Piden el desafuero de un senador del PJ acusado de robo y violencia de género

En San Luis, piden el desafuero de un senador del Partido Justicialista acusado de robo y violencia de género. El juez que tramita la causa ordenó su detención por lo que se aguarda que la Cámara Alta de esa provincia proceda al desafuero del dirigente.

Leandro Estrada, juez penal de San Luis, ordenó este lunes llamar a declaración a indagatoria a Ariel Omar Rosendo, senador provincial del PJ. Rosendo es señalado como sospechoso de “robo doblemente calificado, en poblado y en banda”, en perjuicio del gremio mecánico SMATA, y contra su ex esposa, Ivana Beatriz Massimino, desobedeciendo una orden judicial y violando las medidas antipandémicas en “concurso real”, precisaron fuentes judiciales a Télam.

El magistrado ordenó ayer la “inmediata detención” de Rosendo, por lo que solicitó a la Cámara de Senadores de San Luis su desafuero político. Daniela Torres, fiscal de Villa Mercedes, había pedido la declaración indagatoria y el desafuero del senador peronista basándose en declaraciones del secretario general de SMATA de San Luis, Juan Piturra, quien denunció a Rosendo de sustraer pertenencias de manera violenta en una propiedad del gremio donde habita su ex pareja, en la calle Italia al 426 de Villa Mercedes. Cabe mencionar que el actual legislador había sido titular del gremio de mecánicos, pero terminó siendo desplazado por la conducción nacional del organismo por supuestas irregularidades y el presunto robo de muebles y electrodomésticos.

En efecto, el dirigente peronista fue acusado el pasado 18 de mayo de violar una orden de restricción al entrar al local del SMATA y robar objetos del sindicato. En la propiedad donde se produjo el hecho además reside la ex pareja de Rosendo, quien lo denunció por violencia de género. Según el expediente, en las actuaciones policiales se dejó constancia de que la entrada del lugar “había sido violentada y forzada”.

En el Senado de San Luis el martes pasado se aprobó por unanimidad el pedido de licencia por 30 días con goce de haberes para el legislador. Más allá del repudio de agrupaciones feministas de la provincia, la jefa del bloque Frente Unidad Justicialista, Mabel Leyes no emitió opiniones al respecto del caso por tratarse de una cuestión de “índole privada”.

Ante los medios, Leyes afirmó que “se trata de un hecho índole privada, y por eso no le corresponde a los senadores opinar”. Sin embargo, militantes feministas expresaron su repudio públicamente con la consigna: “Silencio de las senadoras y funcionarias del gobierno provincial”.

Las varias acusaciones que recaen sobre el senador Rosendo, provocaron que el juez Estrada entendiera que debía solicitar el allanamiento al fuero, para poder citarlo y ordenar su detención.

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