Alfredo Cornejo cree que logró salir por arriba del laberinto que se le plantea a Juntos por el Cambio ante el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará la semana próxima al Congreso para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, proponiendo una consulta popular vinculante donde la población vote por SI o por NO y esa decisión sea, finalmente, la que adopte el Parlamento argentino y sea promulgada.
El presidente de la UCR y la también mendocina diputada Jimena Latorre, presentaron hoy un proyecto de ley de acuerdo a los términos del artículo 40 de la Constitución Nacional, es decir, pidiendo la consulta sobre un proyecto en concreto, que hasta ahora es el que tiene estado parlamentario, el 2810-D-2019. Se trata del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados pero no logró sanción en el Senado.
Sin embargo, esta propuesta difícilmente se transforme en la posición de Juntos por el Cambio. “Seria un retroceso, tenemos los números para salga el proyecto que enviará el Ejecutivo en Diputados y creemos que hay chances que salga en el Senado también", dijo a Infobae una diputada radical y verde.
En el PRO tampoco creen que sigan la propuesta de Cornejo. Mañana viernes al mediodía se reunirá la nueva mesa de conducción del partido pero, en principio, la posición que adoptarán es la que ya tuvieron en el 2018, dejar en libertad de conciencia a sus legisladores, de acuerdo a sus convicciones personales, morales y religiosas. En CC, en cambio, hay varias diputadas decididas a respaldar esta postura, en línea con una vieja idea de Elisa Carrió.
En sus fundamentos, los diputados destacan que las deliberaciones públicas que surgieron a partir de la discusión del proyecto en cuestión, que incluyó expresiones populares, catedráticas, científicas, religiosas y culturales. “De esa experiencia deliberativa, lejos de lograrse algún consenso, los datos objetivos nos muestran que las diferencias de argumentos, fundamentos y posturas en la sociedad argentina se profundizaron, se fundamentalizaron y actualmente configuran una temática de trascendental importancia en la que ni los argentinos, ni sus representatnes encuentran unión pacífica”.
También manifiestan que “somos conscientes de que la sociedad ha hecho escuchar su voz, se ha involucrado de una u otra forma, ha tomado fervientes posturas para su defensa sin que de ellos haya surgido un consenso social, sino por el contrario, una marcada división que lleva la temática a una discusión binaria o dicotómica”.
Y concluyeron que “en función de aquella marcada y radicalizada determinación social de dos posiciones, una en favor y otra en contra de la regulación por este Honorable Congreso de la Nación de la citada interrupción Voluntaria del Embarazado y la Educación Sexual Integral se encuentra ampliamente acreditado uno de los supuestos de procedencia de la herramienta constitucional de la consulta popular, eso es una interrogante al cuerpo votante que pueda decidirse categóricamente por SI o por NO”.
Al respecto, propone que la pregunta sea: ¿Acepta la despenalización y regulación de la interrupción Voluntaria del Embarazao y Educación Sexual Integral, en los terminos y condiciones del proyecto que tramita por expediente 2810-D-2′19?
En su artículo segundo dispone que el Poder Ejecutivo ordene a los organismos encargados de realizar y controlar la consulta, “quedando autorizado a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes”. Por otro lado, deja asentado que el PEN "deberá arbitrar los mecanismos conducentes para informar a la ciudadanía sobre el contenido del proyecto que se somete a consulta por medio del presente.
En los fundamentos, Cornejo y Latorre “la finalidad de esta herramienta de participación semidirecta tiene como finalidad conocer la voluntad del electorado en temas de trascendental importancia”. También especifica que “el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”
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