
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, despegó al Gobierno nacional de la sanción de la Ley 7.722 en Mendoza, que permite el uso de sustancias químicas en la minería, y expresó su “preocupación” por los incidentes ocurridos tras las multitudinarias protestas en la provincia cuyana.
“La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente”, dijo el sucesor de Sergio Bergman, el anterior titular de la cartera.
Cabandié aseguró que tomará medidas en “la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado”, respaldado por el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas.
“Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales”, agregó el comunicado enviado por el Ministerio de Ambiente a este medio ante la consulta sobre la opinión del flamante funcionario.
Es la primera vez que Juan Cabandié se refiere públicamente sobre la ley mendocina de Minería y el área que está bajo su gestión, tras ser nombrado por el presidente Alberto Fernández en el Gabinete nacional.
La reforma a la Ley 7.722 de minería generó una multitudinaria movilización, que se originó en San Carlos, en el valle vitivinícola de Uco, y se dirigió a la Casa de Gobierno de Mendoza, durante la cual hubo incidentes que dejaron más de 40 detenidos y 16 policías heridos.
A pesar de las protestas, el gobierno provincial promulgó las modificaciones aprobadas en la Legislatura el viernes pasado. La controversia surgió porque la nueva normativa habilita el uso de cianuro y ácido sulfúrico, elementos que la Ley 7.722 anteriormente prohibía.

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