Jubilaciones del Poder Judicial: en una nota a Cristina Kirchner, el jefe de los fiscales advirtió por el impacto de las renuncias

El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le envió hoy una nota a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en la que le expresó su “preocupación” por el proyecto de reforma al régimen de jubilaciones del Poder Judicial que impide convocar a fiscales jubilados para reemplazar a quiénes dejan los cargos y el “impacto” que puede tener en la justicia.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que Casal le hizo llegar la nota a Cristina Kirchner como presidenta del Senado -que tendrá que analizar el proyecto que ya aprobó Diputados- porque la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación todavía no tiene autoridades.

El jefe de los fiscales sostuvo en el texto lo que desde la semana pasada es una preocupación en parte del Poder Judicial. La reforma que el oficialismo impulsa y que impide convocar a jueces o fiscales jubilados para reemplazar a quiénes renuncian. Esa iba a ser una posibilidad ante la salida de varios de ellos por la reforma al régimen de jubilaciones: cerca de 30 jueces y 21 fiscales renunciaron en las últimas semanas.

La eliminación de lo que se conoce como “estado judicial” es para evitar que los magistrados jubilados puedan hacer reclamos por la nueva reforma de sus haberes. Es porque con el estado judicial se mantiene la intangibilidad de los haberes que fija la Constitución para los magistrados en actividad. Así, el oficialismo busca que con demandas judiciales la reforma no se vuelva abstracta.

El Procurador interino señaló que de los 381 cargos de fiscales nacionales y federales, 142 están vacantes. Explicó que por el tiempo que lleva un concurso para designar a un titular la mejor herramienta es el fiscal jubilado ya que hay lugares del país donde es difícil que una misma persona tenga dos Fiscalías. En la actualidad hay 20 fiscales jubilados en actividad.

Casal expuso el “impacto” que la reforma podría tener en el trabajo diario. En el texto, el funcionario le pidió que el Senado “tenga a bien considerar” esas circunstancias y recordó que la ley del Ministerio Público Fiscal establece en su artículo sexto que el Poder Legislativo deberá consultar a la Proocuración General “en oportunidad de analizarse y debatirse proyectos de ley o reglamentación de su incumbencia”.

Para el oficialismo la situación de los jueces o fiscales jubilados no es una preocupación. Infobae publicó ayer que para evitar un salida masiva del Poder Judicial va a administrar la aceptación de las renuncias presentadas, una facultad que es propia del Poder Ejecutivo. Si el gobierno no acepta la renuncia, un fiscal o un juez deben seguir desempeñando el cargo.

Tanto en asociaciones judiciales de jueces y de fiscales advirtieron en los últimos días sobre cómo el éxodo de funcionarios por las renuncias podría afectar al Poder Judicial. De los mil cargos de magistrados nacionales y federales, el 25% está vacante y hay 150 jueces con la jubilación otorgada en condiciones de irse, según datos del Consejo de la Magistratura de la Nación. Por otra parte, Casal le expuso a la Vicepresidenta la situación de los fiscales.

El gobierno de Alberto Fernández busca reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial. El oficialismo sostiene en la situación de crisis del país no se pueden pagar haberes previsionales tan alto como lo de los jueces que pueden llegar a 400 mil pesos por mes.

La Cámara de Diputados aprobó la semana el régimen y estableció que la edad para jubilarse pasa de los 60 a 65 años, sube del 12 actual al 18 por ciento el aporte; eleva los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados sea equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Además de quitar la posibilidad de convocar a jueces jubilados.

Desde los asociaciones judiciales a aceptan las primeras reformas pero rechazan la última. La crítica es que no saben cuál es la fórmula para calcular la jubilación y que eso queda supeditado a una comisión que se creará. Para jueces y fiscales eso genera una incertidumbre en el futuro y que como está redactado el proyecto podrían percibir una jubilación del 60 por ciento del sueldo. Por eso muchos de los que ya tienen la jubilación otorgada optaron por renunciar e irse con el actual 82 por ciento móvil.

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