Coronavirus en Argentina: por ahora, el Gobierno descarta frenar el transporte público y apunta a intensificar los controles

Por ahora, no hay nada acordado. “Nadie pidió cerrar nada por ahora. Todavía no está en análisis”, aseguraron a Infobae fuentes del Ministerio de Transporte nacional sobre la posibilidad de suspender el transporte público, después de que Sergio Berni, que nunca pasa desapercibido, pidiera esta mañana una cuarentena estricta que incluya esa opción como el único camino posible para bajar la circulación del virus y evitar un colapso sanitario.

La semana pasada, después de una serie de reuniones con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, Alberto Fernández había anunciado que desde el viernes el transporte público quedaba restringido solo para los trabajadores esenciales, contemplados en el Decreto 297, y que se reforzarían los controles para garantizar el real cumplimiento de la medida.

Es que, hasta fines de la semana pasada, no se había intensificado el control en el otorgamiento de los permisos y en la circulación de pasajeros en el Área Metropolitana, una de las principales preocupaciones de los especialistas por la eventual propagación del coronavirus.

Pero el problema ahora, cuando la etapa más cruda de la pandemia empieza a asomar en el AMBA, es que las autoridades políticas reconocen que no tienen margen social para insistir en un endurecimiento de la cuarentena, y en particular en el transporte público, que funciona además como traslado de trabajadores esenciales abocados al combate del coronavirus, como médicos y médicas, enfermeros y enfermeras o policías.

Ayer, según fuentes del Ministerio de Transporte, circularon por el Área Metropolitana 940.941 pasajeros, un relevamiento realizado a través del sistema SUBE en trenes, colectivos y subtes. La cifra representa, según el registro, una reducción del 78% del promedio que utilizaba el transporte antes del decreto del aislamiento obligatorio, y la menor cifra de usuarios registrados desde el 4 de mayo pasado.

“Bajar la circulación implica decirle a la gente que se quede en su casa, y eso implica un costo político. Nadie le quiere poner el cascabel al gato”, razonaron ante este medio desde el despacho de uno de los tres ministros de Transporte que monitorean el flujo de pasajeros del AMBA. Es decir, Mario Meoni, de Nación; Juan José Méndez, de Ciudad, y Alejo Supply, de la Provincia.

Entonces, ¿qué hacer?

Hasta ahora no hay ninguna decisión tomada, y recién se espera alguna señal más concreta hacia el jueves, cuando se vuelvan a reunir, como lo hicieron ayer, el Presidente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Hay un consenso en las tres administraciones de endurecer la cuarentena si los contagios continúan en la tendencia ascendente que parecieran mostrar los indicadores sanitarios. La principal preocupación pasa por la ocupación de camas de terapia intensiva, que si bien todavía no es angustiante se empieza a incrementar de manera inquietante.

En lo que no hay todavía una opinión homogénea es en qué medidas adoptar y de qué manera restringir aún más el confinamiento, después de casi 100 días del primer anuncio, el jueves 19 de marzo.

Con matices, Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta tienen claro que no hay demasiado humor social para endurecer. Nadie se anima, en ese sentido, a plantear un cierre total, aunque por dos semanas, del transporte público. Sí hay consenso de extremar los controles. El viernes, por ejemplo, la Secretaría de Innovación Pública que depende de la Jefatura de Gabinete oficializó que se habían revocado 3,5 millones de permisos “por vencimiento o inconsistencias”. Es decir que un buen número de pasajeros utilizaba trenes, subtes o colectivos del Área Metropolitana cuando, por las disposiciones vigentes, no debía hacerlo.

“El problema no es el transporte público, sino la gente que sube”, argumentan desde La Plata.

De todos modos, hay diferencias entre las posturas de Ciudad y de Provincia por el flujo de pasajeros entre ambas jurisdicciones. Fuentes oficiales dan cuenta de que menos del 15% de los residentes bonaerenses que utilizan tren o colectivo pasan a la ciudad de Buenos Aires en estas semanas. En la administración de Kicillof no comparten el número: aseguran que hay un flujo de 45% del total de pasajeros que va y viene entre la Ciudad y la Provincia.

En Casa Rosada agregan además que el control de los 700 mil pasajeros que se mueven dentro del Gran Buenos Aires en colectivo es de muy difícil implementación. Un dato extra: según confiaron fuentes bonaerenses, cuatro choferes de la línea 202, que circula entre La Plata, Berisso y Ensenada, dieron positivo de COVID-19.

En el Gobierno porteño no quieren saber nada con avanzar en un cierre del transporte. Dicen que no se implementó una medida similar en ninguna ciudad del planeta, con excepción de Wuhan, en China, donde se originó la pandemia. Que la mayoría de los trabajadores esenciales utilizan trenes o colectivos para llegar a sus lugares de trabajo. Un ejemplo: el 80% de los agentes de la Policía de la Ciudad residen en la Provincia.

Los sectores más vulnerables, por caso, son los que más sufrirían la implementación de una medida de esas características. Según los registros, el 40% de la población más postergada del AMBA utiliza el transporte público. ¿En qué viajarían, entonces, a atenderse a un hospital o a cobrar alguno de los beneficios que otorga el Estado?

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