Vacunas incautadas y deudas millonarias: las urgencias de Ginés González García para implementar la emergencia sanitaria

Cuando Ginés González García volvió al Ministerio de Salud se encontró con un durísimo panorama. Por las política del “déficit cero” que implementó el gobierno de Mauricio Macri desde el acuerdo que rubricó con el FMI (con el ministro de Economía era Nicolás Dujovne), empezó a generarse una compleja deuda con los proveedores de medicamentos e insumos que fue provocando un debilitamiento del sistema de salud y de su capacidad de protección social.

A ese deterioro, se le sumaron algunas decisiones polémicas, como la postergación de la dosis de la vacuna contra el meningococo (a partir de los 11 años, por el cual quedaron sin prevención frente a la meningitis unos 750.000 adolescentes debido a un problema presupuestario), ya que las autoridades decidieron priorizar a los grupos más vulenerables, de 3, 5 y 15 meses.

De todos modos, “no se hizo por resolución ministerial, ni siquiera por memorando interno, sino apenas a través de un comunicado de prensa, ya que ningún funcionario quiso poner la firma en esa decisión”, según relató a Infobae un funcionario de la nueva administración.

La situación es altamente crítica en todas las áreas de la administración de Salud y lo que diseñó González García, que ya estuvo al frente del Ministerio en otro momento crítico de la Argentina, entre 2001 y 2005, es un plan de emergencia por 90 días.

Solo PAMI “está 700 millones mensuales abajo”, se aseguró. En tanto, “las obras sociales están financiadas por los sindicatos y con la AFIP y cantidad de juicios encima, hasta que se votó la ley de emergencia lo que inmediatamente suspenderá las ejecuciones por seis meses, hasta que se vaya normalizando la situación”.

La prioridad, sin embargo, es sacar de la Aduana de Ezeiza una provisión que ya llega a 12 millones de vacunas que están incautadas porque la Administración de Ingresos Públicos exige un pago de aproximadamente 600 millones en impuestos de importación de medicamentos (las vacunas ya están pagas), que el Estado tiene que pagar como cualquiera, pero que dada la situación de emergencia podrán ingresar sin hacer ese pago.

Los nuevos funcionarios de Salud están esperando la reglamentación de la ley para hacer las presentaciones legales requeridas ante las autoridades de la Aduana y así ingresar las vacunas que tienen dos destinos. Por un lado, el cumplimiento de la entrega del primer trimestre de vacunas del calendario obligatorio a las provincias.

Por el otro, ejecutar la decisión que tomó González García con los ministros de Salud de todo el país (el COFESA, que se reunió el jueves de la semana pasada) para reforzar la vacunación contra el sarampión en niños y niñas de 6 a 11 meses en el conurbano bonaerense, CABA y otros distritos donde hayan aparecido casos, que ya estaba recomendada por la Secretaría de Salud anterior.

Argentina empezó la vacunación contra el sarampión en 1965 y fue declarada libre de esta muy contagiosa enfermedad viral en el 2000 (desde entonces, hasta el 2019, solo hubo 44 casos declarados), pero junto a gran cantidad de países y regiones, padece el aumento de casos por encima de media debido a la gran cantidad de familias que se niegan a vacunar a sus hijos, sobre todo en los países desarrollados.

Los casos que afectan a América Latina son importados, como sucede en Brasil, que a principios de año tenía 100 casos y en menos de un año alcanzó el temido número de 10.000 y 15 muertes. “Nuestra obligación es mantener un alto grado de inmunidad, fortalecer la capacidad de vigilancia epidemiológica y brindar una respuesta rápida frente a los casos importados, para sostener la condición de región libre de sarampión y asegurar la calidad de vida de la población”, explicó un alto funcionario del Ministerio.

Junto con esto, Salud puso en marcha un rápido reposicionamiento del Plan Remediar, que es provisión de medicamentos gratuitos a través de la red de 6000 centros de atención primaria que están en todo el país, más el regreso a la precripción por genérico, que tiene un beneficio concreto en la clase media, ya que provoca una inmediata caída del precio al facilitar la elección de parte del paciente por la marca más económica.

Cerca del Ministro, incluso, se aseguró que “hubo una caída brutal del consumo de medicamentos en los últimos tres años, y no es porque la población está más sana sino simplemente porque no estaban en condiciones de comprarlos”.

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