“La decisión es justa y tengo la conciencia tranquila”, aseguró un juez que benefició con domiciliaria a un hombre que violó a su nieta

En medio de la liberación masiva de presos bajo la excusa del coronavirus, hubo casos que especialmente indignaron a la ciudadanía e incentivaron el cacerolazo masivo producido anoche en todo el país. Uno de esos antecedentes ocurrió en Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Los jueces Liliana Deiub, Federico Sommer y Richard Trincheri, integrantes del Tribunal de Impugnación, le otorgaron la prisión domiciliaria sin pulsera electrónica a Eugenio Llul, un ex militar de 69 años que había sido condenado a 12 años de prisión en 2016.

Estaba en la cárcel por haber violado durante cuatro años a su pequeña nieta, que tenía entre 7 y 11 años durante el lapso en el cual fue sometida. Ahora, abusador y víctima viven a pocas cuadras de distancia en un pueblo de 15 mil habitantes.

Este viernes, Trincheri defendió la decisión en diálogo con radio La Red: “Es justa y tengo la conciencia tranquila”.

Al evaluar los aspectos técnicos que fueron tenidos en cuenta para emitir sentencia, el magistrado dijo que buscó preservar no sólo la salud del resto de los presidiarios que estaban encerrados con el abusador en la misma unidad, sino la de toda la comunidad de Junín de los Andes. Sin embargo, se quedó sin palabras cuando le consultaron por el impacto en la víctima de los abusos, actualmente con 20 años y devastada psicológicamente por la decisión del tribunal según declaró la mamá esta semana.

“¿Le preocupó el estado emocional de una persona que fue violada por su abuelo?, ¿valoró la revictimización de una abusada sexual viendo que este hombre que está en la cárcel se fue a su casa sin pulsera electrónica?”, preguntó el periodista Luis Novaresio.

“Esta decisión se tomó mirando el estado del sistema de salud de Junín de los Andes y toda la población. Esto es algo excepcional, no es algo que se dispuso para siempre”, se limitó a responder.

“A veces hay que conocer todo. En esa misma familia, este señor tiene otros hijos y a su vez tiene otros nietos… Y esas personas están en total contraposición con esa mujer que han visto (por la mamá de la joven abusada)”, intentó justificar en otro tramo de la entrevista.

De acuerdo a su línea de razonamiento, un contagio en el penal donde estaba alojado Llul hubiera provocado una situación sanitaria que colapsaría rápidamente el único centro de salud disponible para atender a eventuales pacientes con COVID-19.

“Junín de los Andes tiene 15 mil habitantes y un solo hospital público con capacidad para 26 personas. El penal tiene capacidad para 10 personas y había 33. ¿Cuánto tardaría en propagarse el virus si se contagia uno de los internos?”, se preguntó.

Ante las repreguntas, el juez intentó explicar: “Usted lo mira como un beneficio para el imputado, pero fue un beneficio para las 33 personas que estaban detenidas, para los guardiacárceles, los médicos, los enfermeros y para toda la comunidad de Junín de los Andes”.

Sin pulsera. Trincheri dijo que el informe socioambiental del Servicio Penitenciario desaconsejó monitorear con pulsera electrónica los movimientos del violador. Es decir, no hay elementos tecnológicos que permitan registrar si el detenido está cumpliendo con la detención domiciliaria o está transitando libremente por la vía pública. Por ese motivo, los vecinos del violador iniciaron una campaña en redes sociales y pidieron realizar denuncias al 911 en caso de notar que el detenido incumplía con su “detención”.

También intentó deslindarse de la cuestión al asegurar que son los legisladores quienes deben cambiar las leyes para evitar la salida de prisión de violadores o de mayores de 70 años que hayan cometido delitos graves.

“La decisión es justa. Nosotros no somos el último tribunal penal de Neuquén, hay uno por encima. Y la resolución ni siquiera fue impugnada por el fiscal, que es el abogado de la víctima. ¿Qué quiere que le diga? Para mí es una resolución justa”, insistió.

La entrevista completa:

“Sigo sin entender”

Una vez finalizada la entrevista, Ruth Torres, mamá de la joven abusada, aseguró: “El juez puede dar todas las explicaciones que quiera, pero yo sigo sin entender; tengo una mezcla de bronca”.

Además, hizo foco en una de las justificaciones del magistrado, quien enfrentó las consideraciones de Ruth con la de otros miembros de la familia que apoyan al abusador y -según dice el juez- no tienen inconvenientes en convivir con él. “Dentro de la resolución se plantea que el abuelo de mi hija no debe tener contacto con ninguno de los menores que viven en el mismo predio”, puntualizó la mujer.

Y analizó: “Son cinco chicos y a mi me causa horror. Yo puedo resguardar a mi hija y lo voy a hacer, pero él vuelve al lugar que fue escenario de varios de los abusos que mi hija sufrió y se reconstruye el escenario y la situación... Dios quiera que ninguno de esos niños sufra lo mismo”.