargo, tras avanzar en las definiciones sobre las invitados y “prácticamente” ponerse de acuerdo, decidieron comenzar a “adelantar” trabajo.

Y abordaron el primero de los puntos a tratar: el Ministerio Público. Según pudo saber Infobae, el encargado de exponer fue el penalista León Arslanian, una de las figuras de la comisión. “Fue un diagnóstico sobre los problemas que se advierten. Después cada uno hizo observaciones. Pero todavía no llegó el momento de dar las opiniones de cada uno”, señalaron las fuentes consultadas.

Por lo pronto, el decreto firmado por el Ejecutivo reclama analizar “la conveniencia, o no de modificar el actual régimen legal de designación de sus titulares y la posibilidad de que sus mandatos sean temporarios”.

También figura la idea de incorporar a su estructura la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. El propio titular de la OA, Félix Crous, hizo público el planteo sobre la multitud de acusadores públicos en un proceso penal, cuando decidió retirarse de la querella en la causa Los Sauces y Hotesur, en donde está procesada Cristina Kirchner junto a sus hijos.

En la comisión también se debate el tema de la paridad de género en el Ministerio Publico y, en la órbita de la Defensoría General, la integración al servicio de defensa oficial a los Colegios Públicos de Abogados de las respectivas jurisdicciones.

En la reunión de tres horas que tuvo lugar hoy, Arslanián se encargó de hacer un “diagnóstico” sobre esos puntos y “marcó cuestiones técnicas”, señalaron las fuentes. Luego se hizo una ronda entre los demás participantes para que hablaran sobre esa ponencia, pero no fue etapa de debates. “Ya habrá tiempo para las opiniones personales”, agregaron las fuentes.

Es que la comisión tendrá, a partir de este martes y durante 90 días, 24 reuniones ordinarias, los martes y sábados de 11 a 13. Será a “zoom” cerrado, ya que todo se concretará virtualmente en medio de la pandemia. Habrá, además, otra tres extraordinarias para escuchar a los invitados. Allí se buscará contar con la voz de la Corte Suprema, del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, pero también de diferentes instituciones o figuras académicas que sumen información al debate.

El “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público” está integrado por los jueces Claudia Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battaini, Inés Weinberg de Roca y Oscar Palermo, el ex juez español Enrique Bacigalupo y por los abogados Marisa Herrera, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Raúl Gustavo Ferreyra y León Arslanian.

La comisión ya había resuelto que el análisis sobre el Ministerio Público era el primero de los puntos a estudiar. El Presidente puso en agenda la posibilidad de modificar el “actual régimen legal de designación de sus titulares”. Alberto Fernández quiere para ese cargo al juez federal Daniel Rafecas y envió su pliego al Senado, donde hasta ahora el oficialismo no podría garantizarse los dos tercios de votos necesarios.

Mientras tanto, en el Congreso se puso en marcha la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal y el kirchnerismo avanza con un pedido de juicio político a Eduardo Casal, el procurador interino que está a cargo de la organismo desde que renunció Alejandra Gils Carbó. Citó a distintos fiscales que hablaron de haber sido perseguidos en los años macristas por las investigaciones que llevaban adelante.

Casal, por su parte, no piensa renunciar y entiende que esto forma parte de una “operación desgaste” para forzar su jubilación. Sin certezas de poder nombrar a Rafecas, otra de las opciones es que no solo pueda alejarse Casal sino también su segunda, Laura Monti, y que quede al frente de la Procuración Víctor Abramovich, un nombre que cuenta con el aval del kirchnerismo.

Precisamente, otro de los focos que debe considerar la comisión de juristas es si, además del régimen de nombramientos en el Ministerio Público, también se debe poner coto a la duración de su mandato que hoy no tiene plazos. Con la instrumentación del sistema acusatorio, el cargo de Procurador General será uno de los más importantes del Poder Judicial.

Seguí leyendo: