
El obispo nicaragüense Carlos Herrera reveló que el Vaticano busca mecanismos para abrir un diálogo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un momento en que la Iglesia católica enfrenta restricciones a su actividad pública, expulsiones de religiosos y el exilio de parte de su jerarquía.
Herrera, quien presidió la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) hasta el 10 de noviembre, hizo la declaración durante una reunión del Secretariado Episcopal de América Central, que se realizó en Costa Rica. “El Papa está en esa situación de poder ver si se puede dialogar con el Gobierno, y que en todo momento no ha sido posible. Está buscando mecanismos para hacerlo”, afirmó el religioso, según consigna Artículo 66.
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Herrera no ofreció detalles sobre posibles gestiones, interlocutores ni plazos. Tampoco confirmó que la reconfiguración de la directiva de la CEN responda a una iniciativa de la Santa Sede.
Las declaraciones de Herrera se conocieron una semana después de la elección de Jorge Solórzano, obispo de Granada, como nuevo presidente de la CEN para completar el período que concluye en 2027.
La directiva también quedó integrada por el cardenal Leopoldo Brenes como vicepresidente, monseñor Sócrates René Sandigo como secretario general y monseñor Marcial Humberto Guzmán Saballos como ecónomo.

Herrera señaló a Artículo 66 que no fue consultado ni recibió información de los obispos que permanecen en Nicaragua o de la Santa Sede sobre las razones de la reorganización. El prelado, que encabezó la CEN hasta comienzos de noviembre, fue desterrado de Nicaragua en 2024, según informó el medio nicaragüense.
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Su salida se sumó a la de otros integrantes de la jerarquía católica. El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Rolando Álvarez, fue excarcelado y expulsado del país en enero de 2024. También fueron enviados al exilio el obispo de Siuna, Isidoro Mora, y decenas de sacerdotes y religiosos. El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, vive fuera del país desde 2019.
La Iglesia mantiene actividades bajo vigilancia y restricciones
La situación de la Iglesia católica se deterioró desde la crisis política de 2018, cuando parte de la jerarquía participó como mediadora en el diálogo nacional y denunció violaciones a los derechos humanos. Desde entonces, sacerdotes, obispos, organizaciones religiosas, universidades y medios de comunicación vinculados a congregaciones católicas quedaron bajo presión estatal.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó en agosto de 2024 que la persecución religiosa incluyó detenciones arbitrarias, expulsiones, cierre de emisoras, escuelas y universidades, además de restricciones a misas y otras celebraciones. El organismo indicó que más de 200 religiosos habían sido desterrados, expulsados o impedidos de regresar a Nicaragua desde octubre de 2023.
Las manifestaciones de religiosidad popular también fueron afectadas. Las autoridades han negado permisos para procesiones patronales, viacrucis y actividades de Semana Santa en las calles. En numerosos casos, las parroquias trasladaron esos actos al interior de los templos o los suspendieron ante la presencia policial.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos documentó que las fuerzas de seguridad impidieron procesiones en distintas ciudades y que varias comunidades católicas dejaron de realizar peregrinaciones y festejos públicos porque no obtuvieron autorización oficial. El Gobierno de Ortega ha sostenido que ciertas actividades religiosas podían ser utilizadas para generar desorden.
Organismos internacionales reclamaron el fin de la persecución religiosa
La situación generó cuestionamientos de organismos internacionales y gobiernos. La CIDH instó al régimen nicaragüense a cesar la persecución contra la Iglesia, garantizar la libertad religiosa y liberar a las personas detenidas de forma arbitraria.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas sostuvo que las acciones contra católicos y otras denominaciones cristianas vulneran el derecho de miles de personas a practicar su religión de manera libre y pública. En abril de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas renovó por dos años el mandato de ese grupo investigador.
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La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional también recomendó incluir a Nicaragua entre los países de especial preocupación por violaciones sistemáticas, continuas y graves de ese derecho. El organismo señaló que las autoridades utilizaron detenciones, exilios, cancelaciones de personerías jurídicas y confiscaciones contra organizaciones católicas y evangélicas.
Mientras el Vaticano evalúa un eventual canal de diálogo, Herrera afirmó que continúa representando a la Iglesia nicaragüense en encuentros internacionales, entre ellos las actividades del Secretariado Episcopal de América Central.
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