El gobierno de la Ciudad otra vez quedó envuelto en un escándalo por la compra de barbijos en medio de la pandemia. La empresa E-ZAY, dedicada al rubro informático, le vendió 5 millones de máscaras por $340 millones y cobró el 50% de esa operación por adelantado, es decir $170 millones, pero hasta el día de hoy apenas entregó apenas 150 mil. La estafa puso al descubierto a una empresa intermediaria que no fabrica los barbijos y ni siquiera tiene página web. En la documentación que le entregó a la Ciudad figuran dos teléfonos que nadie atiende y una dirección en Puerto Madero que no aparece en los registros comerciales.
La trama arrancó el 30 de marzo. A través de la Resolución N° 87/2020, el gobierno porteño le compró a la empresa E-ZAY SRL 5 millones de barbijos. Fue una contratación directa basada en la emergencia sanitaria.
La resolución lleva la firma del ex Subsecretario de Administración del Ministerio de Salud, Nicolás Montovio, quien tuvo que renunciar a mediados de abril por la compra de barbijos N95 a la empresa Green Salud. Tal como reveló Infobae, esos barbijos estaban vencidos desde mayo de 2016. Y ahora la Justicia investiga si hubo un sobreprecio. En ese caso, el escándalo se filtró en los medios antes que la Ciudad pague la primera factura.
El nuevo escándalo involucra barbijos de la marca DIMEX. “Barbijo de un solo uso, plegado, tricapa, con tiras. Confeccionado con dos capas externas de tela no tejida de polipolipreno y una interna de material filtrante a un amplio espectro de olores, con una capacidad de filtración superior al 85%”, detalla la documentación entregada a la Ciudad.
La empresa E-ZAY vendió cada barbijo a $68 logrando una enorme ganancia. El Observatorio del Derecho a la Ciudad había denunciado que la empresa fabricante de esos mismos barbijos, CINMOR SRL, le vendió a la Ciudad en forma directa a la mitad de precio. Según esa organización que monitorea los números públicos, el sobreprecio trepaba a los $207 millones, solo en dos operaciones de barbijos.
El sobreprecio es solo el comienzo. Los datos de la empresa E-ZAY no cierran por ningún lado. La firma se fundó en 2015 y se dedica la comercialización, distribución, importación y exportación de equipos de informáticas. Recién en febrero de este año se inscribió a la AFIP para vender instrumental médico, odontológico y artículos ortopédicos.
Según registros comerciales consultados por Infobae, una de las socias fundadores, Mónica Graciela González renunció a fines de 2018, cuando se designó como gerente José Jesús Paladino, quien fijó un domicilio en Alsina 1149. Infobae se acercó esta mañana al lugar, pero no encontró a nadie.
En los papeles que presentó la empresa al Gobierno de la Ciudad, figura un domicilio en Puerto Madero, Alicia Moreau de Justo 1150, y aparece el nombre de un apoderado, Leandro Morbelli.
La empresa E-ZAY no tiene página web ni redes sociales. Y los dos teléfonos de contacto que presentó ante la Ciudad no funcionan.
Además, registra varios cheques rechazados y deudas como empleador del año 2018.
El actual gerente, José Jesús Paladino, también figura como socio de Globaltech 360 SRL, una empresa creada hace cinco meses para brindar “servicios de consultoría y tercerización de procesos de negocios, con foco en comunicación estratégica, marketing digital, publicidad en todas sus formas, desarrollo de software y servicios de telecomunicaciones (SMS, VOZ, DATOS), comercialización presencial, online y telefónica (CALL CENTER) de bienes, inmuebles y servicios de todo tipo, logística”.
Esa empresa está registrada en avenida Entre Ríos 258, donde tampoco hay gente trabajando. Casualmente, uno de los teléfonos aportados por E-ZAY en el expediente de los barbijos está registrado en esa misma dirección, un viejo edificio de oficinas ubicado a dos cuadras del Congreso.
El contrato, según explicaron fuentes oficiales a este medio, estipulaba tres entregas de 1.500.000 de barbijos y una última de 500 mil. De los 5 millones de barbijos, hasta hoy solo se habían entregado 150 mil.
“Nos robaron un camión”, “los barbijos están en camino”. Durante un mes, los funcionarios del Ministerio de Salud porteño escucharon las excusas más variadas e insólitas.
El Gobierno pagó por adelantado el 50% de los $340 millones previstos: $170 millones. Tras una serie de intimaciones, las autoridades de la Ciudad rescindieron el contrato y decidieron presentar una denuncia por estafa contra los dueños de la empresa.
La investigación está a cargo del fiscal Maximiliano Vence, el mismo que tiene a su cargo la polémica compra de barbijos N95 a Green Salud. El Gobierno le pidió al fiscal que aplique cuanto antes medidas cautelares para poder secuestrar el dinero que ya se transfirió. En esas condiciones, los dueños de la empresa prometieron nuevamente entregar los barbijos en las próximos horas, a 45 días de la compra.
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