Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes agravado, tras ser capturado durante la Operación Redil, desarrollada por las autoridades panameñas en la provincia fronteriza de Darién.
La investigación permitió identificar una presunta red de tráfico de personas que cobraba alrededor de USD 1.500 por trasladar a ciudadanos ecuatorianos y cubanos desde la frontera colombiana hasta las inmediaciones de Costa Rica.
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La condena fue obtenida por la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, durante una audiencia en la que el acusado aceptó su responsabilidad por la comisión de un delito contra la humanidad.
El hombre fue capturado el 12 de noviembre de 2026 durante un allanamiento en una residencia del sector de Villa Nueva, donde las autoridades recuperaron elementos vinculados con la investigación iniciada cuatro meses antes.
Las pesquisas comenzaron en julio, cuando el Ministerio Público recibió información sobre el traslado irregular de extranjeros desde Darién hacia la capital panameña, para posteriormente continuar su recorrido hasta la provincia occidental de Chiriquí.
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La Procuraduría General de la Nación no divulgó la identidad del condenado ni precisó cuántos migrantes fueron trasladados mediante este esquema, que operaba pese al reforzamiento de los controles fronterizos y migratorios.
La Operación Redil se suma a otras investigaciones desarrolladas durante 2026 contra organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, que han mantenido sus actividades pese a la reducción del flujo migratorio por Darién.
El pasado 25 de marzo, la Operación Alborada permitió capturar a 20 personas de nacionalidad panameña durante 23 allanamientos simultáneos realizados en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí.
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Según el Ministerio Público, la organización investigada habría facilitado el traslado de aproximadamente 60 migrantes de diferentes nacionalidades, quienes consiguieron atravesar el territorio panameño y continuar su recorrido hasta Estados Unidos.
Un mes antes, las autoridades desarrollaron la Operación Coyote 507, que permitió capturar a dos hombres vinculados con una estructura dedicada a financiar y facilitar el ingreso irregular de extranjeros al territorio nacional.
Ambos fueron condenados a 18 años de prisión mediante acuerdos de pena, después de una investigación que permitió identificar a nueve víctimas de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, camerunesa y china, entre ellas dos menores de edad.
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El 28 de marzo, las autoridades rescataron a 13 migrantes de Ghana y Camerún que permanecían ocultos y vigilados dentro de una residencia localizada en el corregimiento de Zapallal, provincia de Darién.
Por este caso, la Fiscalía Regional de Darién consiguió la detención provisional de dos panameños, después de presentar elementos relacionados con las circunstancias en las que permanecían retenidos los ciudadanos de origen africano.
En otra intervención, las autoridades capturaron a dos ciudadanos colombianos vinculados con el ingreso irregular de 29 migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos, entre los que se encontraban 11 menores de edad.
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La Fiscalía también obtuvo en agosto la detención provisional de un panameño de 34 años, investigado por trasladar a tres adultos y dos adolescentes ecuatorianos hacia la frontera con Costa Rica.
De acuerdo con las investigaciones de ese expediente, el conductor recibiría USD 600 por el traslado de los extranjeros, quienes habían ingresado desde Colombia sin someterse a los controles migratorios establecidos.
Estos procesos judiciales evidencian la persistencia de estructuras dedicadas a lucrar con la migración irregular, mediante operaciones que abarcan desde el ingreso de extranjeros por Darién hasta su movilización hacia Centroamérica.
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