
La semana que comienza estará cargada de desafíos para el gobierno nacional, en especial para el presidente Alberto Fernández que afronta en su agenda cuatro temas de peso para la economía del país y la administración de su gestión en la Casa Rosada.
Uno de los principales focos de tensión tendrá al campo como protagonista. El sector agropecuario, representado en la negociación con el Gobierno por la Mesa de Enlace, declaró un paro por cuatro días luego de que el Ejecutivo confirmara la suba de las retenciones a la soja de un 30 a un 33%.
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Este lunes a las 0 comenzó el cese de comercialización de granos y hacienda que se estirará hasta el jueves a la medianoche. La medida de fuerza sorprendió a Fernández que, a través del ministro de Agricultura, Luis Basterra, parecía haber logrado encaminar la negociación con el campo para evitar el paro de actividades.

El Presidente no está dispuesto a dar marcha atrás con la suba de las retenciones, pero quiere evitar que el conflicto escale rápidamente y tome el suficiente volumen como para que la relación con el campo se tense al máximo. Por eso uno de sus principales desafíos será tratar de destrabar la negociación y encaminar el diálogo con la Mesa de Enlace para que las medidas de fuerza no se repitan.
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Sin embargo, no es la única dificultad que aparece en su camino en lo que hace a la relación con el campo. En los últimos días tres dirigentes vinculados al Frente de Todos apuntaron dureza contra el campo. El primero fue el senador Oscar Parrilli, hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner, quien aseguró que “el campo es el responsable de la crisis y estamos orgullosos de que nos ataquen”.
Más tarde fue el dirigente social y líder de la CTEP, Juan Grabois, el que cuestionó a los productores agropecuarios. “Si no barremos definitivamente con estos parásitos, nunca vamos a tener dignidad”, afirmó. Y por último apareció el ex ministro de Planificación Julio De Vido, afirmando que “cuando el enemigo ostenta todo su poder, hay que contragolpear y la mejor manera es recuperando el manejo del comercio exterior”.
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Las declaraciones híper combativas no están en sintonía fina con la Casa Rosada. Fernández también afronta el objetivo de mantener cierta disciplina entre los voceros de su gobierno. Algunos, como es el caso de De Vido, están más allá de los límites del oficialismo. Hasta allí parece no llegar el pedido de moderación del jefe de Estado.
La táctica de evitar la confrontación quedó al descubierto el último domingo luego de la misa en Luján convocada por la Iglesia Católica para conmemorar el día internacional de la Mujer y en la que el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, confrontó al Gobierno por impulsar el proyecto del aborto. “Millones de argentinos tienen la profunda convicción de que hay vida desde la concepción”, afirmó ante los fieles.
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El Presidente les pidió a los miembros de su gobierno no confrontar con la Iglesia. Después de la misa nadie se expresó en contra del mensaje eclesiástico. Tampoco lo hizo Fernández ni la vicepresidenta Cristina Kirchner. En el Ejecutivo pretenden demorar la inevitable confrontación con la Iglesia en los próximos meses cuando se trate el proyecto para que el aborto sea legal.

A pesar de la sensibilidad de la cuestión, el diálogo entre el Gobierno y la Iglesia no está interrumpido. Tanto el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, mantienen un permanente contacto con Ojea y con autoridades de Cáritas y de la Pastoral Social para desplegar el trabajo de asistencia social en las villas que hoy son un pilar para la política del Gobierno.
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Esta semana el Gobierno mandaría el proyecto de ley al Congreso. Ese solo movimiento generará la reacción de la Iglesia. Administrar el conflicto es también uno de los desafíos que tiene el Presidente por delante. Una forma de hacerlo fue advertir con anterioridad que también impulsará un proyecto para asistir a las mujeres embarazadas. El objetivo es que las mujeres de menor nivel socioeconómico no deban recurrir al aborto por no poder afrontar los gastos de un embarazo y crianza. Una señal para el sector celeste.
Un tema que quedó flotando la semana pasada fue el proyecto del peronismo jujeño, encarnado en el senador Guillermo Snopek, para intervenir la Justicia de Jujuy. Ese foco de conflicto en el norte del país también será uno de los temas a los que el Presidente deberá prestarle atención. El gobernador Gerardo Morales y un puñado de dirigentes de Juntos por el Cambio advirtieron públicamente que el objetivo final de la intervención es lograr la libertad de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
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La reacción del mandatario jujeño fue inmediata. El miércoles de la semana pasada el dirigente radical encabezó una marcha por las calles de San Salvador de Jujuy en contra de la intervención. “Jujuy no se toca. Hay que defender a Jujuy”, gritó frente a los ciudadanos que se hicieron frente en la marcha. Un día después marcó su posición de una forma más contundente. En una entrevista radial afirmó: “Antes de indultar a Milagro Sala que me peguen un tiro en la cabeza”.
Después de una reunión en la Casa Rosada, Morales dijo que el Presidente “no avala la intervención” de la Justicia. Esta semana el tema volverá a estar en agenda y el Presidente deberá sentar una postura sobre ese foco de conflicto radicado en el norte del país.
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Otro de los ejes de conflicto que tendrá Alberto Fernández es la deuda. Esta semana, según el calendario presentado, el ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán debería difundir la oferta a los bonistas privados para así comenzar con el “road show” la semana siguiente y poder cumplir con el plazo para llegar a un acuerdo que anunció el Presidente tras su asunción: fines de marzo.
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